Los terrenos de Liberbank en Cazoña cambiarán de categoría urbanística para construir una residencia de estudiantes
De interés público y social a residencial, de residencial a interés público y social, y de interés público y social a educativo. Los terrenos propiedad de la antigua Caja Cantabria -ahora Liberbank- ubicados en Cazoña volverán a cambiar su categoría por tercera vez en poco más de cinco años. En esta ocasión, el suelo pasará a tener carácter de equipamiento educativo con el fin de facilitar la construcción de una residencia de estudiantes privada.
Así lo ha aprobado el equipo de Gobierno (PP) en Junta de Gobierno local a propuesta de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, según consta en la documentación consultada por eldiario.es. La reasignación de categoría ha sido aprobada de forma inicial y ahora el expediente se someterá a un periodo de información pública por espacio de veinte días, con el fin de que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.
Los terrenos de la antigua Residencia de Ancianos de Cazoña han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el Consistorio santanderino. Lo que iba ser un lucroso negocio se convirtió en un duro revés económico para las arcas municipales tras la anulación a finales del año 2016 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal Supremo.
En el año 2011, la Caja de Ahorros cerró el centro de mayores y firmó un acuerdo con la Administración municipal para recalificar esos terrenos y permitir la construcción de viviendas a cambio de ceder los 6,9 millones de euros que se generaban en plusvalías. El acuerdo se materializó pocos meses después con la aprobación del nuevo Plan General y el Consistorio hizo caja recibiendo una suma importante para gastar en inversiones.
La crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó en suspenso el proyecto urbanístico a la espera de tiempos más propicios para el ladrillo, hasta que de forma inesperada llegó el fallo judicial del alto tribunal y provocó que los terrenos retornaran a su calificación original al quedar nuevamente vigente el Plan General de 1997, obligando al Ayuntamiento de la capital cántabra a firmar un nuevo convenio con la entidad bancaria, pero esta vez para establecer las condiciones de devolución de esos casi 7 millones de euros, que, según dicho acuerdo, serán reintegrados en anualidades entre 2017 y 2023.
Este nuevo cambio de categoría del suelo no afectará a este último convenio y no rebajará la cantidad que el Consistorio ha de reembolsar al banco, ya que para ello “sería necesario que se produjera una modificación de la calificación de la parcela, y esta condición no se produce en este caso porque la calificación sigue siendo la misma: equipamiento privado”.
“Lo que se está tramitando es una concreción del equipamiento privado y no una modificación de la calificación”, explican a preguntas de este medio desde la Concejalía de Urbanismo aludiendo a los informes elaborados por los servicios jurídicos municipales.
En el mismo acuerdo, además de aprobar el cambio de categoría, el Ayuntamiento autoriza la implantación de un ascensor de emergencia en la fachada sur del edificio y establece que la actuación no podrá suponer menoscabo del número de plazas de aparcamiento existente.
