Junta y taxistas andaluces abordan las reivindicaciones del sector ante la regularización de los VTC
Este martes se celebra un encuentro entre la Junta de Andalucía y representantes del sector del taxi en la comunidad autónoma para apaciguar el conflicto entre los taxistas y las empresas con licencia VTC, Uber y Cabify. La nueva consejera de Fomento, Marifrán Carazo, se verá las caras entre otros con Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), que representa aproximadamente al 90% del sector en Andalucía y forma parte del Consejo Andaluz del Taxi, órgano consultivo de la propia Consejería de Fomento. También asistirán representantes de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Elite Taxi y Solidaridad del Taxi.
Andalucía cuenta aproximadamente con 1.870 licencias para vehículos de turismo con conductor (VTC). Hasta hace cuatro o cinco años, había unas 350. Paralelamente, existen actualmente 9.029 licencias de taxi. Ruano advierte de que las VTC no son nuevas, pero que la situación que “sufre” el sector data de 2009 y la Ley Ómnibus, “cuando el PSOE decía que aprobarla no afectaba al taxi”.
Uber funciona en Sevilla desde finales de septiembre, en Córdoba desde octubre, en Granada desde hace apenas unos días, y también está implantada en Almería, Málaga y Jerez de la Frontera (Cádiz). Cabify, por su parte, opera en Málaga y Sevilla. Precisamente en la capital hispalense este pasado martes se ha acordado pedir a la Junta de Andalucía que tal servicio esté sujeto a una precontratación previa de entre 30 y 60 minutos y que sea obligatorio su regreso a la base tras cada uno de los portes.
Pedro López, presidente de Élite Taxi Sevilla, considera que “la inmediatez” es cosa del taxi“, mientras que la delegación de la patronal de los VTC (Unauto) en Andalucía ha criticado la creación de estas ”barreras artificiales“ para dar ”ventajas“ a los taxistas y avisa de la creciente ”inseguridad jurídica“ a cuenta de los ”cambios en las reglas del juego“, según informa Europa Press. Por su parte, la asociación de consumidores y usuarios Facua se ha mostrado en contra del acuerdo porque ”se estaría restringiendo a los consumidores de forma injustificada el acceso a servicios de transporte con licencias VTC“.
Responsabilidad política
Miguel Ruano tira de su experiencia. El taxista cordobés viajó a Madrid en diciembre de 2009, casi recién nombrado, para manifestarse contra la mencionada Ley Ómnibus. Otra norma, en este caso el Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos VTC, esperan que se desarrolle ahora para garantizar el cumplimiento del ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxis.
Unos 1.500 taxistas de las ocho provincias andaluzas apoyaron en Madrid al sector en su movilización del pasado lunes 28. “Los responsables de esta situación son los partidos de gobierno en España, que son los que han propiciado la liberalización. Han liberalizado un sector cuando el sector del taxi en España estaba masificado, proporcionalmente el mayor de Europa”, apunta Ruano a eldiario.es Andalucía.
La reunión en la Consejería tiene importancia en que son las comunidades autónomas las que tienen que regular el sector de los vehículos VTC, en virtud del citado Decreto que el Gobierno aprobó el pasado año. La consejera está “abierta al diálogo”, según fuentes de su equipo, mientras que Ruano se muestra prudente ante el encuentro.
