La empresa del transporte público de Barcelona reserva hasta 650.000 euros en detectives para espiar a sus empleados

TMB, la empresa pública que gestiona el metro y los autobuses de Barcelona, firmó un contrato el pasado agosto con una empresa de detectives para espiar a sus empleados durante el próximo año, prorrogable a cuatro más. 

El acuerdo marco alcanzado con la empresa AD Intelligence Solutions prevé un gasto de hasta 652.000 euros en el seguimiento y elaboración de informes sobre empleados y la asistencia en posibles procesos judiciales que se deriven de estas labores de espionaje.

El contrato se firmó en un contexto de “creciente tensión” entre la empresa y los trabajadores, alertan fuentes sindicales, si bien desde TMB descartan este extremo y señalan que este no ha sido el motivo para el encargo.

“Se trata de evitar conductas fraudulentas que puedan perjudicar la relación laboral en la empresa”, señala una fuente oficial de TMB. “Y, en consecuencia, al servicio de transporte público que presta”.

Desde la compañía apuntan a conductas como el “absentismo grave y fraudulento”, aunque también señalan posibles conductas delictivas. Citan el ejemplo de un trabajador que en 2018 colaboró con una red que falsificó 450.000 billetes del metro de la capital catalana.

A razón de 1.500 euros por cada informe elaborado y 195 euros por la asistencia judicial que pueda prestar a TMB, AD Intelligence Solutions se encargará de “recaudar y analizar información” sobre los empleados de esta empresa pública. 

La empresa de detectives destinará a un responsable de equipo y a un investigador con al menos tres años de experiencia a estas labores, para las que prevé el uso de programas de análisis de datos, sistemas de vigilancia y aplicaciones que les permitan agilizar su tarea.

En el informe justificativo para la contratación, TMB lo define como una “medida preventiva o de control” para verificar que no existan conductas que “transgredan la buena fe contractual” por parte de los empleados. “Responde a la necesidad de garantizar que se mantenga la integridad y el cumplimiento de las normas laborales dentro de la organización”, añade el texto. 

El documento considera que este tipo de investigaciones “ayudan” a la empresa a tomar “decisiones informadas” respecto a la gestión de los recursos humanos así como a proteger “su reputación y activos”. Otra de las justificaciones que esgrime el documento es que, al recurrir a una empresa externa, se garantiza que las investigaciones se llevarán a cabo “sin conflictos de intereses internos”.

No es la primera vez que TMB recurre a investigadores privados para vigilar a sus empleados, admiten desde la compañía. En el pasado, sin embargo, eran los abogados contratados por la empresa quienes encargaban estos servicios o bien se hacían encargos puntuales a empresas de detectives. El acuerdo marco firmado recientemente responde a la necesidad de adecuar la prestación del servicio a la ley de contratos del sector público, señalan.

La decisión ha enfadado a algunos de los sindicatos de la compañía. Desde CGT sostienen que una medida de este tipo debería haberse tomado desde el Departamento de Seguridad y no desde el Área de Organización y Personas. 

“Esto supone una extralimitación competencial que vulnera la Ley de Seguridad Privada”, apuntan desde el sindicato. “Ya que el departamento que ha encargado los servicios no tiene atribuida legalmente la dirección de investigaciones privadas”.

Añaden que el uso de detectives, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, solo puede utilizarse cuando existen “indicios razonables y previos de fraude”. Consideran que la medida, “lejos de solucionar el problema” podría derivar en “incumplimientos legales” para la empresa y los directivos que han impulsado la decisión.