El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria respalda el acuerdo del Ayuntamiento de Laredo y los propietarios del edificio Tenis para evitar derribos

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSCJ) ha respaldado la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Laredo y los propietarios del edificio Tenis para poner fin a la sentencia firme de 1992 que obligaba al derribo de terrazas y a lo construido por encima de la línea teórica de 45 grados.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso Administrativo agradece el “esfuerzo” realizado por las partes para “avanzar y terminar con esta ejecución de derribo”, si bien existe un voto particular disconforme de uno de los tres magistrados.

El acuerdo sostiene que la comunidad de propietarios del edificio Tenis deberá adquirir una parcela contigua al inmueble, antes del 5 de julio, para incrementar la superficie de la finca y así poder contar con una mayor ocupación que evite la demolición de todas las viviendas inicialmente planteadas.

Los propietarios cederán al Ayuntamiento la nueva parcela para que acometa la modificación urbanística que posibilite la legalización de las actuaciones que se realicen en el edificio.

Por otro lado, el arquitecto que redactó el proyecto de ejecución anterior tendrá que elaborar un nuevo documento que reduzca la ocupación, a un 35 % de la superficie original más un 20 % de la finca adquirida, de cara a eliminar la parte de los áticos de la vivienda que superan el gálibo de 45 grados medido a partir de los 9 metros de altura de la fachada, contados desde la rasante natural original de la finca.

Ese proyecto tiene un plazo máximo de realización de dos meses y, posteriormente, Tragsa se encargará de la ejecución de las obras en un plazo máximo de 8 meses.

Como responsable patrimonial, el Ayuntamiento de Laredo asumirá los gastos de la nuevo proyecto, la compra de la parcela y la ejecución de la obra, hasta un máximo de 4,5 millones de euros.

Además, el Consistorio indemnizará a los propietarios del inmueble con 650.000 euros por la pérdida de superficie y daños morales.