“Un centro de internamiento no puede ser el primer destino de un inmigrante llegado en patera”

Hace 25 años llegaban las primeras embarcaciones de inmigrantes a través del Estrecho de Gibraltar. Andalucía Acoge echaba a andar para tratar de dar una respuesta más eficaz e integral al entonces incipiente fenómeno de la inmigración. Mucho ha pasado desde entonces pero las políticas migratorias española y europea no han sabido gestionar la cuestión de manera que el mar se siga cobrando vidas y que la atención al inmigrante no sea modelo a seguir. José Miguel Morales (Madrid, 1976) cogió las riendas de la federación en septiembre de 2015, convencido de que “la interculturalidad y la pluralidad son cuestiones que nos van a definir como sociedad en los próximos años”.

Andalucía Acoge cumple este año sus bodas de plata ¿De dónde viene y hacia dónde va la federación?

A finales de 2015, junto a algunos cambios internos, nos planteamos un debate sobre nuestro papel en el actual escenario de migraciones. Era el momento del boom mediático de los refugiados. Además de esa realidad que debemos abordar también está el hecho de que, aunque ha habido personas que han vuelto a sus países de origen, el grueso de la población inmigrante sigue estando aquí y, por tanto, también necesita seguir siendo prioridad en las politicas de convivencia y de inmigración. Otra realidad es la frontera sur, el Mediterráneo, las vallas de Ceuta y Melilla, que es un espacio donde la violación de derechos humanos es mayor, y no podemos olvidar tampoco a todas esas personas, principalmente subsaharianas, que intentan acceder a España.

Así, decidimos que nuestro enfoque para los próximos años debe tener que ver, por un lado, con atender y releer nuestro servicio en la frontera sur española, que históricamente además ha marcado nuestro discurso. No es casual en ese sentido que hayamos desarrollado toda una línea estratégica de detección de personas víctimas de trata, gracias al trabajo de las compañeras en el CIE de Algeciras o en el CETI de Melilla. O el trabajo de incidencia de nuestro equipo jurídico respecto a las expulsiones en caliente que hemos llevado al TEDH.

La otra línea acordada tiene que ver con lo que decía antes, con que la gente que viene lo hace para quedarse, aunque muchos de ellos no lo saben en un principio. Ahora ya no vienen, están unos años y se vuelven a su país, sino que acaban arraigándose y configurando parte de la sociedad.

¿Cómo es ahora la foto de la sociedad andaluza y española?

En el 2016, la foto de la sociedad andaluza y española es mucho más diversa. Entre el 5% y el 10% de la población menor de 18 años es de origen migrante, lo que nos dice que la proyección de la realidad social es que la diversidad, la interculturalidad y la pluralidad son cuestiones que nos van a definir como sociedad en los próximos años. Por eso tenemos por delante un trabajo de sensibilización y de mediación intercultural desarrollado durante muchos años que tiene que configurar un cuerpo de trabajo específico, que es la convivencia comunitaria, es decir, facilitar que en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, se viva desde un punto de vista de igualdad, de intercambio de experiencias y no cada uno en su esfera.

¿Cómo ha evolucionado la percepción de la ciudadanía respecto al inmigrante?

Andalucía y España han cambiado en muchas cosas en estos últimos 25 años: el papel de la mujer, el modelo económico, los valores sociales, etc. Uno de los factores de diversidad tiene que ver con las migraciones, pero no es el único. En general, siempre en términos comparativos con el resto de Europa (Francia, Italia, Grecia,...) el nivel de convivencia es interesante. No pasó lo que se podía imaginar en 2007 ó 2008, al inicio de la crisis. Sólo hay que recordar los sucesos de El Ejido. A nuestra sede allí le prendieron fuego.

¿La sociedad española ha sido madura en ese sentido?

La sociedad ha visto que la crisis no era un tema del que se podía culpar a la población inmigrante y que la falta de trabajo no es un problema de competencia por el acceso al mercado laboral sino que tiene que ver con el modelo económico-finaciero y todas sus derivadas. Eso ha primado a nivel de mentalidad social y eso ha permitido que en España no tengamos, a pesar del miedo que teníamos, ningún partido de ultraderecha tipo Le Pen, Liga Norte o Amanecer Dorado. Eso es muy importante y hay que reconocerlo, porque España ha demostrado una madurez social que nos va a permitir seguir como sociedad cohesionada en los próximos años.

¿Qué factores ayudan a alimentar esa convivencia?

Por un lado, hay elementos que son sustrato base sobre los que se tiene que dar la convivencia y luego hay elementos que ayudan a ello. Si no hay acceso garantizado para todos en sanidad o educación, igualdad de oportunidades para acceder a un puesto de trabajo o a una vivienda digna, no va a haber convivencia, porque tensiona a la sociedad, a la gente, ya que genera la sensación de que competimos por los pocos recursos que hay.

Por otra parte, el acceso a los cuatro pilares básicos del bienestar es imprescindible pero no garantiza la convivencia, no asegura una sociedad cohesionada, porque tiene que haber un discurso público, unos valores sociales y unas prácticas y experiencias de encontrar espacios de encuentro entre toda la población.

¿Puede poner un ejemplo?

