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Vox negocia con la Junta de Andalucía para 2020 retirar ayudas a asociaciones LGTBI y sindicatos "con una visión política"

La revisión de las subvenciones públicas está recogida en el pacto presupuestario suscrito por PP, Ciudadanos y Vox el pasado 13 de junio, un acuerdo que los populares elogian y los naranjas niegan haber firmado

La formación de extrema derecha pide que se revisen los criterios para otorgar las subvenciones teniendo en cuenta la "utilidad social" y la "representatividad real" de las asociaciones en determinados colectivos

Vox dice que Marín (Cs) debió tener un "lapsus" al afirmar que ambos partidos no han suscrito ningún acuerdo

El portavoz parlamentario de Vox Andalucía, Alejandro Hernández.

El partido de extrema derecha Vox quiere que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos revise los criterios por los que se otorgan subvenciones a asociaciones que, según dicen, están politizadas. La formación que sustenta al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) cuestiona las ayudas públicas que reciben, principalmente, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones del colectivo LGTBI. Su intención es que los Presupuestos Autonómicos de 2020 recojan una minoración del dinero público que la Junta destina a estas asociaciones, una condición que ya está incluida, de forma genérica, en el acuerdo presupuestario suscrito con PP y Ciudadanos el pasado 13 de junio.

Vox ha puesto el foco político sobre la nuca de los sindicatos de clase y de las organizaciones de gays y lesbianas, como hace meses lo hizo con las ayudas y recursos de la Junta para la lucha contra la violencia de género. Ahora corresponderá al Ejecutivo andaluz traducir la exigencia de su aliado a un cambio normativo o a un ajuste presupuestario que no será sencillo. El criterio que plantea Vox para retirar o recortar las ayudas a sindicatos y entidades LGTBI es subjetivo: la formación de extrema derecha denuncia que muchas de estas organizaciones reciben subvenciones por encima de su representatividad real -"los sindicatos sólo representan a menos del 10% de los trabajadores"- o directamente que no cumplen el objetivo para el que se les conceden las ayudas. El portavoz parlamentario se ha detenido en el caso de los sindicatos, a los que la Junta les concede un papel de "interlocutor con los trabajadores por una cuestión meramente organizativa, pero trascender de eso a que puedan legislar o a decir qué es lo que está bien o mal, eso es otra cuestión". "El criterio para otorgar las subvenciones debe de ser la utilidad social", subraya el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, aunque sin perfilar quién decide qué es utilidad social. 

Replantear la política de subvenciones

La propuesta del partido de extrema derecha ya está recogida en su documento político, compartido con el Gobierno andaluz, que firmaron en el Parlamento el pasado 13 de junio para garantizar los Presupuestos de 2019 y de 2020. El punto 27 de ese acuerdo plantea una "revisión completa de los objetivos estratégicos en materia de subvenciones". PP, Ciudadanos y Vox comparten la necesidad de "proceder a una revisión para evitar que diferentes grupos de beneficiarios y agentes, sin aportar de manera objetiva y transparente un valor añadido real, persigan solamente su continuidad para poder seguir manteniendo el soporte financiero de sus actividades". La "nueva política de subvenciones de la Junta", dice el documento, debe "justificar de forma objetiva los fines de utilidad pública y social de las mismas y de sus posibles beneficiarios".

Entre las organizaciones cuya utilidad social se cuestiona, el documento firmado por los tres partidos sólo menciona a las asociaciones de Memoria Histórica. En cambio, plantea regular "nuevas ayudas a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas de inmersión lingüística", en referencia a los andaluces en Cataluña. El acuerdo presupuestario firmado por PP, Cs y Vox en Andalucía es la hoja de ruta en la negociación del Gobierno regional con el partido de Santiago Abascal, que logró con ese documento romper las reticencias del partido de Albert Rivera para sentarse a su lado.

Ese acuerdo ha cobrado fuerza después de los incidentes que sufrieron los miembros de Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, el pasado sábado. Vox ha condenado los ataques a la formación naranja y ha cuestionado abiertamente que "se sigan manteniendo las ayudas públicas a organizaciones que defienden una visión política, sectaria y frentista". "No se puede subvencionar a las asociaciones que se dedican a agredir a otros", ha dicho Hernández sin nombrar específicamente a ninguna entidad. "No quiero que se tome una parte por el todo, pero sí pienso que se otorga representatividad a determinadas asociaciones que dicen que hablan en nombre de todo un colectivo y eso es incierto", subraya.

La Junta de Andalucía está de acuerdo en replantear la política de subvenciones heredada del Gobierno socialista, cambiando pliego de condiciones y estableciendo nuevos criterios. Otra cosa es que PP y Ciudadanos suscriba el planteamiento ideológico de Vox, que podría implicar una revisión de la Ley andaluza de subvenciones. En el caso de los sindicatos, el replanteamiento de su representatividad y de su utilidad social puede chocar directamente con la Constitución. "No estamos en la merma de derechos, no queremos que se discrimine a nadie por su orientación sexual, pero no vamos a seguir pagando a asociaciones cuyo objetivo no es la defensa de esos derechos", advierte el portavoz.

Ciudadanos ha eludido sumarse al planteamiento general de Vox, pero sí ha criticado que el anterior Gobierno socialista tuviera "preferencia" por dar ayudas "por razones políticas y electoralistas a un colectivo u otro", apunta el portavoz parlamentario, Sergio Romero. El PP ha querido hacer un llamamiento a la calma de los colectivos que hayan podido sentirse interpelados por la iniciativa de Vox, pero también ha defendido el fondo político de la cuestión. "No se van a seguir alimentando a estructuras de ninguna organización política con la excusa de que tenga un apellido determinado. Los que hacen defensa de un derecho civil en Andalucía pueden estar tranquilos, van a seguir haciendo su trabajo", subraya el portavoz del PP, José Antonio Nieto, tras advertir de que "ningún colectivo sindical se ha sentido excluido de los Presupuestos de 2019 y tampoco lo será en los de 2020".

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