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Una campaña visibiliza la “violencia administrativa” en Castilla-La Mancha

Imagen de la campaña que denuncia la violencia administrativa

elDiarioclm.es

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La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha lanzado este jueves una campaña en redes sociales que tiene como objetivo “visibilizar la Violencia Administrativa”, definida como la distribución desigual de poder entre la Administración y los/as administrados/as. Y es que, denuncia esta entidad, se produce cuando la primera hace “uso de su posición privilegiada para vulnerar derechos de los segundos como consecuencia de su dificultad para cumplir con los deberes y funciones de servicio público para los que fue creada y encomendada, propiciando desigualdad en el ejercicio de los derechos y obligaciones de la ciudadanía”. 

Bajo el hashtag #ViolenciaAdministrativa, la red ha lanzado un vídeo que viene a representar mucha de las dificultades burocráticas que se encuentran las personas, especialmente las más vulnerables, cuando acuden a la Administración Pública a solicitar, por ejemplo, ayudas como el Ingreso Mínimo Vital.

“Hay una dejadez manifiesta en la atención a los derechos de las personas usuarias de las Administraciones”

Gracias a la acciones de participación y empoderamiento que se lleva a cabo con personas en situación de vulnerabilidad social, la red ha podido constatar “una dejadez manifiesta en la atención a los derechos de las personas usuarias de las Administraciones”, que hacen uso de “su posición privilegiada para que sus derechos prevalezcan sobre los derechos de las personas administradas”. Eso provoca, añaden, limitar sus oportunidades y extralimitan su papel y función de servicio público cuando “de la mano de un uso exclusivo de medios digitales, deja a buena parte de la ciudadanía en situación de indefensión respecto al ejercicio de su derechos.”

 En este sentido, algunas de las propuestas que se lanzan para combatir la Violencia Administrativa pasan por retomar la presencialidad de todos los servicios públicos, cumplimiento de plazos en cuanto a la normativa administrativa, eliminar el silencio administrativo, así como reducir la burocracia de los trámites de las prestaciones, entre otras.

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