“Quiero pedirles perdón porque llegamos muy tarde, muy muy tarde”. Con estas palabras pronunciadas mientras atacaba los primeros acordes al piano de L’estaca se dirigió Lluis Llach a las 741 republicanas y republicanos, 741 demócratas que asistieron a un homenaje en su honor el 25 de junio de 2004.
Fue un emotivo acto en el que participaron poetas, escritores y músicos. Quizá el primer homenaje de esa magnitud desde la muerte de Franco. Y si ellos llegaban tarde, más tarde aún llega el Parlamento de Andalucía con la ley de Memoria Histórica y Democrática que ha entrado en vigor esta semana, 36 años después de que Andalucía accediese a su autonomía, y cuando se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas. Llegamos demasiado tarde para quienes nos abandonaron después de mucho esperar sin poder enterrar dignamente a sus seres queridos. A ellas y a ellos, aunque ya no nos pudieran oír, les pedimos perdón en primer lugar desde la tribuna de oradores el día que se debatió en pleno la ley. Y se lo pedimos también a los descendientes de las víctimas del franquismo que nos acompañaban en la tribuna de invitados.
Llegábamos tarde, pero el tiempo transcurrido no podía ser excusa para no honrar a quienes dieron la vida por defender la democracia, la justicia y la libertad, honrando a la vez los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a que nos compromete el Derecho Internacional a través de los convenios suscritos por España.
En ningún caso se trata de reabrir heridas, porque el olvido, la amnesia obligatoria que diría Eduardo Galeano, es una herida abierta para decenas de miles de familias andaluzas que han vivido con un dolor que no se extingue en quienes lo sufrieron en primera persona. Un dolor que se ha transmitido de generación en generación y que sigue muy vivo hoy. Un dolor que llevó a los nietos a hacer lo que los hijos, atenazados aún por el miedo, no pudieron hacer, a buscar con sus propias manos a sus abuelas y abuelos sin esperar ninguna ley ni, por supuesto, ninguna subvención.
Pero las consecuencias del olvido laceran también a toda una sociedad, resignada a la indecencia de vivir 80 años ya sobre más de 700 fosas comunes donde se amontonan los restos de, al menos, 48.000 personas asesinadas en suelo andaluz. Urge exhumarlas, identificarlas y darles digna sepultura. Sólo así podremos empezar a cerrar las heridas. Sólo así podremos dignificar el presente y futuro de Andalucía. No se puede construir una sociedad democrática sana sin cumplir con esa exigencia de elemental humanidad.
Sólo por ese objetivo la ley tendría ya plena justificación, pero no nos hemos querido quedar ahí. Esta ley quiere esclarecer y difundir la verdad de lo que ocurrió hasta la última escuela, hasta la última aldea a través de los medios de comunicación públicos. Y así será por una enmienda presentada por Podemos ante el clamor unánime de las víctimas y el movimiento memorialista y que ha sido incorporada a la ley después de una ardua y laboriosa negociación.
Ha costado mucho que se llame a las cosas por su nombre. Hemos logrado que la ley se llame de memoria democrática, sí, porque democrático era el régimen contra el que se alzaron los golpistas y demócratas fueron los que se opusieron a la larga noche de la dictadura, pero también histórica porque se trata de recuperar la Historia que se nos robó. La comisión de la verdad, en cambio, no se llamará así, muy a pesar nuestro, pero será lo que han sido las comisiones de la verdad en cualquier país del mundo, con la misma composición y similares objetivos. Si tiene pico de pájaro, plumas de pájaro y alas de pájaro es un pájaro. Es tarea del Parlamento de Andalucía, de la mano del movimiento memorialista, permitir que vuele también como un pájaro. Que nadie le corte ahora las alas.
Porque conocer la verdad es la mejor garantía de que hechos tan trágicos no vuelvan a repetirse. Y más cuando asistimos al regreso de los fantasmas de las ideologías fascistas y retrógradas que hace décadas nos privaron de tantos seres queridos, de tanto talento y cultura, de tanto conocimiento científico y técnico que tan necesario era para sacar a nuestra tierra de la ignorancia y el subdesarrollo. Lo vemos en Europa con el rechazo a personas refugiadas que huyen de guerras y tiranías tan crueles como las que hicieron huir a nuestra gente hace décadas.
Pero esos fantasmas tampoco han desaparecido de nuestra tierra. Siguen vivos en fundaciones que llevan el nombre del dictador, que reciben fondos del Estado y montan asesorías jurídicas para cargos públicos que quieran incumplir la ley de memoria histórica de 2007. Y conceden medallas con total impunidad a quienes se distinguen por su especial devoción en esa tarea.
