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ENTREVISTA
Joan Corominas, experto en agua: “La ley de Doñana usa al pequeño agricultor para encubrir ventajas a grandes propietarios”

Joan Corominas fue director de la extinta Agencia Andaluza del Agua.

Antonio Morente

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Ingeniero agrónomo especialista en hidrogeología, regadíos y planificación hidrológica, Joan Corominas (Tarragona, 1946) lleva toda su vida profesional trabajando en Andalucía en cuestiones relacionadas con el agua y el medio ambiente. Actual vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de la que fue uno de los impulsores, ha sido presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), secretario general de Agua de la Junta de Andalucía y director de la Agencia Andaluza del Agua, el organismo que el Gobierno andaluz puso en marcha para gestionar su política hidráulica hasta que en 2011 el Tribunal Constitucional determinó que no podía tener competencias exclusivas sobre el Guadalquivir. El pasado viernes participó en Almonte en el encuentro Doñana, su gente y el agua, en el que hizo un llamamiento a atender sobre todo a las familias de la comarca con pequeñas y medianas explotaciones, para que “el equilibrio del territorio y el agua se pueda seguir manteniendo”.

¿La sequía que ahora sufre Andalucía obedece a un fenómeno que es cíclico o esto es ya un avance de lo que está por venir con el cambio climático?

Las sequías son un fenómeno cíclico pero que se están agravando y que, por tanto, nos deben preocupar, porque lo que está pasando ahora no es propio del clima mediterráneo, esto se está acelerando: tenemos años secos y otros con menos lluvia que de repente cae de forma muy intensa. Y nos debe preocupar porque estamos entrando en estos fenómenos más rápido de lo que se esperaba.

Lo que ya no está en duda es que el cambio climático es una evidencia, ¿no?

Es verdad que negacionistas totales cada vez hay menos, pero sí hay muchos que relativizan lo que está ocurriendo diciendo que estas cosas siempre han pasado, no se dan cuenta del impacto que la actividad humana ha ido produciendo en la naturaleza. Esto no es lo que siempre hemos vivido, es algo nuevo, son cambios disruptivos relacionados sobre todo con el agua.

¿El control y la posesión del agua está derivando en auténticas batallas?

Ocurre con todo lo que es esencial para la vida, nuestra economía o nuestro entorno social, nuestra manera de relacionarnos está ligada al agua, al aire o al suelo. Por eso, si hemos intervenido en el ciclo hidrológico tendremos que adaptarnos a ello y además de una manera rápida, porque ya vemos que las consecuencias son periodos excesivamente calurosos y secos. En los últimos diez años hemos tenido bastante menos lluvias de lo normal, hasta un 80% menos en función de la zona, y eso no es normal.

Tenemos que reconocer que nos hemos pasado, no podemos poner en uso ni una hectárea más de regadío. Con el regadío seguimos con huidas hacia adelante: no hablamos de una reducción, sino de modernizarlos para seguir con esto de forma indefinida

¿Y cómo podemos adaptarnos a este escenario?

Lo primero y más importante es un cambio de mentalidad, hay que aceptar la realidad y aceptar que nos hemos pasado, todos tenemos nuestra cuota parte y hemos ido más allá de nuestra disponibilidad de recursos hídricos. Pero las culpas no se pueden repartir por igual, porque el sector agrario es el que ejerce una mayor presión y el que más agota los recursos, hasta el punto de que al final los propios regantes no pueden disponer del agua que necesitan.

Y además de la mentalidad, ¿qué otros cambios hay que introducir?

Hay que hacer cambios estructurales e incentivar que se use menos y mejor el agua. Tenemos que reconocer que nos hemos pasado, no podemos poner en uso ni una hectárea más de regadío, pero también hay que controlar el gasto doméstico de agua. La ciudadanía ha entendido a lo que nos enfrentamos y se ha avanzado mucho, pero con el regadío seguimos con huidas hacia adelante: no hablamos de una reducción, sino de modernizarlos o de usar aguas regeneradas y saladas con la idea de seguir con esto de forma indefinida. Pero esto se ha acabado, es necesario que cuanto antes los agricultores y los gobernantes entiendan que estamos ante un cambio de paradigma.

¿El sector agrario no está dando ese paso?

Parte del sector agrario ve que el único camino para mantener y aumentar su renta es aumentar la producción, aunque eso signifique multiplicar hasta por cuatro el uso de agua. Su supervivencia es el agua, y ya no hablamos sólo del pequeño agricultor, sino también de grandes empresas que han adquirido terrenos y usan el agua para producir como cualquier otro bien de consumo sin darse cuenta de que es fundamental usar bien el agua. Las grandes empresas que se están adueñando de la agricultura están ajenas al concepto de sostenibilidad.

¿Tanto está creciendo la presencia de grandes empresas en el sector agrario?

Hay fondos de inversión y capitales ajenos a la agricultura, muchas grandes empresas ajenas al territorio y a la cultura rural, que han interpretado que el campo es un mecanismo de negocio a corto plazo, no piensan más allá de una rentabilidad a cinco o diez años. Hasta ahora, la presión la ejercían pequeños agricultores que buscaban la manera de asegurarse su renta, pero hoy el proceso ha pasado a otro nivel, sobre todo por parte de grandes explotaciones que usan aguas subterráneas.

En Doñana, el 90% de las explotaciones usan el 13% del agua y un 1% dispone del 72% de los recursos. El gran dilema que esconde la proposición de ley del PP es que habla de pequeños agricultores, pero en realidad el beneficio es para los grandes

¿Con el regadío hay una burbuja como la hubo con el ladrillo hace 20 años?

