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La defensa de Pradas dice que la instrucción evidencia la “falta de información suficiente” ante la DANA

La exconsellera Salomé Pradas, en una imagen de archivo.

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La defensa de Salomé Pradas, investigada en la causa de la DANA que instruye la jueza de Catarroja, sostiene que “según avanza la instrucción, se está haciendo más evidente la falta de información suficiente por parte de la [entonces] consellera como para achacarle personalmente una acción omisiva u imprudente” por su gestión de la emergencia del pasado 29 de octubre.

Así se han pronunciado fuentes de la defensa de Pradas tras conocer el auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que inadmite su recurso contra la resolución de la jueza instructora que la imputó en la causa el pasado 10 de marzo. “La Audiencia resuelve sólo respecto al auto de imputación de marzo, pero no valora ninguna diligencia de investigación de las practicadas a posteriori”, recuerda la representación jurídica de Pradas.

A su juicio, el auto de la sección segunda “deja claro que se debe demostrar durante la instrucción, de forma plausible, que se disponía de la información suficiente o una omisión de información debida y a tiempo que implique un incumplimiento”.

Las mismas fuentes también han aludido a la declaración del testigo citado este jueves, quien ha señalado que a la hora que llegó el correo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo, “ya no se podía hacer nada desde protección civil” de la Generalitat Valenciana.

La defensa de Pradas también ha recordado que, tal como ha confirmado el testigo, en el Centro de Coordinación de Emergencias se conocía el despliegue de los efectivos de Bomberos que medían el caudal del barranco del Poyo en puntos como Torrent, Picanya o Paiporta, “pero no su retirada” a partir de las 14.30.

Además, también recuerda que “quien le daba órdenes y era el enlace” con el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) era el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

El mismo testigo también ha afirmado que la CHJ era el organismo que revisar, interpretar y avisar sobre la información sobre los caudales que proporcionaba el SAIH y que los técnicos de Emergencias interpretaron que los representantes de la confederación en el Cecopi debían avisar de los posibles desbordamientos.

La defensa de Pradas también destaca que el testigo ha declarado que la alerta roja de la mañana del 29 de octubre “les pareció un cambio súbito”.

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