Los grupos de la oposición estudian si recurren a la Justicia para que se convoque la comisión de basuras

La oposición municipal está en conversaciones para decidir si recurre a los tribunales para que se convoque la comisión de investigación sobre basuras, encargada por el pleno de la Corporación, con la única oposición del PP, de fiscalizar la gestión de este servicio privatizado.

La UTE Ascan-Geaser se encargó de la recogida de residuos y limpieza viaria de la capital cántabra hasta que el propio Ayuntamiento resolvió el contrato en 2021 ante el demoledor informe que sobre los incumplimientos del adjudicatario había dictado la Intervención municipal.

La alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP), ha echado mano de evitar por decreto la convocatoria cuando parecía que todo quedaba despejado al rechazar el Pleno de la Corporación el recurso presentado por el primer teniente de alcalde, César díaz (PP).

Si la primera convocatoria de la comisión quedó invalidada por la Alcaldía, esta ha vuelto a echar mano de sus atribuciones para, apoyándose en un informe de los letrados de la Corporación, volver a bloquear la convocatoria del órgano. La actuación de los Servicios Jurídicos ha vuelto a ser cuestionada por la mayoría de la Corporación, que desde hace meses intenta obtener representación letrada independiente ante la desconfianza, por su supuesta parcialidad, que le merecen los letrados municipales.

El portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado que el “decretazo” de Alcaldía firmado por Gema Igual para “evitar” el inicio de la comisión de investigación sobre el polémico contrato de las basuras es “otra cacicada del Partido Popular”, que supone un “secuestro de la voluntad de la mayoría de los santanderinos representados en el Pleno”.

Fernández ha informado en nota de prensa que mantiene conversaciones con el resto de grupos municipales para recurrir ante la Justicia “la última maniobra antidemocrática del PP para evitar que se investigue la crisis de las basuras”, en una anulación mediante decreto de Alcaldía que el portavoz socialista contrasta con los “informes favorables” del Secretario a una comisión cuyo inicio tenía “plenas garantías legales”.

El portavoz socialista ha recordado que el Pleno es el órgano de máxima representación política del Ayuntamiento y la comisión de investigación contaba con “dos informes favorables” del Secretario General: del 22 de julio avalando su creación y del 5 de septiembre indicando la desestimación de los recursos del PP frente al acuerdo plenario del 29 de julio.

De esta manera, según Fernández, el último Pleno extraordinario celebrado el 8 de septiembre “resolvió el fondo del asunto” con la desestimación de los recursos presentados por el portavoz del PP, César Díaz, al que se adhirió la concejala de Medio Ambiente del PP, y en base a los que la alcaldesa había motivado la suspensión, por lo que “llegado este punto” a Igual “no le quedaba otra alternativa” que volver a convocar el inicio de la comisión de investigación.

Sin embargo, Igual “se ha vuelto a apoyar en un informe jurídico que se excede totalmente”, ya que “se adelanta a los acontecimientos y prejuzga” el procedimiento que instruye la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) sobre la modificación del Reglamento que permite crear comisiones de investigación, ha señala Fernández. “Todo con el objetivo último de impedir por decreto el inicio de la investigación de las basuras”.

Para el portavoz del PSOE, el informe de la Asesoría Jurídica Municipal es “absolutamente excesivo”, no sólo porque “vuelve a dejar indefenso al Pleno”, sino “porque prejuzga un asunto que no está resuelto en sede judicial y en el que además los magistrados del TSJC ya desestimaron las medidas cautelares instadas por el PP”

Además, ha respondido al portavoz de los populares que los jurídicos municipales “informan y no sentencian”, como, según dice, “sostuvo Díaz en su último comunicado”.

Así, ha aclarado que “el decretazo de las basuras de la alcaldesa choca frontalmente con el criterio del Secretario Municipal, que ha sostenido en dos informes que la modificación reglamentaria publicada en febrero en el Boletín Oficial tiene plena vigencia, una vez desestimadas las medidas cautelares y a la espera de una resolución definitiva del único recurso presentado, que es el del PP”.

En este sentido, ha manifestado que “el PP es el único en Santander que no quiere que se investigue el contrato de las basuras, porque en su afán por ocultar la verdad es evidente que están defendiendo intereses partidistas y particulares”.

“El interés general sólo puede entenderse en este caso por la voluntad inequívoca de la mayoría de los santanderinos representados en el Pleno municipal, que queremos llegar al fondo del asunto de un contrato multimillonario fallido para poder averiguar toda la verdad sobre los motivos que han llevado a la ciudad a estar más sucia que nunca”, ha enfatizado.

De esta manera, ha instado al PP a que retire su recurso contra el Ayuntamiento en los tribunales. “Si al PP le preocupa el interés municipal lo que tiene que hacer es retirar ese recurso vergonzoso y permitir que la investigación se inicie para que los santanderinos vayan a las urnas con toda la verdad y nada más que la verdad”, ha afirmado.

Catarata de sentencias

Asimismo, ha destacado que la “catarata de sentencias judiciales” a favor de la anterior concesionaria, que “ya asciende provisionalmente a 1,5 millones de euros más los intereses de demora”, pone “en entredicho” la actuación del PP y “confirma” todas las denuncias realizadas por el PSOE durante la actual legislatura.

“La estrategia del PP fue romper a cualquier precio aquel contrato que ellos mismos habían diseñado y adjudicado en el año 2012, que contemplaba recortes de 50 millones de euros y una progresiva decadencia del servicio por la reducción de 80 barrenderos y frecuencias de recogida de residuos”, ha señalado.

Finalmente, Fernández responsabiliza a Igual por “las consecuencias de romper unilateralmente ese contrato”, en una “huida hacia adelante para eludir su responsabilidad política” y “una operación de lavado de imagen por motivos electoralistas”, que supondrá una “inmensa hipoteca que los santanderinos tendremos que pagar a largo plazo”.