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El constructor de El Pilón, en el listado de morosos de Hacienda

El Grupo Inversor Cienfuegos, propiedad del empresario Luis García del Río, mantiene una deuda con la Agencia Tributaria superior al millón de euros

Una de sus empresas, que contrata habitualmente con las administraciones públicas, promueve la expropiación de cerca de 60 vecinos en Santander

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Extracto del listado de morosos hecho público por la Agencia Tributaria.

Extracto del listado de morosos hecho público por la Agencia Tributaria.

El listado de morosos de la Agencia Tributaria, que saca a la luz a los 4.855 contribuyentes (personas físicas y jurídicas) que deben más de un millón de euros al fisco y aún no han regularizado sus deudas pendientes, sigue deparando sorpresas. Entre la treintena de empresas cántabras que mantienen pagos atrasados con Hacienda se encuentra el Grupo Inversor Cienfuegos, una sociedad limitada que se dedica a la construcción de edificios residenciales y otros proyectos de ingeniería civil y que tiene como administrador único al empresario Luis García del Río, impulsor del proyecto urbanístico que provocará la expropiación de los cerca de 60 vecinos que viven actualmente en el Barrio de El Pilón de Santander.

Esta compañía, propiedad del conocido promotor inmobiliario, tiene casi 20 años de antigüedad y acumula una deuda total con la Agencia Tributaria de 1.140.592,65 euros, según refleja el documento consultado por eldiario.es y que hizo público hace unos días el Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro.

Y es que la lista de morosos señala especialmente al sector vinculado al ladrillo: las constructoras y promotoras inmobiliarias cántabras, junto con las compañías auxiliares de la construcción, copan el ranking de la Agencia Tributaria y acumulan en conjunto más de 32 millones de euros de deuda. Muchas de estas empresas afrontan actualmente concursos de acreedores o están inmersas en procesos de liquidación como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

En el caso del Grupo Invesor Cienfuegos, según ha comprobado este diario, el último depósito de cuentas disponible es del año 2014. La empresa fue inscrita en el Registro Mercantil en el año 1996 bajo una actividad que definía como "comercio al por mayor y al por menor de bienes de equipos, maquinarias, herramientas y plantas completas en la industria en general", aunque en una ampliación posterior del objeto social se incluyó "la adquisición, permuta o promoción de todo tipo de inmuebles; la ejecución y contratación de obras públicas, así como estudios y control de los terrenos y la construcción y ejecuciones completas de estructuras y cubiertas".

La deuda con la Agencia Tributaria no es la única que tiene pendiente el Grupo Inversor Cienfuegos. La compañía de García del Río acumula pagos atrasados desde hace años con distintos proveedores y no ha hecho frente a un préstamo solicitado a una entidad financiera en 2014. Además, sobre la nave en la que estaba domiciliada su sede social, en el municipio de El Astillero, pesa un embargo solicitado por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo en octubre de 2015.

A preguntas de eldiario.es, el empresario ha confirmado la existencia de la deuda con la Agencia Tributaria, que achaca a un cambio en el tipo impositivo del IVA que se produjo en el año 2012. "Lo tenemos recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo", ha asegurado Luis García del Río, que ha rehusado hacer más declaraciones al respecto o aportar alguna información adicional por el momento.

Contrataciones públicas

Luis García del Río, que figura como único responsable de esta compañía, contrata habitualmente con las administraciones públicas a través de otra de sus empresas, como es el Grupo Tecniobras. Por ejemplo, esta constructora fue la encargada de levantar el edificio de Viviendas de Protección Oficial (VPO) situado junto al campo de fútbol Uco Alciturri de la capital de Cantabria en UTE con Fernández Rosillo.

El inmueble, con 60 pisos y 94 plazas de aparcamiento, supuso una inversión total al Ayuntamiento de Santander de 8,3 millones de euros, de los que algo más de cinco se dedicaron a la obra, mientras que el resto se destinó a los terrenos y a la urbanización de los aledaños del edificio.

La viviendas de protección oficial se encuentran frente al Barrio de El Pilón, donde el promotor inmobiliario planea un controvertido desarrollo urbanístico que podría acabar en los tribunales si la veintena de propietarios afectados por una expropiación inminente se niegan a abandonar las casas y los negocios afectados.

Un proyecto polémico

El Barrio de El Pilón está a unos cientos de metros del casco urbano de Santander y el proyecto urbanístico podría multiplicar por siete la densidad de población en la zona. Según defienden los vecinos, sus propiedades se han convertido en un 'caramelo' para el Grupo Tecniobras, que pretende edificar dos torres de ocho alturas, con 140 viviendas y 200 garajes, que se levantarán literalmente sobre las casas de los actuales dueños.

El proyecto afecta a 16 pisos, cinco casas y dos negocios que están señalados en rojo por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó el Consistorio en el año 2012 con el voto favorable del Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que prevé una unidad de actuación específica sobre los 9.921 metros cuadrados de El Pilón que podría sacar de su entorno a las 57 personas que viven actualmente en la zona.

La constructora adquirió durante los últimos años distintos terrenos y huertas hasta alcanzar un porcentaje de suelo mayor al 50% y poder imponer su voluntad en la Junta de Compensación y dejó incluso que algunas de las casas que compró se hayan deteriorado hasta el punto de que el derribo se ha hecho obligatorio.

El calendario de ejecución no deja mucho margen para la protesta. O se llega a un acuerdo en los próximos meses, después de una prórroga con la convocatoria electoral como telón de fondo, o se creará unilateralmente la Junta de Compensación. Como los vecinos no piensan adherirse a este órgano regulado por ley, porque no pueden asumir el coste, pueden acabar en los tribunales peleando por un precio justo para sus viviendas y sin derecho siquiera al realojo.

Ángeles Ruiz, de 79 años, en el balcón de su casa, amenazada por la operación urbanística de El Pilón. | Joaquín Gómez Sastre

Ángeles Ruiz en su casa, amenazada por la operación urbanística de El Pilón. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

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