Los sindicatos vascos saben desde 2006 que los pagos de la 'caja de resistencia' son “rendimiento de trabajo” y deben tributar por ellos
- La Diputación de Bizkaia entra en el cuerpo a cuerpo con el sindicato mayoritario, ELA, inscribe la investigación en las medidas contra el fraude fiscal pero no aclara por qué ha tardado 38 años en abrir una investigación a los sindicatos por la tributación de los pagos a cuenta de la 'caja de resistencia'
El enfrentamiento entre la Diputación de Bizkaia y el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi, tras desvelar este periódico la investigación de la Hacienda vizcaína a las centrales vascas por la caja de resistencia, se recrudece. Pero uno de los argumentos utilizados por el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, Txiki, sobre el supuesto cambio de criterio de la Diputación vizcaína en relación a la consideración ahora de los pagos a cargo de la caja de resistencia de “remuneración del trabajo” y por consiguiente obligados a retención (en concreto de un mínimo del 2%) no casa bien con la realidad.
La Hacienda de Álava, al ser consultada en 2006 por la confederación sindical sobre la consideración fiscal que deberían tener los pagos a los trabajadores a cargo de la caja de resistencia en las huelgas obreras, dejó meridianamente claro el criterio tributario. El sindicato cifraba la consulta para “los 12.000 euros percibidos por cada trabajador con cargo a la caja de resistencia durante las 40 semanas que han permanecido en situación de huelga”.
En una contestación no vinculante emitida por la hacienda foral alavesa el 31 de octubre de 2006, a la que ha tenido acceso este periódico, se señala: “en el caso que nos ocupa, la Confederación sindical abona a los afiliados que se encuentren en situación de huelga un determinado importe que viene a suplir lo que estarían percibiendo en situación laboral normal. Es decir, se trata de trabajadores que pagan cuotas a un sindicato y que por tanto se las deducen de sus rendimientos de trabajo en su declaración por el IRPF. Así pues, y dado que las cantidades percibidas provienen de la caja de resistencia del Sindicato, se considera que las mismas derivan de forma indirecta del trabajo laboral o de una relación laboral o estatutaria del perceptor, debiendo, por lo tanto, ser calificadas dichas rentas como rendimiento de trabajo personal”. Unos rendimientos, aclaraba Hacienda en la consulta, que “están sujetos a retención calculada conforme a la table de rendimientos de trabajo y en función del importe anual abonado”, según indicaba el artículo 103 de la entones normativa fiscal vigente (decreto foral de 18 de diciembre de 2001).
El principal gasto al que ha debido hacer frente la caja de resistencia de ELA a lo largo de su historia fue el conflicto de la multinacional alemana Pferd Ruggeberg, ubicada en Vitoria (más conocida como Caballito). Fue la huelga más larga de Euskadi y la caja de resistencia tuvo que sostener a casi cien familias durante los dos años y siete días que duró la huelga. Fuentes sindicales de entonces aseguraron que la central nacionalista gastó 120.000 para mantener solo un año de ese conflicto. Comenzó el primero de noviembre de 2003 y no finalizó hasta dos años después.
ELA, en su descargo, ha argumentado que la Diputación de Álava le dio finalmente la razón tras su encontronazo con la Hacienda de Álava en otro conflicto, la huelga más larga en Euskadi: la de Caballiro. Muñoz explicó que el sindicato fue objeto de una actuación similar en los tiempos en los que el PP gobernaba la Diputación alavesa, relacionada con los pagos en el largo conflicto laboral en la empresa Caballito. “En relación con este mismo asunto hubo un requerimiento de la Hacienda de Álava. En aquel momento ELA realizó las consiguientes alegaciones y finalmente, el expediente fue archivado”, ha indicado posteriormente en un comunicado la central nacionalista.
La Diputación de Bizkaia no se calla
Independientemente de este caso de Álava, la Diputación de Bizkaia ha salido al paso de las acusaciones vertidas por ELA sobre un supuesto cambio de criterio sobre la tributación por los pagos a cargo de la 'caja de resistencia'. “Son requerimientos de información para ver si hay fraude o no. No ha cambiado el criterio de la Diputación, todas las rentas sujetas a retenciones tiene que presentar el modelo 190 con el nombre de los preceptores y las cuantías recibidas y retenidas”, ha comentado la portavoz de la portavoz de la Diputación, Elena Unzueta. En la rueda de prensa tras el habitual consejo de gobierno foral, la portavoz ha apuntado que este requerimiento de información a los sindicatos sobre las retenciones en los pagos realizados con la caja de resistencia se inscribe dentro de las medidas de la lucha contra el fraude fiscal realizadas por los inspectores fiscales.
Lo que no ha aclarado Unzueta es por qué ha tardado tanto la Hacienda vizcaína en abrir una investigación a los sindicatos, ni ha precisado cuándo fue la última vez que “periódicamente” se pidió esa información a las centrales o si realmente ha sido la primera vez.
Tampoco ha aclarado si ese requerimiento está relacionado, como sospecha la oposición en las Juntas Generales (Parlamento provincial), con la utilización por parte de ELA de la 'caja de resistencia' en el el último gran choque entre la Diputación vizcaína y la central nacionalista: la huelga de 370 días que realizaron las trabajadoras de las residencias de Bizkaia, que dependen precisamente de la institución foral y en la que se implicó en primerísima persona el propio líder de la central, Adolfo Muñoz.
Unzueta ha asegurado que “periódicamente” se pide a las organizaciones sin ánimo de lucro este tipo de información y que el requerimiento sobre las cajas de resistencia de los sindicatos “es un caso más”. Para aclarar estos aspectos oscuros de la actuación del fisco, el grupo de Podemos en las Juntas Generales ha pedido la comparecencia del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.