Vamos camino de generar una burbuja con el regadío, ya todo es olivar superintensivo o almendro en regadío. La producción de aceite de oliva se ha duplicado en 20 años, pero esto ha conllevado un descenso del precio medio, si ahora está alto es por la guerra de Ucrania. Esto ha afectado a olivareros de secano tradicionales, para los que su actividad prácticamente no es rentable. El beneficio de estos grandes inversores con el regadío ha supuesto una pérdida de rentabilidad para los agricultores de secano, porque además tienen una visión ajena al territorio, ajena a mantener los valores de las explotaciones tradicionales, y esto está produciendo daños muy importantes.

¿Un reflejo de todo esto lo tenemos en el conflicto por el regadío en el entorno de Doñana?

En toda Doñana hay ahora 22.000 hectáreas de regadíos, que son excesivas para mantener en buen estado el ecosistema, esto está agotando el acuífero, afectando a las lagunas y provocando un avance del frente salino. En esta situación, no se pueden aumentar los regadíos como quiere la proposición de ley, al revés, hay que disminuirlos, y para eso está esa transferencia de recursos desde el Tinto, Odiel y Piedras, para cambiar agua subterránea por agua en superficie. La propuesta intenta hurgar en un elemento distorsionante, defiende que va a legalizar a 675 familias que necesitan agua para sobrevivir, pero en Doñana el 90% de las explotaciones usan el 13% del agua y un 1% dispone del 72% de los recursos. El gran dilema que esconde la proposición de ley del PP es que habla de pequeños agricultores, pero en realidad el beneficio es para los grandes. Una familia puede vivir cultivando una o dos hectáreas de fresas, muchos agricultores tienen poco suelo, pero luego hay grandes productores que tienen entre 50 y 70 hectáreas.

¿Es una medida que beneficia sobre todo a grandes propietarios?

Es populista porque es una proposición de ley que usa al pequeño agricultor para encubrir ventajas a grandes propietarios. Esto está generando problemas, porque somos conscientes de que hay que disminuir las hectáreas que se riegan, pero esto choca con intereses contrapuestos. Los regantes de Almonte tienen 4.000 hectáreas que riegan de manera legal y están en contra de esta proposición de ley, porque ven que pone en peligro que les llegue el agua en superficie que están esperando. Ellos son los regantes más antiguos y temen ser los primeros perjudicados, por eso empieza a haber agricultores que alzan la voz y denuncian que se va a beneficiar a grandes propietarios.

¿Hay grandes propietarios en Doñana que se la están jugando?

Hay grandes intereses que están en situación irregular, regando sin concesión, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está cerrando muchos pozos aunque sea a un ritmo lento por las garantías que exige la legislación. Estas grandes explotaciones de Doñana que ven peligrar su rentabilidad han presionado a PP y Vox para que saquen esta ley. Esto es una cuestión política pero va más allá, es también conceptual, no entendemos todavía el cambio climático, no nos enteramos de que hemos superado ya muchos límites. En Doñana es donde más claramente se ve, no queremos entender a lo que nos enfrentamos.

Un cambio en el Gobierno central no va a influir demasiado, en cuanto el PP estuviera en el poder daría marcha atrás porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es taxativa, es un hecho irreversible

¿Cree que la proposición de ley de PP y Vox va a salir adelante?

El PP sabe que en este momento no va a tener salida, porque tiene encima la presión del mundo científico, del Gobierno de España, de la Comisión Europea, de la Unesco… Pero sigue intentando abrir un hueco para defender esa idea de que los recursos no tienen límite, que se pueden transformar más hectáreas en regadío y llevar la explotación del medio más allá de sus posibilidades.

¿Qué es lo más grave de la proposición de ley más allá de la regularización de regadíos?

Que se rompe el consenso. Las hectáreas que legalizó el Plan especial de la Corona Norte de Doñana se consensuaron entre diferentes intereses, partidos políticos e incluso científicos. Este Plan de la Fresa es el punto mínimo, a partir de ahí no se podía extender sino disminuir la extracción de agua del acuífero. Eso es lo que está en juego en este momento, si mantenemos ese consenso que se obtuvo con el Plan de la Fresa o lo rompemos y pensamos que no tenemos límites, aunque sepamos que cada vez tendremos menos agua incluso para los regadíos que ya tenemos. Esto es un castillo de naipes, el cuento de la lechera, se ha empezado antes a construir regadíos que unas presas que son inviables, como la de Alcolea. Ya hay regadíos en precario que nunca se tendrían que haber dado que exigen agua para siempre, no para un año que pueda sobrar. Haber dado esas concesiones es un disparate pensando que se iban a hacer tres presas nuevas, y lo que ocurre es que en este momento no hay agua.

¿Un hipotético cambio en el Gobierno central allanaría el camino a esta medida?

Un cambio en el Gobierno central no va a influir demasiado, en cuanto el PP estuviera en el poder daría marcha atrás porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es taxativa, es un hecho irreversible. La Unión Europea va a impedir el incremento de regadíos porque va a anteponer Doñana, el crecimiento en la zona no puede hacerse a costa del regadío, hay que buscar la diversificación del sector. Estoy convencido de que el propio PP sería responsable porque el control del tema lo tiene la Unión Europea, si amenaza con volver a mandar la cuestión al Tribunal Europeo le haría cambiar de opinión. Hace falta un cambio importante de mentalidad en ciudadanos y partidos políticos, porque tenemos metido en nuestro ADN que cuanta más agua tengamos mejor. Ese argumento nos va a costar cambiarlo porque todos los partidos están contaminados con esa visión del agua, sobre todo el PP. Hay que acabar con esa dinámica de primero hablar de regadíos y luego ya vendrán los recursos, eso es un disparate.

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