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Sanidad establece entre una y dos horas como tiempo de respuesta máximo ante un conato de agresión a sanitarios en Cantabria

Concentración en el centro de salud de la Avenida de Los Castros para condenar las agresiones a sanitarios.

Javier Fernández Rubio

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Entre una y dos horas. Ese es el tiempo de respuesta máximo del que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) quiere disponer ante un intento de agresión a uno de sus sanitarios en un centro de salud o consultorio rural en Cantabria.

El Servicio Cántabro de Salud ha ofertado ya la compra y mantenimiento de un servicio de vigilancia en centros sanitarios de Atención Primaria, consistente en la instalación de 250 cámaras y un servicio de atención a incidencias que estará operativo las 24 horas del día, siete días a la semana. La licitación del servicio acaba de realizarse por un precio máximo de 198.672 euros y pretende acabar con las agresiones al personal sanitario en Cantabria.

La Consejería de Sanidad establece un tiempo de reacción de entre una hora y dos desde el momento en que se tiene constancia de un intento o agresión hasta la intervención por parte de las autoridades. La resolución completa de las incidencias no podrá superar las ocho horas de plazo.

“El tiempo transcurrido desde la notificación de la incidencia y el inicio de las actividades encaminadas a su resolución se establece en 60 minutos para zona urbana y 120 minutos en zona rural”, se indica en la oferta de contratación, a lo cual añade: “El tiempo transcurrido entre el inicio de las actividades encaminadas a su resolución y el instante en el que queda solucionada se establece en ocho horas”. 

Así se contempla en la memoria de la licitación del contrato 'Suministro e instalación de cámaras de videovigilancia y servicio de gestión y control para los centros de salud y consultorios rurales', que ha sido hecha pública por el Servicio Cántabro de Salud a través de la plataforma de Contratación.

Material y gestión

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) va a comprar 250 cámaras de vigilancia, con sus correspondientes repuestos, programas informáticos, atención y protocolo administrativo, de vigilancia y de comunicación de incidencias.

Dichas cámaras se instalarán del siguiente modo: 64 en centros de salud urbanos y 112 en consultorios rurales. El resto del material, 74 cámaras, se distribuirán a demanda del SCS allí donde considere.

Una vez se resuelva el contrato y se firme, el contratista dispondrá de 90 días para el suministro e instalación de los equipos, plazo que se enmarca en el período de dos años en que estará vigente dicho contrato, es decir, se contratan realmente 21 meses de gestión, control y garantía del servicio de videovigilancia.

La comunicación de incidencias a la empresa de videovigilancia se podrá realizar mediante teléfono móvil y correo electrónico. La empresa adjudicataria, además, mantendrá informada a quienes comuniquen la incidencia de la evolución de la misma y enviará un informe de cierre de incidencia al SCS.

Disuasión

La contratación de equipos viene determinada por la escalada en las agresiones que el personal sanitario viene sufriendo desde el fin de la pandemia. A tal fin, se contrata material de vigilancia ya que se considera que es un elemento disuasorio importante, al tiempo que proporciona seguridad y confianza a los empleados del Servicio Cántabro de Salud.

Las propias autoridades consideran que las agresiones, más allá del hecho puntual en sí, acaban provocando problemas en cascada que repercuten en la calidad del servicio. Como considera el propio SCS en su memoria del proyecto: “Los profesionales del sector sanitario que han sufrido una agresión expresan mayor temor ante los pacientes y familiares a partir de la agresión. Las consecuencias de los incidentes violentos afectan a la organización del trabajo, observándose un mayor aumento del absentismo laboral, un deterioro de la calidad del servicio y un descenso del rendimiento y la competitividad a corto y medio plazo”.

“La presencia de cámaras de video-vigilancia en todos los centros sanitarios y consultorios rurales es idónea como elemento inhibidor de conductas violentas, resultando un elemento externo disuasorio de actuaciones contra la seguridad de las personas, bienes e instalaciones. En el ámbito sanitario, además, favorece una percepción por parte de los profesionales sanitarios de mayor seguridad durante el tiempo de prestación de servicios en el interior de las dependencias de los centros de salud y consultorios rurales”, concluye. 

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