La maniobra andorrana de la Operación Catalunya planea en el arranque al juicio a los Pujol

“Más intervención estatal, aunque se canalice vía portada de periódico, nos parece imposible”. Pasaban pocos minutos de las 13.00h. y el abogado Jaime Campaner ha enseñado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los Pujol la portada del 7 de julio de 2014 del periódico El Mundo, la que contenía el famoso 'pantallazo' con las cuentas de la familia en Andorra.

Además de sacudir el tedio jurídico que hasta entonces presidía el trámite de las cuestiones previas, la defensa de Josep Pujol Ferrusola ha empezado así a extender la sombra de la Operación Catalunya sobre el juicio al expresident y a sus siete hijos. La sesión habíaa empezado con la decisión del tribunal de mantener a Pujol como acusado, en contra del criterio de los médicos. Un micro abierto ha registrado la sorpresa entre las defensas: se ha escuchado un asombrado “¡la leche!”.

Todo en el juicio a los Pujol ocurrió hace tiempo. Para empezar, el dinero de Pujol y su familia cuyo origen se juzga (la herencia de 1980 del abuelo para la familia; la corrupción política del pujolismo para la Fiscalía). Las maniobras policiales (incluida una incursión en Andorra, un país extranjero, de funcionarios de la Policía Nacional para obtener la información bancaria de la familia) sucedieron entre 2012 y 2014.

Primero con los independentistas, después con Podemos, las maniobras de la brigada política del PP contra rivales políticos tenían siempre un modus operandi similar: información reservada o basada en informes policiales de origen incierto aparecía en grandes titulares en medios de comunicación. En base a esas noticias, asociaciones o particulares llevaban el caso al juzgado. Terminara en archivo o con más recorrido judicial, durante meses los casos permanecían en primera línea mediática.

A nivel político, la principal (y no menor) diferencia entre los Pujol y otros casos era que la información obtenida por la brigada política era verdad: las cuentas del principado de Andorra escondían una fortuna familiar que el fundador de Convergènia y sus hijos mantuvieron oculta durante años, incluidos los de su presidencia.

Esa verdad política puede ser combatida judicialmente por las defensas en el juicio, ya que entienden que toda la obtención de esas pruebas se hizo sin arreglo a la ley. De acceder a su petición, la anulación de las pruebas clave de la causa dejaría en vía muerta la acusación contra la familia del expresident. Por ello las defensas buscan todas las grietas para argumentar que, aunque formalmente la información remitida por Andorra a la Audiencia Nacional de las cuentas de los Pujol respondiera a una petición del juez, en realidad es una prueba obtenida irregularmente al ser fruto de la presión desplegda por la Operación Catalunya.

Así lo ha defendido el abogado Jaime Campaner durante media hora en la que ha desgranado las maniobras policiales alrededor del caso Pujol. “La intervención estatal directa, o indirecta a través de un particular, en este caso es una constante, igual que la participación de funcionarios públicos y políticos”, ha aseverado el letrado.

El abogado ha desplegado ante el tribunal de la Audiencia Nacional un preciso cronograma de la Operación Catalunya que tiene un primer acto en la estación de Atocha de Madrid el 13 de diciembre de 2012. María Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, se baja del AVE tras haberse cruzado varios mensajes con el entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, en los que animaba a denunciar a hijo del expresident para “salvar España”.

En la estación la recoge el abogado Rafael Redondo, cuyo nombre saltaría a la prensa cinco años después cuando fue detenido junto al comisario José Manuel Villarejo como uno de sus socios. La llevó hasta la sede de la UDEF, donde durante su declaración él permaneció en silencio, según contó la examante al juez Ruz. Esta denuncia de 2012 contra Pujol Ferrusola fue la que abrió el caso Pujol en la Audiencia Nacional.

Pero pasaban los meses y la causa solo constaba con la declaración de Álvarez y otro empresario de los tiempos del pujolismo con más sombras que luces, Javier de la Rosa. Las pesquisas permanecieron más de un año “en estado catatónico”, en palabras del letrado Campaner, y la causa se dirigía “a un callejón sin salida procesal”.

Y entonces apareció la vía andorrana. La primera llamada de una agente de la policía es de mayo de 2014, según contó a la jueza andorrana Higini Cierco, por entonces máximo accionista de la BPA, el banco en el que los Pujol tenían sus cuentas. Al otro lado del teléfono, según su versión, está el inspector jefe de la Policía Celestino Barroso. El policía le pide una reunión de urgencia. Cierco asegura que Barroso le expone la necesidad de “ver a unas personas en Madrid o de lo contrario el banco morirá”, en referencia tanto a la BPA como a Banco Madrid, la filial española de la entidad andorrana.

La reacción de Cierco es instar a Barroso a que hable con el primer ejecutivo del banco, Joan Pau Miquel. Para ello lo envía en un coche del banco a la sede central de la entidad. Sus “interlocutores en Madrid”, lanza Barroso sin identificarlos, le han indicado que informe a los responsables de la BPA que el Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y que “se lo van a cargar”. Que se consume “el hachazo”, en palabras de Barroso, solo depende de los banqueros andorranos: “Todo se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, está en su mano pararlo”.

Unas semanas después, Miquel acude a Madrid y se reúne en tres ocasiones con el por entonces comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, otro de los integrantes de la brigada política del PP. Según contó Martín Blas a la jueza andorrana, la actitud del banquero cambió tras compartir mesa y mantel Martín Blas, el exjefe policial Eugenio Pino y Cierco en una boda en junio de 2014, invitados por un amigo común, el abogado José María Fuster Fabra.

Dos días después del evento, relató el policía a la Justicia andorrana, Miquel lo llamó, volvieron a quedar en el hotel Villamagna y le dio medio folio de papel escrito “como a máquina antigua”. La cuartilla contenía los nombres de Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijas, además de unos saldos bancarios. Según su versión, era “un papel sin membrete, sin sello, sin nada”. “Me lo dio y se lo tenía que dar a Eugenio [Pino]”, agregó.

Menos de dos semanas después, la información bancaria de los Pujol aparecería en la portada de El Mundo. Según la tesis de Campaner, esa portada empujó al expresident a realizar el comunicado de confesión el 25 de julio de 2014. Esa nota que sacudió la política española, a la que Pujol, en su primer párrafo, ya mencionaba las “informaciones aparecidas en prensa”, es, para Campaner, una muestra de que la obtención de los datos bancarios es ilícita.

Incluso con la causa ya avanzada y con la información de Andorra obtenida por las vías legales por la Audiencia Nacional, la brigada política del PP también quiso adulterar el caso Pujol. En abril de 2016, en el juzgado de la Audiencia de Nacional tuvo entrada un informe basado en un 'pen-drive' cuyo origen malicioso hizo saltar las alarmas al juez, que rápidamente lo expulsó del caso para evitar que lo contaminara. El exjefe policial Eugenio Pino terminó condenado en firme, en lo que a día de hoy sigue siendo la única condena por la Operación Catalunya.

Para corroborar su hipótesis, la defensa ha mencionado los “informes” del comisario Villarejo en los que “se vincula sin ambages a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la obtención de los datos publicados por El Mundo”. “Todo se resume en esta imagen”, ha mantenido Campaner, portada en mano. Tanto el empuje a Victoria Álvarez para que denunciara como las maniobras en Andorra no se han investigado nunca en España.