Luciano Alonso evita dar la cifra de subvenciones de formación que la Junta está reclamando

El Gobierno de Andalucía ha ofrecido este viernes información sobre los fondos de formación pero no una cifra de cuánto dinero reclama a los beneficiarios de estas subvenciones desde 2007 a 2011 que no habrían sido debidamente justificadas. En la comparecencia parlamentaria del pasado 18 de diciembre llegaba a 20,8 millones de euros, tal y como sí se informó entonces y en todas las que hubo previamente. Desde ese 18 de diciembre de 2014 se han revisado un millar más de subvenciones del periodo, de los que el 8,5% se han saldado con el inicio de expediente de reintegro total o parcial, pero no se ha precisado cuánto es en euros, eludiendo con ello el titular que buscaba la oposición y la prensa. 

Transcurridas casi dos horas de comparecencia en la diputación permanente del Parlamento de Andalucía, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, no ha cuantificado el montante cuya devolución se exige, ni a los diputados ni a la prensa que ha preguntado luego. Sólo ha concretado estos datos: de los 8.505 expedientes del periodo sometidos a revisión, se han tramitado ya 7.785, o sea el 91,5% del total. Ha destacado que la mayoría se ha completado perfectamente, y esto ha permitido que en 2013 se abonaran más de 10 millones de euros a organizadores de estos cursos, y en 2014 otros 33, rechazando con estas cifras “la idea de fraude generalizado” que quiere “vender la oposición”.  

En esta comparecencia, a falta de una semana para empezar la campaña de las elecciones autonómicas, ha empezado subrayando que estaba para informar, “no del fraude de la formación”, sino de la gestión de las subvenciones para cursos. El también número 1 del PSOE-A por Málaga, que ha dado estas explicaciones por petición del PP-A e IU, se ha centrado en hacer gala de su “ejercicio transparencia” para informar de este asunto, lo que había hecho por última vez el 18 de diciembre de 2014 cuando todavía estaba constituido el Parlamento de Andalucía, y que ahora se ha visto obligado a repetir por la presión de la oposición.

La intención de la oposición era que estuviera la presidenta, Susana Díaz, dando las explicaciones, y por eso han reprochado reiteradamente que “no dé la cara”. El que ha comparecido pues ha sido el consejero del ramo, quien a su vez ha criticado, por un lado, que el PP-A “sólo quiera una cifra para un titular”, por la insistencia de los populares en que ofrezca datos sobre cómo va la investigación que inició la Junta de Andalucía en septiembre de 2013. Y por otro, se ha mostrado dolido con IU, por el cambio de tercio cuando hasta hace unas semanas estaba en el Gobierno. Y sobre todo, Luciano Alonso ha ironizado con el hecho de que la oposición haya convertido en “tan vital” una comparecencia que sólo obedece a “oportunismo político”.

En la convocatoria, se ha puesto a repasar los pasos dados para la gestión de estos fondos públicos, marcando como “hito” la decisión de eliminar la figura de la exceptuación, o sea, no se concederán nuevas subvenciones con justificaciones pendientes de otras previas, una práctica que en la Junta de Andalucía era habitual. Igual que se ha decidido establecer la concurrencia competitiva como fórmula para otorgar nuevas subvenciones, por recomendación de la Cámara de Cuentas que en un informe muy contundente había criticado el método que se empleaba para repartir estos fondos públicos.

Luciano Alonso ha denunciado también el uso que ha hecho el PP-A de este caso, con “filtraciones” a la prensa por parte de miembros del Gobierno de la Nación, refiriéndose a la información ofrecida sobre las distintas fases de la operación Edu, en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indaga el fraude en los cursos.

En plena precampaña...

La sensación de IU es que no se están investigando las mecánicas “perversas” y los “fallos” de funcionamiento del modelo para gestionar estos fondos públicos “ni se van a reconocer responsabilidades políticas”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, le ha reprochado a Luciano Alonso su reacción para responder “a un hecho de normalidad democrática”, pero que ha provocado que los socialistas aparezcan “mosqueados” y “renuentes”, y haciendo referencia a una “pinza”.

Por otra parte, le ha afeado que hable como “un burócrata” y le ha reiterado numerosas preguntas que se han quedado sin respuesta también esta vez: ¿por qué hay expedientes con exoneraciones desde 2007 que no se han verificado hasta ahora?, ¿se habían verificado antes expedientes y cuántos?, ¿qué criterios de exoneración se han seguido para que unos años haya habido muchas, otros menos y otros ninguna?, ¿por qué hay empresas que han obtenido subvenciones antes de estar inscritas?, ¿por qué hay empresas relacionadas con militantes y cargos del PSOE-A?, ¿con qué criterio se decidían las subvenciones? o ¿por qué habiendo denuncias de mala praxis en el grupo de Ángel Ojeda se le siguieron dando subvenciones?

Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, le ha agradecido su comparecencia, pese a que cree que no debía haberse producido por ser un periodo preelectoral. Ha calificado de “situación absolutamente irregular” la provocada por la oposición, “que ha retorcido el reglamento” para forzar esta convocatoria. Toda su intervención se ha centrado en descalificar la propuesta de la oposición para esta comparecencia, que en su opinión, sólo se reserva para casos de “extrema gravedad”.

Desde el PP-A, Carlos Rojas también han pedido “responsabilidades políticas por este desmadre”. Tras considerar que la presidenta “vio, escuchó y calló” en relación a este “escándalo”, ha censurado su “cobarde despedida política”. Igualmente, Carlos Rojas ha incidido en que esta revisión no se había hecho “nunca” hasta que el PP-A lo denunció y la justicia comenzó a intervenir. También ha hecho preguntas sin respuestas: ¿qué dinero se ha devuelto? o ¿cuánto se ha recuperado?