El Gobierno andaluz retira a sus agencias públicas la autonomía financiera para conceder préstamos a empresas
En los Presupuestos andaluces de 2019 no está prevista la concesión de avales en la partida de gasto de ninguna agencia pública, y a partir de 2020, los entes instrumentales de la Junta perderán la autonomía financiera que ahora tienen para conceder préstamos a empresas. El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos les va a retirar la potestad de prestar dinero a proyectos con cargo a sus propios recursos y, a partir de ahora, “un cambio normativo” en la Ley de Presupuestos les obligará a hacerlo desde el presupuesto de la consejería a la que estén adscritos. “Ahora tendrán que recurrir al fondo público andaluz para la financiación empresarial y desarrollo autonómico”, anuncia el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
Esta medida, explican desde Presidencia, se adoptará para intentar acotar el “descontrol en el uso de dinero público por parte de los entes instrumentales”, algunos de ellos inmersos en causas judiciales, como el caso ERE o el de la pieza separada de los avales millonarios que concedía la agencia IDEA. Sin embargo, el anuncio del Gobierno andaluz aparece justo en un momento enrarecido, en el que los servicios jurídicos de la Junta han pedido el archivo de la causa de los avales, una pieza surgida de los ERE fraudulentos, mientras el PP que forma parte de este Gobierno -y es acusación particular- sigue manteniendo que hay un delito, en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.
El caso avales, abierto en 2014 por la que fuera instructora primera del caso ERE, Mercedes Alaya, investiga los préstamos concedidos por la agencia IDEA a empresas (hasta un montante de 71 millones de euros). Se trata de dilucidar, entre otras cosas, si el entonces consejero socialista de Innovación, Martín Soler, incumplió la ley al superar el límite presupuestario en los avales concedidos por la agencia Idea a empresas, que ascendieron a 71 millones. Soler y otros tres ex altos cargos del anterior Ejecutivo del PSOE están imputados por prevaricación y malversación. Dos de ellos han pedido el archivo de la causa por falta de pruebas, y la jueza que ahora impulsa el caso, María Núñez Bolaños, pidió a las partes que se pronunciaran: la Junta, a través de sus letrados, respondió que no veía delito ni mala praxis política, pero la Consejería de Presidencia presentó alegaciones al informe de sus propios servicios jurídicos, porque sí cree que hay delito.
El consejero de la Presidencia ha negado este martes que exista “una contradicción” dentro de la Junta, y ha tratado de sintetizar el mensaje del Gobierno andaluz sobre este asunto con estas dos ideas: “Denunciar y recuperar el dinero público defraudado”. La Junta calcula que son 140 millones de euros en avales otorgados de manera fraudulenta por la agencia IDEA durante la etapa socialista, un dinero que aún aspira a recuperar. El importe de préstamos con cargo al presupuesto y pendiente de recuperar asciende a 119 millones, si bien “en el proceso judicial se analizan los avales concedidos al amparo de la llamada 'orden de salvamento', que asciende a algo más de 66 millones”, lo cual “no obstaculiza” a que los 119 millones referidos “sean importes recuperables de hecho para la propia Junta”, advierte el número tres de la Junta.
Adicionalmente, y “con cargo a uno de los fondos sin personalidad que existían, se dieron 20 millones en avales por parte de IDEA”. “Hablamos de un quebranto económico de 140 millones de euros en el caso avales”, y la Junta aspira a “recuperar lo máximo posible, por no decir los 140 millones de euros defraudados”, sostiene Bendodo, informa Europa Press.
“Denunciar y recuperar el dinero”. Es el mismo mensaje que defendía (sobre el mismo asunto) el anterior Ejecutivo socialista, cuando entonces el gabinete jurídico de la Junta defendía a algunos ex altos cargos procesados y a otros no. El PP, en la oposición, cargaba entonces duramente contra el PSOE, acusándole de proteger a sus “corruptos”. Ahora los populares admiten un cambio de criterio político tras su llegada a San Telmo. “Antes se disparaba indiscriminadamente a todos los salpicados por casos de corrupción, y ahora se limita el foco a las agencias donde hay indicios, pero no en todas”, explican desde el Gobierno andaluz. “Queremos limitar la actuación de la justicia al ámbito donde se cometieron los presuntos delitos”, matiza Bendodo.
El Ministerio Público entiende que Soler y los ex responsables de la Consejería de Innovación y de la agencia IDEA cometieron un delito de malversación y prevaricación al conceder determinados préstamos a empresas. Bendodo ha subrayado varias veces que “todo lo que la Fiscalía considere delito, nosotros lo vamos a considerar así”, aunque acto seguido ha rechazado que esta postura entre en contradicción con el criterio que defiende el gabinete jurídico de la Junta en los juzgados.