El ejemplo más claro de esto está en las imágenes de aquellos jóvenes con vivienda asegurada, con estudios universitarios muchos de ellos, que se rebelaron y provocaron los disturbios en la periferia de París. Aquello tenía que ver con que parisinos nacidos en París y educados en el modelo de la República francesa no eran tratados en condiciones de igualdad al llegar a la edad adulta ya que, de fondo, pervivía un discurso xenófobo porque no se les reconocían como 'uno de los nuestros'. Nosotros queremos facilitar la convivencia y desempeñar ese papel de construcción conjunta de ciudadanía.

¿Cómo se compagina esa evolución positiva de la sociedad española con determinadas decisiones de menor apertura como pudieran ser las devoluciones en caliente o el mantenimiento de Centros de Internamiento de Extranjeros?

Ahí hay varias cosas. Por un lado hay que decir que las devoluciones en caliente no las ha inventado el PP, aunque sí es cierto que las ha llevado a su máximo apogeo y es una práctica cotidiana. Esta línea de los últimos gobiernos de PSOE y PP de generar cada vez una frontera más dura, en Ceuta y Melilla particularmente pero también con la gestión de las pateras del Estrecho, es contradictoria con la convivencia pero la lo cierto es que la realidad es dantesca, con cientos de jóvenes encaramados a la valla que no quieren volver a la casilla de salida y volver atrás en su proceso migratorio porque necesitan buscarse una vida en Europa. En cualquier caso, el modelo de gestión de la inmigración no puede ser de falta de atención a los derechos humanos.

Por otro lado, el descrédito general hacia los poderes públicos provoca que la gente no acepte cualquier discurso y que hay temas en los que el Gobierno no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos o derechos sociales. Tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy tienen poco crédito ante una parte de la sociedad. Pero lo más importante es que el trato con las personas inmigrantes vecinos de nuestro barrio o padres de los compañeros de colegio de nuestros hijos desmonta cualquier imagen de miedo o de peligro que se pueda tener. La gente lo que ve es que los nuevos andaluces tienen otros orígenes culturales pero al final configuran parte de la sociedad. Ese es el mejor antídoto contra el racismo y una buena medida para poder paliar ese discurso a veces de racismo institucional que puede haber con la frontera sur.

¿Qué le parece que los CIE hayan saltado a la actualidad en los últimos meses?

Nos preocupa mucho y nos resulta muy peligroso que esté habiendo ahora más noticias relativas a los CIE que en los veinte años anteriores. No entendemos qué pasa porque pareciese que se está generando una base de discurso y de visión que puede llevar a recrudecer los derechos hacia personas en situación irregular cuando durante décadas se ha silenciado las condiciones infrahumanas de los CIE. Eso lo han dicho el Defensor del Pueblo y alguno de los jueces tutlares de los CIE, y hasta el propio Sindicato Unificado de la Policía, que se ha quejado de las propias condiciones para los agentes. ¡Cómo estarán las personas que viven dentro!

¿Insinúa que se trata de informaciones interesadas de alguna manera?

La pregunta es qué habrá detrás de que se estén sacando a luz noticias sobre los CIE. No ha habido novedades en décadas, salvo el cierre del CIE de Málaga porque ya se caía a pedazos, ni mejoras en las condiciones de habitabilidad de las personas inmigrantes ni cambio en las políticas, y ¿de repente salta a la luz pública? Nos preocupa. Nuestro fin último es que desaparezcan del modelo de gestión de frontera, o que al menos se cumpla la ley y que no se infringan los derechos humanos. Además, no funcionan como mecanismo de regulación, ya que unas 3.000 personas al año son devueltas desde los CIE, más o menos la mitad de las que ingresan. El volumen de población documentada es de aproximadamente 100.000 personas.

¿Cómo cree que España está gestionando la llegada de personas inmigrantes en patera?

Lo que no puede ser que una persona que llegue en patera que ha pasado 'equis' tiempo en alta mar, atravesando el Estrecho o el Mediterráneo, se encuentre con que su primer destino es un CIE, como ocurre en muchos casos, o en Algeciras se les lleve al llamado anexo de Tarifa, que es el colmo de lo irregular, un antiguo barracón abandonado que no cumplía condiciones para el Ejército y ahora se utiliza para internar a personas que llegan en patera. Un centro de internamiento no puede ser el primer destino de un inmigrante llegado en patera. Como modelo de gestión humanitaria de personas que vienen a la deriva desde el mar no parece que sea el más adecuado. No es acorde a los parámetros que deberíamos pedir de un país europeo.

¿Cuál es la alternativa a esos intentos desesperados de huida y por qué se repiten tanto?

Es la misma agencia fronteriza la que obliga a la existencia de las pateras. En Europa, particularmente en España, no hay un mecanismo legal para que la gente que quiera llegar a España, y que el país necesita para sostener su sistema de pensiones o mantener una demografía sostenible, lo haga de manera legal, organizada. La única forma de acceder como inmigrante a España es, primero, entrar como persona indocumentada. ¿Qué provoca eso? Que la gente que quiere venir de África tenga que venir en patera o saltando la valla.

¿No hay alternativas legales para poder acceder a nuestro país?

El Estrecho es, como se dice, la mayor fosa común del mundo, y Acnur haya dicho que 2015 ha sido uno de los años con más fallecimientos en el Mediterráneo. Las muertes en el mar son consecuencia directa de una política migratoria que falla en su diseño básico porque no permite que la gente pueda venir por ninguna otra vía que no sea colándose a través de la frontera. Es un modelo fallido desde el punto de vista de los derechos humanos.