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Unidas Podemos recurre ante el Constitucional la Ley del Suelo de Andalucía por su “urbanismo aleatorio”

Archivo - Los portavoces de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero y Martina Velarde, en una foto de archivo en el Parlamento andaluz.

Unidas Podemos ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada por el Parlamento autonómico el pasado 25 de noviembre con los votos de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE. La coalición de Podemos e IU fue el único grupo que presentó una enmienda a la totalidad contra la llamada Ley del Suelo del Gobierno de Juan Manuel Moreno, al considerar que fomenta la especulación urbanística, la construcción en suelo rústico y la apertura de campos de golf en zonas con serios problemas de sequía.

El recurso de inconstitucionalidad parte de Unidas Podemos por Andalucía, pero se necesitan al menos 50 diputados del Congreso para presentar el registro. La denuncia, por tanto, la formalizó este martes el grupo confederal morado junto a ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, asesorados por Ecologistas en Acción y la plataforma ALIENTE. El argumento jurídico principal es que la norma andaluza “vulnera el principio de autonomía local, en tanto que interfiere en los intereses de los municipios que les son propios impactando de forma directa en el medio ambiente y en la búsqueda de un desarrollo sostenible”.

La denuncia señala que la ley “sustituye el racional ejercicio de la potestad municipal planificadora por una suerte de urbanismo aleatorio que permitirá introducir usos y explotaciones destructoras de los valores ambientales con que cuenten los suelos afectados, por el desviado método de no haber sido previsto o planificado por la entidad local en los términos prohibitivos que la norma ahora establece”.

La líder de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, explica que su grupo “se ha visto obligado a ir al Tribunal Constitucional para defender Andalucía de un Gobierno que quiere convertir todo el litoral andaluz en un pelotazo urbanístico para vender nuestra tierra a las grandes multinacionales de la construcción”.

Dos viajes al Parlamento

La denuncia, de 83 páginas, pide al Constitucional la “nulidad” de toda la ley y, en caso de que el tribunal lo desestime, que “declare la inconstitucionalidad y nulidad de siete artículos y dos disposiciones adicionales. La Ley del Suelo de Andalucía es una de las apuestas legislativas más importantes del Gobierno de Moreno. El propio presidente estimó que sólo esta norma, junto a los decretos ley de simplificación administrativa, ”valían por toda una legislatura“. La ley entró en el Parlamento antes del verano de 2021 y fue inicialmente tumbada por los votos en contra de Vox y del PSOE. Después de diez reuniones y una intensa negociación con el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, la norma introdujo modificaciones y regresó a la Cámara, esta vez con el apoyo explícito de Vox y la abstención del PSOE, que ya había sustituido a Susana Díaz por el nuevo secretario general, Juan Espadas.

La LISTA, argumenta Unidas Podemos, considera usos ordinarios en suelo rústico las actividades mineras y los megaproyectos de energías renovables, “lo que lleva a considerar un mega-parque eólico o fotovoltaico en la misma categoría que un cultivo de hortalizas”. La coalición morada acusa a la norma de borrar de un plumazo “la actual protección del suelo no urbanizable especialmente protegido, espacios que conviene preservar por su destacado valor cultural, ecológico, medioambiental, de biodiversidad o paisajístico”.

El PSOE también rechazaba este aspecto de la norma (artículo 22.2), que permite construir viviendas unifamiliares en suelo rústico con ciertas condiciones y sin que éstas estén vinculadas a un proyecto turístico o agrícola. Los socialistas pelearon sin éxito para que este artículo fuera eliminado o modificado, pero a la postre, respaldaban la nueva ley que demandaban muchos de sus alcaldes. La ley recoge que el propietario de esas viviendas unifamiliares -nunca se permitiría más de una juntas ni un núcleo urbano en mitad del campo- tendría que pagar un 20% de la misma al ayuntamiento como “prestación compensatoria”.

Lo que dice la ley

Unidas Podemos también ha denunciado la inconstitucionalidad de introducir una reforma tan profunda en la Ley del Suelo mediante una disposición adicional de un decreto de medidas contra la Covid-19, “tramitando la ley por procedimiento de urgencia cuando constitucionalmente no está justificada” dicha celeridad. En el recurso también solicitan al Tribunal Constitucional que recabe del Parlamento andaluz “el expediente y cuantos informes y documentos se hayan elaborado en relación con la Ley impugnada, a efectos de formar un mejor juicio”. Los denunciantes reclaman esos informes para “completar” su denuncia en el trámite de alegaciones, llegado el caso.

La Ley andaluza del Suelo viene a agilizar la aprobación de los planes generales urbanísticos de los municipios, que hasta ahora tardaban de media nueve años en salir adelante. Casi 500 localidades, el 77% del total, no tiene adaptado su PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Otros 113 ni siquiera lo han iniciado, según datos de la Consejería de Fomento. Esto estaba impidiendo el “desarrollo” de los municipios, según denunció la consejera del ramo, Marifrán Carazo, pero también muchos alcaldes andaluces. Espadas recogió el testigo de Díaz al frente del PSOE andaluz cuestionando que su grupo hubiera votado contra esta ley. Los socialistas gobiernan en 458 municipios de Andalucía, el 58% del total, y sus regidores estaban muy interesados en que la Ley del Suelo entrase en vigor cuanto antes.

La normativa fusiona y simplifica dos grandes normas autonómicas: la de urbanismo (LOUA) y la que regula la ordenación del territorio (LOTA). La primera tiene 18 años de vigencia, ha sido modificada ocho veces, y el PP siempre la ha considerado un escollo para el crecimiento económico de Andalucía. Ahora la Junta ha sacado adelante una norma que reduce a la mitad los plazos para tramitar proyectos, “pero sin menoscabar la participación de los agentes sociales”. También simplifica la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se reduce en un 30% su articulado, y “se incorpora la perspectiva de protección medioambiental y directrices para proteger el litoral”. El Ejecutivo andaluz niega que tajantemente que sea un riesgo para la sostenibilidad e insiste en que se va a “reforzar la disciplina urbanística”.

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