Ex altos cargos andaluces condenados por los ERE se niegan a declarar en otro juicio por ayudas de 2,3 millones

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes el juicio de la pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con cargo a los fondos autonómicos, correspondiente a las ayudas por importe de unos 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica, destacando el anuncio de las defensas de varios acusados respecto a su decisión de acogerse a su derecho constitucional a no declarar.

En concreto, los abogados del exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández; del exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y del ex director general de Trabajo Juan Márquez; Alfonso Martínez del Hoyo, Pedro Apalategui e Inmaculada Torres, respectivamente, han anunciado que sus defendidos optarán por acogerse a su derecho constitucional a no declarar cuando les corresponda comparecer ante el tribunal.

Es más, en los dos primeros casos, los letrados han anunciado su renuncia expresa a participar en los interrogatorios del resto de acusados, testigos y peritos y a las periciales propuestas en materia de defensa, así como a la asistencia a las sesiones más allá de las correspondientes a las comparecencias como tal de Fernández y Barberá, actualmente en prisión, según informa Europa Press.

Se trata, como ha resumido Pedro Apalategui, de una “participación pasiva” en el juicio, después de que en la fase de cuestiones previas, el tribunal haya denegado la petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción de apartarles de la causa. En ese sentido, Apalategui ha señalado los aspectos meramente “marginales o extemporáneos” atribuidos a Barberá en esta pieza, remarcando todos los abogados defensores en su protesta por la decisión del tribunal de desestimar sus cuestiones previas y las de la Fiscalía Anticorrupción.

En la sesión ha destacado además un agrio rifirrafe entre la abogada del acusado Juan Francisco Algarín, Ofelia Liñán, y el presidente del tribunal, al ser denegada su petición de renunciar a la defensa de este inculpado por coincidir el juicio con otros procedimientos que tiene encomendados.

En las cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado “apartar” de la causa a Fernández, Barberá y Juan Márquez, una vez emitida la sentencia del Tribunal Supremo sobre los recursos de casación planteados contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia, que condena a los mismos y a otros ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán; por el denominado como “procedimiento específico” de financiación con fondos públicos de los citados ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias y sin publicidad.

El fiscal, en ese sentido, manifestaba que la sentencia del Supremo que ratifica la condena por malversación impuesta a estos tres ex altos cargos de la Junta por el “procedimiento específico” de financiación de los ERE, o sea el mecanismo administrativo mediante el cual era aplicado el dinero público, “incluye todas las disposiciones de fondos públicos realizadas por los acusados” durante el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos. Al punto, recordaba que todos estos fondos fueron consignados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

Por eso, reclamaba excluir del juicio a los tres citados inculpados por el principio 'non bis in idem', que impide sancionar penalmente un mismo sujeto respecto a un mismo hecho o comportamiento ya juzgado, señalando que los hechos abarcados por la pieza de las ayudas a Surcolor y Surcolor Óptica, en lo que concierne a Fernández, Barberá y Márquez, “son coincidentes” según el fiscal del caso con los aspectos por los que todos ellos fueron ya juzgados y condenados por la Sección Primera de la Audiencia.

En abril de 2022, antes de que recayese la sentencia del Supremo resolutoria de los recursos de casación contra la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla sobre el citado “procedimiento específico”, esta misma Sección Tercera de la Audiencia que aborda ahora esta pieza de los ERE condenó a Fernández y Juan Márquez a siete y cuatro años de cárcel, respectivamente, por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), siendo absuelto Agustín Barberá.