El Parlamento aprobará la Ley del Suelo de Cantabria el próximo 27 de junio

El Parlamento de Cantabria aprobará el próximo 27 de junio la Ley del Suelo, la norma que marcará el desarrollo urbanístico de los próximos años e incluso décadas, teniendo en cuenta que la actual en vigor data de 2001. Su aprobación es segura, dado el acuerdo alcanzado entre los grupos PRC y PSOE que sostienen con amplia mayoría al Ejecutivo en la Cámara autonómica, pero está por ver si saldrá adelante por consenso, algo que los regionalistas esperan que ocurra tras haberse aceptado el 70% de las enmiendas propuestas por la oposición (PP, Cs y Vox).

No obstante, y aunque se ha llegado a posturas comunes en buena parte de los aspectos del proyecto, lo cierto es que hay un escollo que mantiene al PP alejado de apoyarlo. Se trata de la polémica en torno a la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, una exigencia, la de permitir su edificación, que para los populares es “una línea roja”.

Al respecto, el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha señalado en una rueda de prensa que, pese a la controversia generada, en su opinión, “desde el punto de vista de la población en general apenas tiene una relevancia específica”. 

En este sentido, ha subrayado que, en los últimos 10 años, la Comisión Regional de Urbanismo ha resuelto 1.130 expedientes de vivienda unifamiliar. Se trata de “una media de 113 al año. Y de ellas, el 60% se han construido en 17 municipios, y de estos, en 10 van a poder seguir haciéndolo con esta ley”, ha asegurado. Esos 10 municipios son Bareyo, Guriezo, Liéganes, Mazcuerras, Penagos, Ribamontán al Monte, Udías, Valdáliga, Villaescusa o Hermandad, según ha detallado. Sin embargo, otros como Piélagos o Marina de Cudeyo no podrán acogerse a estas autorizaciones, sino que serán sus nuevos planes urbanísticos los que determinen esa posibilidad.

“El problema de la construcción en suelo rústico afecta a menos de 400 personas al año, mientras que áreas de especial rehabilitación como la Puebla Vieja de Laredo, el núcleo tradicional de Castro Urdiales o el Cabildo de Santander afectaría a más de 25.000”, ha defendido.

Por ello, Hernando ha querido dejar claro que “a partir de junio de 2024, se podrá seguir construyendo en suelo rústico en los 39 municipios en riesgo de despoblación, en los 42 municipios de menos de 5.000 habitantes mediante la aprobación de las áreas de desarrollo rural, y en los de más de 5.000 habitantes los crecimientos se determinarán por el PGOU. 

“En 81 municipios se podrá seguir como en la actualidad, construyendo con las limitaciones que se establezcan en la ley o en los planes de ordenación de los crecimientos de los núcleos rurales”, ha subrayado, añadiendo que “lo que hemos oído siempre de que el padre deje al hijo un 'terrenuco' y se pueda construir su casa se va a cumplir al 100 por cien”. 

Por ello, ha denunciado “la triple trampa” del PP, que critica la moratoria de dos años que se establece en la disposición transitoria para que los municipios desarrollen las áreas de desarrollo rural o los planes, cuando “ellos presentan la misma enmienda, pero con un periodo de cinco años”. El PRC no aceptará esta enmienda, ha afirmado, “porque, en dos años, se podrán definir las áreas de desarrollo y más de 80 municipios ya podrá establecer sus áreas de crecimiento”. 

Para ello, las construcciones unifamiliares en suelo rústico deberán cumplir una serie de limitaciones, establecidas muchas de ellas en las enmiendas presentadas, tal y como ha detallado el portavoz regionalista. Así, deberán estar a 100 metros del suelo urbano residencial o núcleo rural y en las zonas de menor pendiente de la parcela y deberán ser energéticamente autosuficientes e integradas en el entorno, con un mínimo impacto visual. 

Además, no se exige parcela mínima (antes era de 200 metros) en los municipios en riesgo de despoblamiento y en el resto será de 1.500 metros; no se podrán abrir viales ni realizar parcelaciones urbanísticas; y no se podrán hacer en los núcleos que tengan suelos urbanizables residenciales sin desarrollar. 

Por último, se establece la permeabilidad de la parcela y la plantación de un árbol autóctono cada 50 metros, excepto que en las zonas que se sitúen instalaciones energéticas de autoconsumo. Al respecto, Hernando ha explicado que “la única diferencia” con la ley actual es que ahora, en algunos casos, se puede llegar a los 200 metros, “pero se exige parcela mínima de 2.000 metros, que ahora desaparece”.

“La nueva restringirá al máximo el régimen actual” 

El PP, por su parte, sigue abierto a negociar la ley, pero asegura que “no va a ser cómplice en la liquidación” de la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico tal y como, a su juicio, pretende el Gobierno PRC-PSOE. En este sentido, Roberto Media, portavoz del grupo parlamentario popular en materia de Obras Públicas, ha insistido en que “la nueva ley restringirá al máximo” la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, que ahora se permite, convirtiéndola en una “misión casi imposible”, por lo que se muestra partidario de mantener el régimen actual, “que ahora se quiere restringir”. Por ello, ha pedido a los regionalistas “que no engañen” y en su lugar “negocien honestamente con el PP, y no desde su actual postura de ”sumisión“ con respecto a los socialistas”.

Pese a esta diferencia de criterio, el portavoz del PRC ha subrayado que la nueva ley incluirá “decenas” de medidas para mejorar el urbanismo de Cantabria y “prácticamente todas ellas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios”.

“La reflexión que hay que hacer es si estamos de acuerdo en 280 artículos y en 12 tenemos algunas diferencias, ¿eso justifica no apoyar la ley?”. ¿Por 20 edificaciones al año, a partir del 2024, va a votar en contra el PP de una ley consensuada en la que se van a aprobar más del 70% de las enmiendas presentadas? Estoy seguro de que no“, ha dicho Hernando, quien ”no cree“ que el PP ”ponga por delante el interés particular de 20 propietarios y de 80 personas que puedan vivir en esas casas, en muchos casos segundas residencias frente al interés general de 584.407 cántabros“. ”Ningún partido político tiene argumentos de peso para no apoyar la ley“, ha sentenciado.