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"La gestión de la RGI ha puesto a Lanbide en la diana"

Los sindicatos no cuestionan que Lanbide gestione la RGI, pero advierten de que se hizo cargo de la prestación sin estar preparado para ello y relegando sus verdaderos objetivos: la intermediación en el mercado laboral y la formación y recualificación de los trabajadores en paro

El PP retomado la propuesta de reforma legal dirigida a endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

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Oficina de Lanbide.

Oficina de Lanbide.

Mientras el PP retoma su idea de endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Lanbide ha entrado en ebullición sobre la conveniencia de seguir gestionando o no esta prestación social. O al menos, seguir solo con los perceptores de esta ayuda que puedan acceder al mercado laboral (aproximadamente la mitad de los actuales perceptores), lo que supondría trasladar la gestión del resto (jubilados que complementan la pensión, básicamente) a otras instituciones. Y mientras tanto, los sindicatos acuden casi como convidados de piedra a este debate. "Nos enteramos de los planes que el Gobierno tiene para Lanbide cuando leemos una entrevista con el consejero Toña [Ángel, responsable de Lanbide] en la prensa", se lamenta Kike Hernández, delegado de LAB en el Servicio Vasco de Empleo.

El viceconsejero vasco de Empleo y Trabajo, José Andrés Blasco,  fue el que encendió la mecha hace unas semanas al reconocer que ve como sus hijos "están permanentemente en portales de empleo en Internet y ni se les pasa por la cabeza apuntarse en Lanbide  para buscar un empleo, entre otras cosas porque poco se encuentra ahí".

" La gestión de la RGI puso a Lanbide en la diana hace cuatro años y desde entonces sigue ahí". La frase corresponde a José Trespaderne, delegado de Comisiones Obreras en Lanbide. "La asunción de la RGI se realizó de una forma precipitada y sin contar con un equipo de 'combate' para gestionarlo. Todo ha ido montándose sobre la marcha". Para Trespaderne sería una buena idea trasladar una parte de los perceptores de la RGI (los que carecen de perfil de empleabilidad) fuera de Lanbide. "Desahogaría la gestión, pero los males del Servicio Vasco de Empleo se arrastran desde hace varios años. Han pasado más de cuatro desde que se hizo la transferencia de Políticas Activas de Empleo y Lanbide sigue cojo a nivel organizativo".

Para los sindicatos, el número de trabajadores con los que cuenta Lanbide también resulta insuficiente para hacer frente a todas la tareas del organismo. Se trata, aseguran las centrales, de una plantilla pensada para una cifra de paro menor y para un volumen de demandas de RGI más reducido que el actual.

El representante de LAB cree que la idea original de unir a los perceptores de la RGI con el mercado laboral a través de Lanbide fue buena, pero lo malo es que se materializó "sin dotar de medios a Lanbide, con una plantilla corta y sin contar con la opinión de los sindicatos. La labor que ha ido saliendo es gracias al esfuerzo de los trabajadores que han demostrado compromiso ante la falta de coordinación desde el Gobierno".

Endurecimiento de la RGI

Y mientras se produce este debate, el PP sigue en su empeño de endurecer el acceso a la RGI a los inmigrantes en situación irregular y a los ciudadanos que no acrediten cinco años de padrón en Euskadi. Estas propuestas estaban ya recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular que la plataforma Ayudas + Justas llevó al Parlamento vasco avalada por 37.000 firmas y que fue rechazada el pasado mes de octubre al contar con el único apoyo del PP.

Los populares han presentado ahora una proposición de ley dirigida a modificar la norma de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en la que se recogen alguno de los planteamientos incluidos en la ILP rechazada.

Así, en el texto se pide que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes en situación irregular, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales. Se pide también como requisito el empadronamiento en Euskadi al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud.

El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha recalcado la idea de que es necesaria esta reforma legal para evitar el fraude, corregir los "errores" de gestión por parte de Lanbide, e incluir en el sistema a personas que necesitan esta ayuda, pero que se quedan ahora fuera del mismo por contar con un pequeño patrimonio inmueble. "El PP está dispuesto a dejarse la piel para que la iniciativa sea debatida ahora con serenidad, de forma equilibrada, con argumento y de manera razonable".

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