La minería está experimentando un nuevo impulso en Europa. Quienes apoyan esta nueva ola minera la justifican por la llamada “transición energética” que inunda de parques fotovoltaicos numerosas zonas agrícolas y ganaderas, un intento de electrificar el sistema productivo y de consumo, y el plan de la Unión Europea de ser menos dependiente del exterior en ciertos metales estratégicos considerados “materias primas fundamentales”. Aunque las multinacionales mineras y algunas administraciones públicas hablan de una “minería sostenible”, hay nuevos proyectos mineros que están contaminando gravemente nuestro entorno, especialmente los ecosistemas acuáticos. Entre este tipo de ecosistemas destacan arroyos, ríos, embalses y estuarios.
Las explotaciones mineras generan aguas ácidas cargadas de metales potencialmente tóxicos provenientes de drenaje de escombreras y del tratamiento de los minerales. Una vez que estas aguas con metales, ya hayan sido depuradas previamente o no, llegan a un ecosistema acuático, y esos metales tienden a depositarse en el fondo, en los sedimentos, lodos o fangos. El que los metales se almacenen en los sedimentos del fondo depende, principalmente, de dos procesos. Por un lado, los metales pueden pegarse a partículas en suspensión y estas partículas depositarse en el fondo en zonas de aguas tranquilas. Por otro lado, los metales pueden precipitar directamente conforme cambian las características fisicoquímicas del agua.
En todo caso, los sedimentos del fondo se comportan como un almacén de metales. Pero esto no es todo, una vez en el fondo, los metales pueden ser asimilados por la flora y la fauna, provocando biotoxicidad y bioacumulándose en las redes tróficas. Por ejemplo, la Mina de Cobre Las Cruces, situada junto a la ciudad de Sevilla, lleva vertiendo agua con metales al estuario del Guadalquivir desde 2008. Gran parte de estos metales se han acumulado en los sedimentos del fondo que están altamente contaminados con efecto ecotóxico y, además, los albures o lisas, una especie de pez, muestran altas concentraciones de metales, especialmente plomo.
Se van acumulando diferentes capas de sedimentos, unas sobre otras, a lo largo del tiempo, de manera que la acumulación de metales no tiene por qué reflejarse en un aumento de concentración, pero sí en un aumento de la profundidad de sedimentos contaminados en el fondo
La legislación actual en España no es adecuada para enfrentar la problemática ambiental descrita. En primer lugar, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, del año 2000, no obliga a establecer normas de calidad ambiental para los sedimentos, a los que otorga un papel secundario en relación a las aguas. Sin embargo, como hemos visto, los sedimentos son clave en el proceso de contaminación por metales proveniente de minas.
En España hay normas de calidad ambiental establecidas para ciertos metales (arsénico, cobre, cromo, selenio y zinc) disueltos en agua, pero no en sedimentos (Real Decreto 817/2015). De esta manera, está regulado por ley que la concentración de estos metales no debe superar ciertos umbrales máximos admisibles y de media anual. Sin embargo, la legislación española no dice nada sobre concentraciones de metales permitidas en sedimentos, precisamente donde suelen acumularse más metales.
Además, esta legislación obliga a las administraciones públicas competentes en la protección de las masas de agua a analizar la tendencia a largo plazo de las concentraciones de ciertos metales propensos a acumularse en los sedimentos, cuyas concentraciones no deben aumentar significativamente. Sin embargo, cuando los metales se acumulan en los sedimentos de un ecosistema acuático no tienen por qué aumentar sus concentraciones. Esto es así porque se van acumulando diferentes capas de sedimentos, unas sobre otras, a lo largo del tiempo, de manera que la acumulación de metales no tiene por qué reflejarse en un aumento de concentración, pero sí en un aumento de la profundidad de sedimentos contaminados en el fondo.
Las concentraciones de los metales en los sedimentos del Guadalquivir se relacionan directamente con la actividad minera y las características del propio vertido minero
Además, los metales pueden pasar a la biota desde los sedimentos, haciendo que no se acumulen. Es más, los sedimentos contaminados con metales pueden ser arrastrados aguas abajo, contaminando nuevas zonas, cuando aumenta el caudal tras fuertes lluvias. Volviendo al ejemplo anterior, la mina de Cobre Las Cruces afirma que está cumpliendo la legislación porque las concentraciones de metales disueltos en las aguas del Guadalquivir no superan las normas de calidad ambiental y las concentraciones de metales en los sedimentos no aumentan significativamente de manera sostenida durante su vertido. Sin embargo, los sedimentos de la zona de vertido, y aguas abajo, están altamente contaminados con metales con efectos ecotóxico y las concentraciones de los metales en los sedimentos del Guadalquivir se relacionan directamente con la actividad minera y las características del propio vertido minero.
Como vemos, la legislación actual, tanto a nivel europeo como español, no pone suficiente acento en los sedimentos y, cuando los señalan, no lo hacen de la manera adecuada para detectar la contaminación metálica proveniente de explotaciones mineras. Por lo tanto, frente a la nueva ola de minería en Europa, urge una actualización legislativa. Gobiernos y parlamentos deben mirar por el bien común. ¿Qué menos que adecuar la legislación para detectar la contaminación procedente de las minas ahora que tantos esfuerzos ponen en impulsar la minería? Están en juego decenas de miles de puestos de trabajo, aguas debajo de las minas, en actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería y el turismo, además de la salud pública y ambiental.
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