Cantabria, la tierra de los mil cárteles

Pactar para repartirse el mercado o influir en funcionarios con capacidad decisoria para recibir adjudicaciones no son prácticas nada nuevas bajo el sol en Cantabria. Escándalos como en el que actualmente vive inmersa la Consejería de Obras Públicas han ocurrido con anterioridad en este y otros departamentos y también en otras administraciones.

La diferencia estriba en que el último episodio se produce en puertas de unas elecciones autonómicas y afecta a un partido, como el PRC, que manifiesta una tolerancia cero con la corrupción, y cuando escasos días antes demandó responsabilidades políticas (y las consiguió) por el fiasco de los trenes de Asturias y Cantabria que estaban siendo diseñados por el Ministerio de Transportes. Las cabezas que el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla pedía cobrarse finalmente rodaron y la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe fueron cesados por la ministra Raquel Sánchez.

El escándalo de los carreteras ha llevado la misma deriva y ya se ha cobrado a tres cargos políticos: los del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa; el director general de Carreteras, Manuel del Jesus; y el subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín.

Hace más de una década, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio un duro golpe económico en términos de multas a lo que había sido bautizado como el G5, un cártel de cinco grandes empresas del sector de la construcción en la Comunidad Autónoma, que mediante el antiquísimo método de repartirse el pastel entre bambalinas encarecieron un 20% las obras de asfaltado, tanto obras públicas como privadas. Posteriormente, la Audiencia Nacional atendió los recursos que se presentaron contra las importantes multas, pero los hechos fundamentales no fueron cuestionados por la Justicia. La confabulación para alterar precios al alza y repartirse el pastel de lo público existió.

Según recogió en 2013 el diario El Mundo, el también conocido como Cártel del Asfalto congregaba a 11 empresas cuya voracidad abarcaba todos los ámbitos y tipos de contrato, hasta el precio del asfalto vendido directamente en planta. Todos ellos fueron multados con más de 12 millones de euros. Las multas fueron consideradas desproporcionadas por la Justicia con posterioridad, aunque los hechos quedaron confirmados.

La Comisión Nacional de la Competencia consideró acreditado que entre 1998 y 2011, más de 900 obras públicas en Cantabria fueron repartidas entre los integrantes de un cártel. En consecuencia, Competencia aplicó multas millonarias a los grupos Servicios y Obras del Norte (SENOR), con una suma de 4,39 millones de euros; a SIEC Construcción y Servicios, con 3,82 millones de euros; a Emilio Bolado e Hijos, con 2,87 millones de euros; a Ascan Empresa Constructora y de Gestión, con 2,29 millones de euros; a Arruti Santander, con 1,45 millones de euros; a Asfin Cantabria, con 595.600 euros; a Cuevas Gestión de Obras, con 335.030 euros; a Hermanos Torres Roiz, con 555.670 euros; a INOR, con 86.080 euros; y a Construboc 2002, con 129.050 euros.

No todas fueron multadas con similar cuantía ni tuvieron igual peso en el escándalo. El tinglado montado para repartirse el mercado estuvo copado, según Competencia, por cinco empresas que a sí mismas se llamaban el G5 (SENOR, Arruti, Emilio Bolado y Acansa, Asfin y Ascan).

En otros casos, además era la segunda vez que se les sancionaba por traspasar los límites de 'fair play' de la competencia (Ascan, SENOR y Emilio Bolado). ¿Cómo actuaba el Cártel del Asfalto? El procedimiento era elaborado y su objetivo era el reparto tanto de las obras licitadas por el Estado y la Comunidad Autónoma como contratos del sector privado y las mismas ventas de asfalto en planta.

Asimismo, había empresas que pactaban la presentación de ofertas a licitaciones públicas para la construcción y mejora de vías públicas. Los pactos incluían los acuerdos de acompañamiento necesarios para el reparto de las obras correspondientes a procedimientos negociados normalmente sin publicidad y contratos menores. La CNMC evaluó en su día en un 20% el encarecimiento que estas prácticas comportaban en el precio público de las adjudicaciones.

Años después, la Audiencia Nacional empezó a anular por “desproporcionada” alguna de las multas, estimando parcialmente los recursos de las empresas, y dio un tirón de orejas a Competencia para que ajustase el importe de las sanciones a la doctrina que había establecido en 2015 el Tribunal Supremo a la hora de cuantificar el importe de las multas, respetando el principio de proporcionalidad. El Tribunal Supremo no estimó los recursos de casación presentados.

Cártel de las Consultoras

La del asfalto no fue la única confabulación de empresas para repartirse la contratación. En Cantabria se detectó también un ramal de lo que se denominó el Cártel de las Consultoras.

Las empresas Deloitte y 97S&F fueron las más significadas en Cantabria por las prácticas para distorsionar la equidad del mercado y hacerse con contrataciones, durante al menos un período de al menos 10 años. Se amañaron licitaciones de contratos menores de instituciones cántabras, según concluyó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un informe que contemplaba sanciones para las imputadas. El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria fueron las dos administraciones más afectadas en Cantabria.

Finalmente, la Comisión impuso multas por un total de 6,3 millones de euros a Deloitte, por actuaciones de este tipo en toda España, no solo en Cantabria, entre 2008 y 2018.

Cártel del Transporte

Otra asociación supuestamente montada para amañar y encarecer en definitiva concursos fue la del sector del transporte por carretera, tanto en el ámbito de viajeros, como de transporte escolar y mercancías.

En 2019, la CNMC investigó a varias empresas, llegando a realizar registros en varias dependencias. En 2021 impuso fuertes sanciones, aunque no a todas las empresas investigadas. Algunas de estas sanciones fueron posteriormente recurridas y anuladas.

La CNMC sancionó, concretamente, a dos cárteles a través de los cuales las empresas participantes adoptaban acuerdos de reparto de mercado y de no competencia. En la misma resolución también se sancionaba a una asociación por haber realizado una recomendación colectiva de precios prohibida por las normas de defensa de la competencia.

El expediente se inició tras la denuncia de la Federación Cántabra del Taxi y la información recabada durante las inspecciones realizadas en febrero de 2019 en las sedes de varias empresas de transporte. Si bien las actuaciones se incoaron en un principio respecto de 25 empresas y dos asociaciones, finalmente la CNMC consideró solo acreditadas las infracciones para cinco de las empresas y una de las asociaciones. En concreto, y vinculados al transporte, encontró los siguientes cárteles: