La adjudicataria del servicio de basuras de Santander se enfrenta a casi 500.000 euros en multas por incumplir el contrato

Lo que era una sensación generalizada entre los vecinos se puede decir ya que es una realidad confirmada por el propio Ayuntamiento de Santander: la ciudad está sucia y el servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos no funciona correctamente. Así lo certifican los 21 expedientes que tiene abiertos en estos momentos la empresa adjudicataria, la UTE Ascan-Geaser, que se enfrenta a sanciones económicas que pueden alcanzar los 500.000 euros en total.

“La situación en el servicio de basuras es insostenible. Hay más suciedad y menos personal en las calles. Eso se ve a primera vista. Es obvio que se está incumpliendo el contrato”, reconocen desde el Consistorio, que se encuentra en estos momentos en plena tramitación de esos expedientes sancionadores, con peticiones de multas que rondan los 25.000 euros por cada uno de ellos para la empresa concesionaria, según ha podido confirmar eldiario.es.

La UTE Ascan-Geaser se llevó en 2013 una adjudicación valorada en 159 millones más IVA por diez años para gestionar el servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos, un 'megacontrato' que fue concedido con una baja del 10% respecto al precio de licitación y con un precio que era un 20% inferior a lo que costaba el servicio hasta entonces, tal y como presumía la propia compañía en su web tras ser seleccionada.

“Las concesiones se llevaron a cabo con bajas económicas muy importantes que hacen casi imposible que se cumplan los pliegos y se mantenga un mínimo de calidad en el servicio”, señalan las fuentes municipales consultadas por eldiario.es, que denuncian que “hay una absoluta falta de control en los grandes contratos de servicios públicos privatizados por parte del Ayuntamiento de Santander”. 

Sin embargo, tras el cambio de la normativa estatal que obligó a los municipios a realizar un mayor control de sus contratos, Intervención puso en marcha en Santander un informe de control financiero de las principales adjudicaciones, aún en elaboración en algunos casos, pero que ya ha deparado sorpresas desagradables en servicios como Parques y Jardines o ahora en lo relativo a basuras y recogida de residuos. 

Los expedientes en marcha a Ascan-Geaser, además, señalan incumplimientos del pliego del contrato en materia de personal, con una plantilla más reducida de lo exigido, ausencia de inversión en maquinaria y tecnología, problemas de recogida en la práctica totalidad de las rutas o mal estado de papeleras y contenedores, por ejemplo. “Lo barato sale caro. Y a Santander le está saliendo carísimo”, advierten diversos responsables municipales consultados por este periódico. 

“Hasta ahora, se ha dejado hacer a las empresas adjudicatarias, que incumplen reiteradamente sus obligaciones sin que esto tenga consecuencias”, lamentan las mismas fuentes, que recuerdan que esos 21 expedientes sancionadores a la UTE Ascan-Geaser se abrieron entre los meses de mayo y junio de 2019, en plena campaña electoral y durante las semanas de negociación de la investidura que convirtió a Gema Igual (PP) en alcaldesa de Santander por segunda vez.

Precisamente, en ese pacto de legislatura entre el Partido Popular y Ciudadanos se incluyeron dos cláusulas por parte del partido naranja que recogen la necesidad de realizar “un control del cumplimiento del contrato por parte de las concesionarias de servicios públicos” y “que el Ayuntamiento asegure el cumplimiento de todos los servicios por parte de las concesionarias primando el interés general y los derechos de los ciudadanos”, algo que el portavoz de Cs en el Consistorio, Javier Ceruti, había reclamado cuando era candidato.

Los “reiterados incumplimientos” por parte de Ascan-Geaser en el servicio de basuras de Santander podrían ser incluso motivo de rescisión de contrato de manera unilateral desde el Ayuntamiento, a pesar de que aún esté en vigor y tenga tres años más de vigencia. No obstante, una decisión drástica parece poco probable teniendo en cuenta los plazos que se manejan en la Administración y la capacidad de recurso de la empresa, que podría acudir a los tribunales para intentar esquivar esas multas que rozan los 500.000 euros.

Ausencia de control externo

A todos estos problemas se le suma uno más que podría haber puesto remedio a la situación mucho antes, y es la ausencia de un control externo riguroso que evalúe, valore, monitorice y proponga medidas correctoras en el tratamiento de las basuras y la recogida de residuos de Santander, a pesar de que el Ayuntamiento adjudicó en 2017 un contrato que supera los 100.000 euros al año para que se lleve a cabo un seguimiento de la calidad del servicio que se está prestando. 

Este contrato recayó inicialmente en la Fundación Leonardo Torres Quevedo, un organismo dependiente de la Universidad de Cantabria, que renunció en 2019 en favor de la empresa Louis Berger-Apia XXI, y que tiene la obligación de realizar informes diarios, semanales y mensuales de diferentes aspectos como los medios humanos y técnicos o la gestión que está realizando la adjudicataria del contrato de basuras. 

No obstante, en la documentación que están revisando los técnicos municipales con motivo de los expedientes sancionadores a Ascan-Geaser no aparecen esos informes, o al menos no con la exhaustividad que deberían tener dado el pliego del contrato, algo que los responsables de la empresa adjudicataria justifican en un motivo aparentemente sencillo: no funciona la plataforma smart city que la UTE debería habilitar para transferir esos datos, por lo que el control externo no puede realizarse convenientemente.