Luces y sombras de los primeros 40 años de autonomía de Cantabria

El 1 de febrero de 1982 entró en vigor de manera definitiva el Estatuto de Autonomía de Cantabria, un hito político que dio respuesta a una reivindicación histórica y que ha marcado el devenir de los últimos 40 años en la comunidad autónoma. Cantabria pudo recuperar así su nombre, sus símbolos y su identidad propia, además de incorporar progresivamente y de forma exitosa las competencias en áreas tan importantes como la Educación, la Sanidad o la Justicia, aumentando en estas cuatro décadas su capacidad de autogobierno hasta las cotas actuales. Pese a las dudas iniciales de algunos sectores que apostaban por continuar dentro del mapa como una provincia más de Castilla y León, la realidad se impuso en un camino sin vuelta atrás.

Y aunque en estos 40 años se han vivido etapas realmente convulsas, como las legislaturas en las que todo estuvo a punto de saltar por los aires bajo los mandatos del polémico expresidente Juan Hormaechea, posteriormente inhabilitado y condenado por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, con diputados tránsfugas, mayorías frágiles e incluso un Gobierno de Gestión, hoy en día el sistema político cántabro goza de una estabilidad que destacan todos los partidos implicados, que sin embargo admiten que el mayor peligro que existe en estos días para el futuro de Cantabria es el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Estado, que podría poner en riesgo la viabilidad económica de salir adelante en los términos que se ha planteado.

“Cantabria tiene un reto de futuro fundamental: seguir siendo una parte integrante del mapa autonómico español con singularidad propia y financiación adecuada para asentar el despegue económico, apuntalar los logros sociales de los últimos años, afrontar con garantías los retos de la innovación y la digitalización de la economía, la sostenibilidad, y apostar por el sector primario así como relanzar la educación y el desarrollo industrial como ejes de nuestro futuro”, sostiene Pedro Hernando, portavoz parlamentario del PRC, fuerza mayoritaria en la Cámara autonómica.

A su juicio, los 40 años de autonomía de Cantabria han servido para “apuntalar y sostener la Cantabria real, la que siente la gente de la calle”. “El reconocimiento como comunidad autónoma ha servido para asentar la idea común de Cantabria, potenciando nuestras señas de identidad y nuestro sentimiento de pertenencia a una tierra que ha sabido modernizarse y adaptarse a cada una de las etapas vividas a lo largo de las últimas cuatro décadas. Instituciones, competencias, gobierno, y políticas volcadas en las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria conforman el bagaje de estos 40 años, y esperemos que, con las modificaciones necesarias, de las próximas décadas”, asegura el dirigente regionalista, punta de lanza de un partido que formó parte del germen de la autonomía y que tiene como fundador a Miguel Ángel Revilla, que va ya por su cuarta legislatura como presidente gracias a su pacto de Gobierno con el PSOE.

Precisamente, desde el ala socialista, su portavoz parlamentaria, Noelia Cobo, insiste en que “el futuro institucional de la comunidad autónoma está asegurado” y señala como una de las prioridades que el nuevo modelo de financiación autonómica siga apostando por contemplar las especiales características y singularidades de la comunidad, con una dispersión poblacional y un envejecimiento que hacen más costoso el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía. “Sin la financiación justa, el proceso de ejecución de competencias autonómico se va a ver entorpecido. Aunque soy una firme defensora de que la autonomía, hay que ejercerla”, subraya la diputada del PSOE.

Dudas en la oposición

Menos optimista se muestra la actual presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. La líder de los populares cántabros, que ejerció como vicepresidenta y consejera de Sanidad durante la legislatura con mayoría absoluta del expresidente Ignacio Diego, defiende que, con la coalición PRC-PSOE, “la autonomía de Cantabria se ha convertido en la sumisión de Cantabria a Pedro Sánchez”. “La autonomía es tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero si el Gobierno está todo el día llorando y todo es 'Madrid, Madrid, Madrid, ¿para qué sirve la autonomía?, se pregunta.

