El PSOE abre el debate en el Parlamento andaluz sobre la retirada de publicidad institucional a medios condenados por mentir

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitieron sendos comunicados, la semana pasada, instando al Ayuntamiento de Sevilla (con José Luis Sanz, del PP, como alcalde) y a Tussam, la empresa municipal de transportes, a retirar y modificar la adjudicación de campañas de publicidad a medios y empresas que “han sido condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus periodistas, por publicar y difundir mentiras e informaciones falsas”. Esta campaña, decía el comunicado, “incumple principios éticos de la profesión acordados por las asociaciones de la prensa de España”.

Apenas unos días después, y en vísperas del debate del estado de la comunidad andaluza, el PSOE ha decidido impulsar ese espinoso debate legislativo en el Parlamento autonómico, presentando una propuesta de resolución que insta al Gobierno de Juan Manuel Moreno a “no contratar publicidad institucional con aquellos medios de comunicación que incumplan el Código Deontológico aprobado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)”.

Ha sido el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien ha destacado esta iniciativa entre las líneas maestras del que será su discurso de réplica al presidente Moreno, que abrirá el debate de política general en Andalucía este miércoles en el Parlamento. Una propuesta de resolución no es, en sí misma, una iniciativa legislativa, pero puede dar pie a una proposición de ley si el Ejecutivo autonómico a hace suya. El dirigente socialista, no obstante, cree que el PP se valerá de su mayoría absoluta en la Cámara para tumbar la propuesta de su grupo.

El texto de la iniciativa socialista, al que ha tenido acceso este periódico, habla de medios y de periodistas -sin mencionar ningún nombre- “que de forma habitual difundan noticias falsas, bulos o ”fake news“, que hayan sido condenados reiteradamente por no respetar el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen o que tengan en su plantilla periodistas o reporteros condenados por la misma razón”. “Esta prohibición”, concluye el texto, “alcanzará tanto a las Consejerías como o cualquiera de las Administraciones públicas de la Junta de Andalucía que contraten publicidad institucional ya sea de forma directa o a través de las agencias o empresas adjudicatarias de los planes de medios”.

La opacidad sobre los contratos de publicidad institucional que otorgan las administraciones -en este caso la Junta de Andalucía- viene de largo. En enero del año pasado, una sentencia obligó al Gobierno de Moreno a facilitar el gasto en publicidad institucional señalando el importe concreto que percibía cada medio. Los jueces defendieron entonces que primaba el derecho a la información frente a la resistencia de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, que deriva la cuestión a una agencia subcontratada para decidir y ejecutar este reparto de fondos, y que a su vez se había negado a facilitar los datos.

Tras el fallo, el entonces titular de la cartera, Elías Bendodo -hoy en la dirección nacional del PP-, anunció que se harían públicos todos los contratos, también los de la época de gobiernos socialistas, y se llevarían al Parlamento. A día de hoy todavía no se ha cumplido este anuncio.

La Junta de Andalucía, a través de las agencias que tiene contratadas para repartir la tarta de publicidad institucional entre los distintos medios, está obligada a facilitar información detallada de cómo y cuánto contrata con cada uno, según la sentencia del Juzgado de la Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla. El fallo se conoció en enero de 2022 y era recurrible. Quien impulsó la denuncia en su momento fue elDiario.es/Andalucía, y también del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA). Desde el Consejo se solicitó a la agencia la información pero fue a los tribunales.

La semana pasada, el diario Público informó sobre el contrato del Ayuntamiento de Sevilla Servicios de difusión de las campañas publicitarias de Tussam durante el periodo comprendido entre final de 2023 e inicio de 2024, que repartió más de 320.000 euros de dinero público (IVA incluido) a distintos medios y grupos de comunicación. La Asociación de Prensa de Sevilla y la FAPE denunciaron entonces que la campaña “no se ajusta al principio de audiencia” que determina la jurisprudencia de los tribunales de Justicia en esta materia, además de que hace llegar fondos a medios de comunicación que han sido condenados por mentir.