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El Supremo pone en tela de juicio la autorización para la explotación minera de Riotinto

Da la razón a Ecologistas en Acción, que presentó un recurso contra la concesión de la Autorización Ambiental otorgada en 2014

Los ecologistas denunciaron un defecto de forma, al entender que la Junta no publicó toda la documentación necesaria sobre el proceso

La Junta acata la sentencia, pero no cree que la actividad minera esté en peligro

La corta principal de la mina onubense.

La corta principal de la mina onubense. Atalaya.

La actividad de la empresa Emed Tartessus en la mina de Minas de Riotinto (Huelva) no parece correr peligro, pero el Tribunal Supremo ha puesto en serias dudas el proceso por el que se le otorgó la licencia para explotarla a la que hoy es Atalaya Mining.

El alto tribunal ha confirmado la nulidad de la Resolución de 27 de marzo de 2014 de la Junta de Andalucía, que otorgó Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la explotación. En esencia, le da la razón a Ecologistas en Acción, que denunció un defecto de forma en el proceso de exposición pública de la información sobre la Autorización Ambiental, pero la empresa ya lleva tres años extrayendo mineral.

La Junta asegura que va a intentar acatar la sentencia, pero a la vez rehuye en todo momento de hablar de la retirada de la concesión a la compañía minera.

En esencia, el alto tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por la Junta de Andalucía y la empresa contra la sentencia del 19 de septiembre de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que estimó parcialmente la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, la cual confirma.

La formación conservacionista presentó el recurso porque entendió que se vulneraron las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental.

Esto es, que no se publicó toda la documentación en todos los plazos. Ecologistas en Acción cree que no se le dio la oportunidad de alegar, y el Supremo considera que no puede admitir ninguno de los dos recursos de casación.

Aunque la Junta no contempla el cierre de la concesión, Ecologistas en Acción es tajante, al señalar que "hoy por hoy, la AAU del Proyecto Riotinto está anulada, y por tanto la explotación minera no cuenta con la autorización ambiental necesaria para seguir operando”.

Sin embargo, no es el único asunto judicial en torno a esta mina, ya que la anulación de la AAU conlleva de forma inmediata la nulidad de la Resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que autorizó el reinicio de la explotación minera, que está pendiente de próxima sentencia en la misma Sala del TSJA, según Ecologistas en Acción.

“No se pone en tela de juicio”

Desde la empresa Atalaya Riotinto Minera no se transmite inquietud alguna por este tema. La operadora ha emitido un comunicado que cita que “en ningún caso se pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales” y que ha siempre ha operado "en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes en materia minera y ambiental incluyendo la AAU".

En este mismo sentido, el consejero delegado de Atalaya, Alberto Lavandeira, ya dijo en declaraciones a los medios que esta situación "tiene una solución facilísima" y, en contacto con la Administración, "se va a arreglar sin ninguna duda".

La empresa ha recordado que la sentencia del TSJA alude a cuestiones formales de carácter administrativo en determinadas partes del procedimiento de aprobación de la AAU del año 2014. En ella, según ha explicado, se aduce que "no se habían expuesto públicamente una serie de documentos, de entre los cientos que conforman un trámite complejo y largo en el tiempo como es la Autorización Ambiental de un proyecto minero”.

Para la empresa, se trata de “papeles que faltan”, no de un procedimiento que hay que anular, y entiende que estas consideraciones de carácter formal "no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía, descartando la propia sentencia la nulidad de pleno derecho de la autorización ambiental”.

Curiosamente, la noticia se ha conocido horas después de que la empresa anunciase que invertirá alrededor de 85 millones de euros en modernizar y ampliar las instalaciones de forma que se puedan tratar 15 millones de toneladas al año y alargar la vida útil de las mismas hasta el 2032. En el tiempo que lleva trabajando en la zona ya ha invertido unos 200 millones de euros.

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