Buruaga considera que Cantabria llega a este 40 aniversario con “un desgaste más que evidente” del bipartito de regionalistas y socialistas. A su juicio, el actual Ejecutivo “está en una situación de extrema debilidad para afrontar la negociación por la financiación autonómica porque la batalla la va a librar un Gobierno débil y sumiso y un Ejecutivo central que no cree en una nación de ciudadanos libres e iguales, sino en los privilegios que le mantienen en el poder”. Igualmente crítico con la autonomía es Vox, quien con tres representantes en el Parlamento cántabro es reacio incluso a reconocer las singularidades de Cantabria y su capacidad de autogobierno.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Félix Álvarez, pone en valor “un Estatuto que ha supuesto los 40 años más prósperos de nuestra historia” y que, desarrollando la Constitución, “ha supuesto la reafirmación de la historia, la identidad y la cultura de Cantabria dentro de España”. “Es ese marco de leyes fundamentales que nos permite como cántabros asumir nuestras responsabilidades para avanzar en el desarrollo económico, social y cultural de nuestra casa”, incide. Sin embargo, para el coordinador de la formación naranja, “otra cosa es lo que se ha hecho durante todos estos años con esas posibilidades que ofrece el Estatuto, que sería otro cantar”.

La izquierda pide más autonomía

“El 1 de febrero de 1982, Cantabria recuperó su nombre, ganó autonomía y continuó el proceso que el golpe de Estado de 1936, y la posterior dictadura, paralizó”, recuerda Luis del Piñal, coordinador de Podemos en la comunidad autónoma. A su juicio, tras un proceso de años de negociaciones en despachos y de muestras de dignidad en las calles, la entrada en vigor del Estatuto inició “un proceso irreversible por mucho que algunas minorías ultraderechistas quieran poner el debate encima de la mesa”.

“Cantabria existe y debe continuar por la senda de buscar más autogobierno, no menos. Tenemos que continuar explotando nuestras competencias para depender menos de gobiernos centrales que no conocen nuestra realidad tan bien como lo hacemos nosotros”, opina el portavoz morado, que defiende que “la política se haga desde la calle, de abajo hacia arriba, para conseguir consensos que hagan que la Cantabria de los próximos años sea espacio justo, feminista y ecologista, que sea una tierra próspera donde todos y todas podamos continuar desarrollando nuestras vidas”.

En esa misma línea se pronuncia otra formación extraparlamentaria como Izquierda Unida, cuyo coordinador autonómico, Israel Ruiz Salmón, critica que desde la aprobación del Estatuto “apenas ha habido un enriquecimiento sobre el texto y su aplicación que tenga implicaciones beneficiosas para la población cántabra”. Por un lado, el portavoz de IU considera que “los sucesivos gobiernos no han ejercido de forma eficaz y eficiente buena parte de sus competencias”, como en cultura y patrimonio, urbanismo, industria o vivienda, o el propio Defensor del Pueblo Cántabro, que está contemplado en el Estatuto pero que no existe. Por otra, Ruiz Salmón asegura que “el texto adolece de un blindaje de derechos o inclusiones que sí existen en otros estatutos autonómicos, como la gestión del agua, en el uso del embalse del Ebro, que cada año trae la misma polémica y podría evitarse”.

Cantabristas, la última formación en sumarse al tablero político, pone en valor que “la autonomía fue una conquista social muy importante que se reivindicó y se ganó en la calle con la unión de muchas fuerzas políticas”, pero su recién reelegido secretario general, Paulu Lobete, considera sin embargo que “la autonomía ha dejado un sabor agridulce porque Cantabria tiene unas herramientas que no se utilizan y eso supone un descrédito a largo plazo”. Pone el foco principalmente en la protección del territorio y en la lucha contra la especulación urbanística, y reivindica “profundizar en el autogobierno porque los lugares donde hay más autogobierno tienen mayor nivel de desarrollo, de bienestar y también de justicia social”.