El PSOE pide los contratos con Santander de las empresas investigadas en la trama de carreteras

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander y candidato a la Alcaldía, Daniel Fernández, ha presentado una solicitud de documentación para examinar los contratos del Consistorio y sus empresas públicas municipales con las empresas investigadas en la trama de la obra pública en Cantabria en el periodo 2013-2022.

Fernández ha señalado en nota de prensa que las cuatro empresas investigadas (Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad) también son adjudicatarias de contratos en el Ayuntamiento de Santander.

En este sentido, ha recordado que dos de las investigadas (La Encina y API Movilidad) fueron adjudicatarias en UTE -con Copsesa- del “fracasado” concurso de Parques y Jardines, que “ha causado que el servicio público esencial se haya prestado durante cinco años sin contrato” y del que “tuvo que terminar desistiendo el Ayuntamiento en la presente legislatura”.

Según Fernández, el PSOE ha localizado “importantes contratos” de obras y servicios con estas empresas, como el mantenimiento de los túneles de Santander, a API Movilidad, por 858.816 euros en cuatro años, así como dos reconocimientos extrajudiciales de crédito o “facturas en el cajón” en junio y octubre de 2022, por servicios prestados “sin contrato ni cobertura legal”.

Asimismo, ha señalado que el viernes pasado, en el Consejo del Instituto Municipal de Deportes, tanto PSOE como PRC se opusieron a las adjudicaciones a Rucecan (otra de las empresas investigadas) de sendos contratos para la ejecución de obras de pavimentación y canalización de fibra óptica en instalaciones del IMD y el Complejo Deportivo 'Ruth Beitia', por importes de 451.603 y 122.804 euros respectivamente.

Al respecto, ha manifestado que “24 horas después” de la entrada de la policía judicial en la Consejería de Obras Públicas y de los registros en empresas y domicilios relacionados con la trama, “nos sorprendió mucho que la alcaldesa, presidenta del Consejo del IMD, nos trajera estos contratos con una de las empresas investigadas”.

Otras obras adjudicadas recientemente a esta empresa, ha indicado, son la renovación del pavimento en varios viales de El Sardinero, por 1,7 millones de euros o las obras de reordenación y pavimentación de la calle Repuente por 727.294 euros, una actuación en la que “el PP además ha solicitado fondos europeos de sostenibilidad tras autorizar una gasolinera junto al Instituto de Educación Secundaria Cantabria”.

También en la actual legislatura se ha encargado de la renovación de las calles Somorrostro y Los Azogues, junto a la Catedral, por unos 491.000 euros, ha continuado Fernández.

Previamente aparecen contratos de obras de acondicionamiento de la calle Miguel de Unamuno, entre la Avenida de Los Castros y la Bajada del Caleruco, por 203.495 euros o las obras de renovación del firme en Peñaherbosa o para la mejora y consolidación en la calle Castilla, entre otras, ha añadido.

Para el portavoz del PSOE, “los contratos de emergencia como los dos de la crisis de las basuras y las facturas en el cajón, que han costado 31 millones de euros a los santanderinos esta legislatura, son fórmulas de contratación excepcionales de las que ha abusado claramente el PP en la actual legislatura”.

Fernández ha respondido a las declaraciones de Gema Igual (PP) y Javier Ceruti (Ciudadanos), al respecto de las contrataciones con estas empresas desde el Ayuntamiento, que “no pueden eludir su deber de vigilar que todas las actuaciones han sido correctas ante la gravedad de los hechos conocidos”.

“Lo que nos enseña esta investigación judicial es que los políticos no pueden parapetarse en los informes técnicos como excusa para no vigilar que todas las actuaciones han sido correctas, sobre todo ante la gravedad de los hechos conocidos, sobre todo teniendo en cuenta la preocupación social con la corrupción en la obra pública y el historial del Ayuntamiento de Santander en la contratación”, ha añadido.

“También en la Consejería de Obras Públicas creían que todo era normal y legal y luego se ha destapado, a partir de la investigación judicial, que había toda una trama que ha desviado 31,5 millones, con cuatro empresas, empresarios, funcionarios y familiares implicados, así que lo mejor es examinar todos los expedientes municipales”, ha concluido.