El Gobierno retrasa la demolición de las viviendas del Alto del Cuco

Las 200 viviendas construidas en el Alto del Cuco siguen esperando las palas. Hace más de tres años que el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Piélagos y la constructora -Martinsa Fadesa-, obligando entonces a la Administración pública a derribar las viviendas y a restaurar el monte protegido sobre el que fueron levantadas.

El Gobierno de Cantabria, que trabaja en coordinación con el Consistorio, anunció que el derribo se haría efectivo durante el año 2014, cosa que no ha sucedido, y ahora todo apunta a que será el próximo Gobierno el que haga frente a la ejecución de la sentencia. Así se desprende de las palabras del consejero de Urbanismo, Javier Fernández, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa para hacer una recapitulación del estado del Plan de Derribos.

Durante su comparecencia, Fernández ha manifestado que la intención del Ejecutivo autonómico es “impulsar” durante el 2015 la demolición del Alto del Cuco que, según sus cálculos, tendrá un coste de entre 300.000 y 500.000 euros. Gobierno y Ayuntamiento han de elaborar el pliego de condiciones, sacar a concurso público los trabajos de demolición y adjudicarlos, algo que casi con toda probabilidad no sucederá antes de mayo, cuando hay elecciones, con que el derribo quedará en manos del próximo Gobierno.

De momento, la prioridad del Ejecutivo presidido por Ignacio Diego es conceder todas las 'autorizaciones provisionales' a las viviendas con sentencia de derribo que, a juicio del Gobierno, son susceptibles de ser legalizadas. Con esta figura urbanística, aprobada a través de una modificación de la Ley del Suelo, se concede una especie de indulto temporal, que será definitivo cuando los ayuntamientos afectados aprueben sus nuevos planes generales de ordenación urbana.

El Gobierno ya ha concedido 183 autorizaciones provisionales -41 en Piélagos, 32 en Escalante y 110 en Miengo- y tiene en tramitación otras 262. Con ello, espera tener aprobadas durante el mes de marzo 449 licencias provisionales sobre las 621 viviendas que hay en Cantabria con sentencia firme de derribo.

Estas licencias quedarán a expensas de lo que decidan los tribunales de Justicia, ya que está previsto que sean recurridas por el demandante, la asociación ecologista ARCA. Es decir, que el veredicto final no se conocerá hasta dentro de dos o tres años, según ha reconocido el propio consejero.

De forma paralela, el equipo de Fernández está desarrollando junto a AMA -la asociación formada por los afectados- un acuerdo que determine la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública ante los compradores.

En las 130 viviendas ubicadas en Arnuero que no son susceptibles de ser legalizadas y que tienen que ser demolidas, el Gobierno ofrece a los damnificados otra vivienda de similares características que se les entregará antes de que la ilegal sea demolida o la indemnización en el modo fijado por los tribunales, que corresponde al precio de la escritura más la actualización del IPC, una valoración no compartida con los afectados, que denuncian que perderán casi la mitad de lo que invirtieron.

Este acuerdo, que el Gobierno espera cerrar entre abril y mayo, también se está ofreciendo a las viviendas con autorizaciones provisionales, si bien el Ejecutivo cántabro confía que “muy pocas” familias se acojan a él dado que hay “fundadas esperanzas” que pueden ser legalizadas.

¿Cuánto costará?

Preguntado por la cuantía a la que ascenderá el desarrollo del Plan de Derribos -las indemnizaciones, demoliciones y construcción de nuevas viviendas-, Fernández ha recordado que a comienzos de legislatura el Gobierno de Cantabria realizó un estudio que cifraba el coste entre 150 y 250 millones de euros, bastante inferior a los cerca de 350 millones que estima AMA. No obstante, el consejero ha subrayado que la cifra será “sustancialmente más baja” porque confía en que la mayoría de las viviendas sean legalizadas.

Fernández ha detallado que el Gobierno ha consignado una partida de 500.000 euros en los presupuestos de 2015, con la que prevé hacer frente a la indemnización de las cerca de cinco familias que ya han reclamado el pago. El consejero también ha dicho que con este fondo el Gobierno licitará las obras de demolición del Alto del Cuco, estimadas entre 300.000 y 500.000 euros.

A preguntas de la prensa, Fernández ha indicado que en la “mayoría” de los casos la responsabilidad patrimonial es compartida entre el Gobierno y los Ayuntamientos, aunque ha explicado que será el Ejecutivo el que inicialmente asuma los costes, de modo que actuará a modo de prestamista con los ayuntamientos, que tendrán que ir devolviendo el préstamo anualmente. Para el consejero, ésta cuestión es “indiferente” a los afectados, que lo que les preocupa es recuperar su patrimonio. “Las Administraciones ya se arreglarán entre ellas”, ha espetado.

Ejecutar las sentencias

La legalidad o no de las autorizaciones provisionales será determinada por el Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) presentara una cuestión de inconstitucionalidad al entender que la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria -aprobada en junio de 2013- puede vulnerar las competencias del Estado. El fallo no se espera hasta dentro de unos dos años.

Las licencias definitivas aprobadas a través de los nuevos planes generales también se espera que sean recurridas por ARCA. En este caso, como cada ayuntamiento aprobará su plan general en periodos distintos, la sentencias llegarán en fechas distintas aunque también transcurrirán varios años. En este sentido, el portavoz de los afectados, Antonio Vilela, cree que la solución a las viviendas con sentencia de derribo se prolongará durante dos legislaturas más, según afirmó en una entrevista concedida a eldiario.es Cantabria.

Por su parte, el consejero de Urbanismo ha asegurado que no habrá por parte del Gobierno “más intentos de legalización” y “se respetará” la decisión que tomen los jueces sobre cada una de las licencias. De esta forma, se demolerán las viviendas cuyas licencias no tengan el respaldo de los tribunales y la Administración o bien indemnizará económicamente a los afectados o asumirá el coste del realojo y la construcción de una vivienda similar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio dé por buena.