El origen del montaje policial contra Urbán y Podemos: “Bajó con una bolsa llena de dinero y tiró cocaína en la barra”

Las últimas cloacas del Estado, un grupo de mandos policiales a servicio del Gobierno del Partido Popular, organizaron el montaje de la droga contra Miguel Urbán y Podemos a partir del increíble relato de un confidente que hoy reproduce elDiario.es. Uno de esos mandos policiales, ubicado en la cúpula del Ministerio del Interior, trasladó a la Fiscalía Antidroga que un colaborador aseguraba haber visto al fundador de Podemos y europarlamentario desparramando cocaína en la barra de un bar de Malasaña para celebrar la venta de 40 kilos de esa sustancia. La transacción se habría producido en noviembre de 2015 y con ella, decía el confidente, se iba a financiar al partido que en ese momento tenía posibilidades de gobernar. 

elDiario.es reveló el pasado mayo los detalles de este montaje contra Podemos cuando el partido estaba liderado por Pablo Iglesias. Las maniobras aparecen recogidas en unas diligencias secretas que la Fiscalía Antidroga abrió, y cerró a los tres meses, consecuencia de los informes que la brigada política del PP le hacía llegar para intentar vincular a Podemos con el narcotráfico. Los documentos que prueban el montaje por fin se han incorporado a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política durante el último Gobierno del PP. 

Dentro de esas diligencias está el testimonio que utilizó un destacado miembro de la brigada política del PP, el comisario José Luis Olivera, para atacar a Podemos. Se trata de apenas medio folio redactado por la Policía en el que el confidente, Hugo Ch., se limita a rellenar algunos espacios en blanco, a hacer una apreciación de su puño y letra al final, y a firmar el documento. Debajo aparecen otras dos firmas de otras personas relacionadas con Hugo que se sumaron al montaje.

El confidente cuenta que en noviembre de 2015 se presentó Miguel Urbán, por entonces europarlamentario de Podemos, en el pub donde él trabajaba, un local de Malasaña llamado Nueva Visión. Según su relato, Urbán subió, junto al dueño del pub, al domicilio de este, justo encima del local, y allí vendió 40 kilos de cocaína a un tercero. 

“Al cabo de aproximadamente 40 minutos, el citado Miguel Urbán volvió a bajar con otra mochila, llena de dinero y tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera. Por ello el dueño del bar me ordenó cerrar la puerta del pub”, relató supuestamente el confidente a la Policía el 9 de febrero de 2016. En diciembre de 2015, Podemos obtuvo un resultado histórico, abriéndose las posibilidades de un Gobierno de coalición con el PSOE. El acuerdo no llegó y las elecciones se repetirían en junio. 

En ese semestre que separaron los dos comicios generales, los pseudoinformes policiales contra la formación política se prodigaron en las portadas de los medios de comunicación afines al PP. El montaje de la droga quedaría en secreto porque a los tres meses la Fiscalía Antidroga decidió cerrar su investigación. El fiscal jefe entendió que, por muchos informes que aportara la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) e incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), no había un solo indicio que hiciera creíble que Miguel Urbán había traficado con cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos.

La documentación incorporada a la causa de la guerra sucia a Podemos deja algún detalle novedoso. El confidente aseguró a la Policía, y luego al fiscal Antidroga, que el comprador de la cocaína podía ser un miembro de los Hell Angels (los Ángeles del Infierno), la organización criminal formada a partir del grupo internacional de moteros. 

Los agentes antidroga de la Policía no dejaron pasar la oportunidad para contextualizar el comentario del confidente en uno de los informes: “Hell Angels es conocida por ser una de las más activas en la comisión de múltiples actos delictivos a nivel europeo, teniendo bastante actividad delincuencial en nuestro país”. “Este Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes - seguía– llevó a cabo el pasado año una investigación sobre algunos miembros de la banda, logrando incautar la cantidad de 300 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro personas (…) desplazadas a España desde Canadá para la recogida de la sustancia estupefaciente”.

El supuesto papel de traficante de Urbán era solo un pretexto para investigar a la formación política. Así lo demuestra el hecho de que, justo después de la confesión del camarero, la Policía introduce una nota informativa, sin encabezamiento, fecha o firma de funcionario policial alguno. En esta nota se enmarca la venta de droga en una actividad más amplia dentro de la financiación de Podemos.

“Los datos recibidos apuntan a ciertas actuaciones de blanqueo que miembros del partido político estarían haciendo por el método conocido como 'pitufeo', esto es, integrar en el circuito bancario dinero opaco, mediante pequeñas cifras que se ingresan y/o retiran, con objeto de que en conjunto, supongan una muy significativa cantidad, que no obstante pasaría desapercibida”, recoge la citada nota. 

Este nuevo y desconocido confidente, en el caso de existir, habría trasladado a la Policía que “la formación Podemos estaría recibiendo importantes cantidades de efectivo que blanquean, ordenando a sus miembros que ingresen periódicamente cantidades asumibles, como unos MIL o DOS MIL EUROS, con el concepto de donaciones a entidades vinculadas a dicho partido y la misma cifra es reintegrada en efectivo”.

Según la tesis policial, los dirigentes de Podemos conseguían un doble objetivo: introducir “en el circuito bancario todo el efectivo de dudoso origen y difícil justificación y al mismo tiempo, el aparente donante, ve reducido el pago de impuestos toda vez que puede deducir las cantidades que dona, a la hora de presentar su declaración ante Hacienda”. 

Se da la circunstancia de que los policías tenían un ejemplo de esas prácticas de “pitufeo”: Miguel Urbán. En realidad, trasladan información que han recogido de la propia web de Podemos sobre tres donaciones del eurodiputado, de 2.000 euros cada una, a distintas causas. Y ya lo tienen: el miembro de Podemos que trafica con droga luego blanquea el dinero, en cantidades, por otra parte, mucho menores de las que habría obtenido vendiendo 40 kilos de cocaína, 1,2 millones de euros a precio de la droga en el mercado.

Las diligencias de la Fiscalía Antidroga 4/2016 se cerraron el 20 de julio de 2016 con un decreto de archivo firmado por su jefe, José Ramón Noreña Salto. “Una vez verificadas todas las diligencias que fueron acordadas, no se ha procedido avance alguno de las investigaciones objeto del presente procedimiento, por lo que no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente la comisión de hechos delictivos para continuar con la instrucción de las presentes diligencias”.

Las cloacas del PP, en fase de investigación

Tras la publicación en mayo de elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa judicial de las maniobras del Gobierno del PP contra Podemos. El juez Santiago Pedraz lo rechazó por considerar que él investiga hechos distintos. Luego, Urbán presentó una querella que recayó en otro juzgado, el de María Tardón. La magistrada se apoyó en el informe de la Fiscalía para descartar que la querella reuniera los indicios suficientes para abrir una investigación que, por otra parte, no sería competencia de la Audiencia Nacional. Urbán recurrió a la Sala de lo Penal, pendiente aún de pronunciarse.

Entre tanto, la misma sección que decidirá sobre su querella ha atendido un recurso de la defensa de Pablo Iglesias en el caso que sigue Pedraz. Los magistrados aceptaban que se incorporaran las diligencias secretas de Antidroga sobre Urbán y que se volviera a imputar a un policía que, con la justificación de que se estaba investigando al fundador de Podemos, se puso a rastrear a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas de la Policía.