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PP y Ciudadanos incumplirán por segunda vez consecutiva la Ley de Haciendas Locales si no elevan a pleno el presupuesto de Santander para 2023

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante una rueda de prensa.

Javier Fernández Rubio

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Quedan menos de 15 días para que concluya el mes de febrero y el equipo de gobierno municipal PP-Ciudadanos en Santander no tiene previsto elevar al Pleno de la Corporación el borrador de presupuesto que presentó a finales de diciembre la alcaldesa, Gema Igual (PP). En el caso de que no introduzca el debate de las cuentas de 2023, primero en la Comisión de Hacienda y después en el Pleno, incumplirá por segunda vez consecutiva lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales.

Todo hace pensar que la historia del año pasado se repetirá. En aquel entonces los grupos de la oposición fueron reacios a prestar su apoyo a las cuentas si no se negociaba la retirada de los recursos que bloqueaban la convocatoria de la comisión de investigación sobre el servicio de recogida de residuos. Vox, que había hecho posible que hubiera presupuestos en la primera parte de la legislatura, también se sumó a este 'sine qua non' por lo que lisa y llanamente las cuentas desaparecieron del trámite municipal.

En esta ocasión, con el borrador incluso presentado fuera de plazo a los grupos, puede volver a quedar enterrado, dado que es imposible llegar a un acuerdo con ningún grupo y por lo tanto a PP y Cs les falta ese único voto (el decimocuarto) que le daría mayoría absoluta para aprobar su presupuesto.

Los representantes de ambas formaciones, Gema Igual, por el PP, y Javier Ceruti, por Ciudadanos, están de acuerdo en que, ante la falta de apoyos en el plenario, el presupuesto ha dejado de ser prioritario y que las negociaciones están rotas. Igual ha ido más allá en sus apreciaciones y ha manifestado esperar que la próxima Corporación, con nuevos portavoces, al menos en PRC y Vox, esté más por el acuerdo o haya nuevas mayorías más favorables, lo que emplazaría el posible debate y aprobación a la próxima legislatura tras las elecciones del 28 de mayo.

Mientras, la ciudad seguirá gobernándose con las cuentas prorrogadas de 2021, a las que periódicamente hay que introducir modificaciones actuales para adaptarlas a las necesidades del año en curso. En 2022 se introdujeron no menos de 70.

Hasta la próxima legislatura, que se iniciará tras las elecciones de mayo, Santander no dispondrá realmente de un presupuesto o de borrador para el de 2023, algo que ha hecho que algunos portavoces de la oposición, como Guillermo Pérez-Cosío (Vox), hayan considerado que lo que pretende la actual alcaldesa es probar suerte con otros interlocutores, dando por supuesto de que ella misma obtenga la reelección.

Mociones parciales

El proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Santander para 2023 presentado hace semanas ascendía a 223,6 millones de euros, un 11% más (22,3 millones) que el anterior aprobado en 2021. Contempla 29,4 millones en inversiones.

Terminado el pasado día 5 el plazo para la presentación de enmiendas, los grupos PSOE y Unidas por Santander han enmendado a la totalidad el presupuesto, con el añadido de que los socialistas han formalizado también enmiendas parciales. A Vox se le pasó el plazo y el PRC anunció previamente unas propuestas para que fueran incluidas en el anteproyecto, que luego no enmendó. En todo caso, ante las enmiendas debieran pronunciarse tanto la Comisión de Hacienda como el Pleno de la Corporación. El pasado año, el trámite no llegó siquiera a la Comisión de Hacienda.

Ningún equipo de gobierno de la historia reciente del Ayuntamiento de Santander ha visto cómo le eran devueltas las cuentas presupuestarias para su reelaboración. No introducirlas en el trámite y seguir gobernando mediante modificaciones puntuales es la manera de evitar un revolcón político en puertas de unas elecciones.

La censura política de estos comportamientos, vía reprobación por el pleno, tampoco prosperó el pasado año, dado que la oposición no se puso de acuerdo en el objeto de la reprobación. Mientras el PSOE quería reprobar a la alcaldesa, a quien la ley encomienda impulsar el trámite, los regionalistas querían reprobar a toda la Junta de Gobierno, lo que hizo que Ciudadanos no lo apoyara, y por lo tanto ni la una ni la otra prosperaron, ya que Vox se abstuvo y la propia alcaldesa deshizo el empate con su voto de calidad en contra.

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