Ninguna vacuna dura para siempre sin dosis de recuerdo, sin dosis de memoria. Sólo conociendo el horror en toda su magnitud y crueldad podremos garantizar que nadie pueda tener la tentación de repetirlo. Nos lo enseñaron quienes diseñaron el Museo del Holocausto como lugar sobrecogedor que nos muestra lo que nunca debe volver a ocurrir en una Europa en la que los principios que inspiran esta ley son de consenso desde 1945. Aquí, en cambio, seguimos teniendo el Valle de los Caídos o una placa de homenaje a Franco a escasos metros de nuestro Parlamento, en la fachada de la basílica de la Macarena, donde además está enterrado con todos los honores el mayor genocida que ha sufrido Andalucía en el siglo XX, el general Queipo de Llano.
Pero la memoria no es sólo cuestión de cifras. Tiene miles de historias con nombres y apellidos. Baste recordar dos de ellas para estas breves líneas. Milagro Almenara Pérez fue la cuarta licenciada en Farmacia de la Universidad de Granada. Poco nos ha llegado de su vida porque pareciera que alguien se hubiera empeñado en que su huella se borrara de la historia. Sin embargo, se sabe que después de muchas dificultades, de años sufriendo el rechazo de un gremio patriarcal y conservador, en julio del 36 Milagro había logrado abrir su propia farmacia muy cerca del edificio de la actual facultad de Derecho. Tal vez fuera por ser hija de madre soltera, tal vez por haberse afiliado a una organización feminista y socialista en sus años de estudiante, tal vez por atreverse a ejercer un oficio de hombres de clases acomodadas, el caso es que el 23 de septiembre de1936 un piquete de guardias de asalto fueron a detenerla a su farmacia. La llevaron a la cárcel convento de San Gregorio en el Albayzín y de allí a algún punto de la carretera de Víznar a Alfacar, donde fue fusilada. Como le ocurrió a García Lorca, a Dióscoro Galindo, a Francisco Galadí y tantos otros, cuyos restos aún no han sido encontrados.
El 4 de diciembre de 1977, meses después de las primeras elecciones democráticas, un joven malagueño, trabajador de una fábrica de cerveza, Manuel José García Caparrós fue asesinado por la policía con tan sólo 19 años. Su delito fue manifestarse para pedir que Andalucía tuviera una autonomía plena, como las otras nacionalidades históricas, esa autonomía que nos permite hoy debatir y aprobar leyes como la de Memoria Histórica y Democrática.
Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Andalucía mucho tiempo, demasiado tiempo después, en 2013. Sirva esta ley de homenaje a todas las víctimas del fascismo porque olvidarlas sería matarlas dos veces.
Pero la ley de la que hablamos sólo hará justicia a la memoria de las víctimas si la dotamos de los recursos suficientes. Al ritmo actual de inversiones en exhumaciones e identificaciones harían falta 230 años para cumplir el artículo 5.1 de la ley. No podemos permitirnos esa nueva ofensa a las víctimas. Si hay, como se ha expresado, consenso entre todos los grupos del Parlamento sobre la necesidad de enterrarlas dignamente, el próximo presupuesto debe ser consecuente.
Aparte de pedir perdón, es justo hoy dar las gracias a quien ha hecho posible esta ley: al movimiento memorialista y a las víctimas, que nos dieron el impulso necesario, a Izquierda Unida por proponerla en la pasada legislatura y a los grupos políticos que han permitido el acuerdo, que lamentablemente no han sido todos por las dificultades que tienen la derecha, vieja y nueva, para romper su cordón umbilical con el franquismo o con los relatos míticos de la Transición.
Convertir el derecho a la Memoria en deber de las administraciones es la mejor manera de superar la anomalía que nuestro país representa hoy en el contexto europeo, el único en el que la derecha puede llamarse a sí misma democrática sin declararse antifascista. Una anomalía hecha de equidistancias, de relatos ausentes cuando no distorsionados, que sitúan en el mismo nivel a víctimas y victimarios y que han caracterizado lo que Julio Cerón llamaba 40 años de postfranquismo.
Decía también Lluis Llach en aquel homenaje, después de pedir perdón: “Hoy quizá empieza una nueva historia y esta noche nos conjuramos para que las cosas cambien y podamos luchar por sus ideas y proyectarlas en futuro”.
Es hora de que nos conjuremos también en Andalucía para que, como escribió Julia Conesa, una de las 13 rosas, en su carta de despedida antes de ser fusilada, sus nombres no se borren, nunca más, de la historia.
Porque fueron somos, porque somos serán.
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