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DESALAMBRE

El Gobierno justifica las sedaciones en deportaciones con un control independiente que no existe

El Gobierno dice que la Defensora del Pueblo comprueba "en cada dispositivo" que el uso de sedantes en las repatriaciones cumple la ley; ella lo niega

Fuentes consultadas por eldiario.es sostienen que la Defensora "realiza vigilancias por sorpresa y de manera puntual", algo que contradice la versión oficial

Europa defiende la sedación forzosa en los vuelos por "seguridad" y las ONG recuerdan que la opacidad impide comprobar que no vulneran los derechos humanos de los repatriados

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Activistas del colectivo Campaña por el Cierre de los CIE/ Campña por el Cierre de los CIE

Activistas del colectivo Campaña por el Cierre de los CIE/ Campña por el Cierre de los CIE (archivo)

La Comisión Europea y el Gobierno han defendido la legalidad del uso de sedaciones forzosas en los vuelos de deportación cuando, por razones de "seguridad" de los pasajeros, resultan necesarias en situaciones de "urgencia". Particularmente, el Gobierno español ha negado la opacidad que, según organizaciones sociales, rodea a estos operativos asegurando que "en cada dispositivo de repatriación colectiva" viaja un representante de la Defensora del Pueblo.

Sin embargo, fuentes de la institución dirigida por Soledad Becerril se han desvinculado de esta labor: no tienen asignada una tarea de vigilancia permanente sino que se limita a inspecciones puntuales.

En una batería de preguntas registrada en el Congreso de los Diputados, el parlamentario Jon Iñarritu, de Amaiur, cuestiona al Ejecutivo sobre el uso de sedaciones forzosas en los últimos años, permitidas por el protocolo de repatriaciones de la Policía Nacional siempre que sean prescritas por un médico –perteneciente al Cuerpo–, como publicó eldiario.es. El Gobierno ha asegurado que "estos vuelos están sujetos a control y monitorización" pero no han aportado datos concretos sobre el número de personas repatriadas bajo el efecto de calmantes, si los medicamentos fueron inyectados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), en el aeropuerto o durante los traslados, o las razones específicas para acudir a ellos.

El Ejecutivo, para justificar el control de la actuación policial en el interior de los vuelos de deportación y durante los momentos anteriores, cita a la Defensora del Pueblo y a "diferentes instituciones, tanto judiciales como fiscales, que garantizan que los mismos [los vuelos] se lleven a término cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente".

"En cada dispositivo de repatriación colectiva, además de la figura del monitor encarnada por el representante de la Alta Institución del Defensor del Pueblo, debe viajar un equipo médico (...)", afirma el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso eldiario.es. De esta forma, afirma que todas y cada una de las veces que se fleta un vuelo de deportación, el Mecanismo Nacional contra la Tortura, dependiente de la Defensora, hace de supervisor.

Sin embargo, la institución representada por Soledad Becerril, a través del Mecanismo Nacional contra la Tortura, vigila estos vuelos de forma puntual, a través de esporádicos exámenes sorpresa en los que un representante se sube en uno de los traslados.

Los datos oficiales de la Defensora del Pueblo lo corroboran. En el año 2013 se realizaron cerca de 150 vuelos de repatriación, de los cuales solo uno contó con la auditoria del organismo. Lo mismo ocurre en los años venideros. En 2014 supervisaron cuatro viajes, y en lo que llevamos de 2015 se ha controlado por el momento uno, concretamente el pasado mes de febrero con destino a Bogotá y a la República Dominicana.

Hasta en dos ocasiones se dedica espacio a mencionar la labor de árbitro asignada a la Defensora del Pueblo cuestionada a su vez por algunos colectivos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE. Uno de sus miembros, Eduardo Romero, sostiene que la Defensora del Pueblo "no tiene una actitud comprometida, con informes complacientes con la misma Policía".

Varias organizaciones como Amnistía Internacional denuncian la falta de transparencia en las expulsiones de inmigrantes en situación irregular que les impide practicar un seguimiento exhaustivo frente a posibles anomalías en el interior de los aviones. "Debería ser transparente, pero no lo es. Este es el problema. Es difícil conocer cómo son repatriadas estas personas. Deberían existir sistemas de supervisión independientemente de expulsión",  afirmó a eldiario.es María Serrano, portavoz de la ONG.

El protocolo policial permite las sedaciones

El Gobierno en su respuesta parlamentaria avala la administración de fármacos durante el operativo de deportación. En este sentido, remite en sus explicaciones al protocolo español en el que se establece la posibilidad de usar sedantes siempre y cuando tengan la prescripción de un médico por razones de seguridad.

El protocolo, aprobado en 2007 tras la muerte del nigeriano Osamuyi Aikpitanyi en un vuelo de deportación Madrid-Lagos, permite recurrir a los sedantes por consejo médico por "razones de seguridad". Ese facultativo es un funcionario adscrito a la Dirección General de la Policía o, en su caso, el doctor del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad de partida del vuelo —un médico privado—.

Sin embargo, la línea que divide el mantenimiento de "la seguridad" de la mera facilitación de las labores policiales cuando se trata de subir al avión a una persona que se resiste a ser repatriada es muy estrecha. Según los principios de Ética Médica de la ONU, la administración de sedantes debe ajustarse a criterios estrictamente médicos para no incumplir la normativa.

Una gran cantidad de las personas que son deportadas en España no han cometido delito alguno, sino solamente una falta administrativa, que no es otra que vivir en España en situación irregular. Motivo este último por el cual las entidades sociales son más partidarios de erradicar este tipo de prácticas. "Es una indignidad, habría que suprimirlas, y no regularizarlas", denuncia Eduardo Romero, con un criterio similar al que esgrime María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional, quien considera toda sedación forzosa como un "trato cruel, inhumano y degradante".

En la misma respuesta, el Gobierno asegura que hasta el año 2010 se han expulsado por vía aérea a un total de 26.491 ciudadanos en situación irregular. Mientras, el número de expulsiones anuladas durante los últimos cuatro años han sido de 4.701, contemplándose causas como "poner en peligro el vuelo, negativa a realizar tránsitos o falta de documentación", entre otros.

Durante estos desplazamientos, además de los agentes, los médicos y los inmigrantes, la tripulación la completa habitualmente, como recuerda el Gobierno en la respuesta parlamentaria, un representante consular del país de destino en calidad de observador que "vela por el riguroso respeto de las garantías legales y de los derechos de sus conciudadanos".

Europa respalda las sedaciones por "seguridad"

España avala el uso de sedaciones forzosas con el respaldo de la Comisión Europea. La institución comunitaria señala que "aunque en principio" el uso de sedantes durante las repatriaciones está prohibido, las directrices comunes reconocen expresamente que puede haber "situaciones específicas en la que se puede utilizar de forma legítima para garantizar la seguridad del vuelo", según recoge la respuesta a una pregunta de la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La Comisión Europea recuerda que "las normas nacionales" de España "parecen ser compatibles con dicha disposición", del mismo modo que entiende que no hay ninguna indicación de que el Gobierno haya cometido una infracción en ese sentido.

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