Expolios

Somos una región que se caracteriza por ser abierta y generosa y, en esa línea, produce y exporta personalidades de los más variados campos de la creación artística. Pero también, ¡ay!, obras artísticas, y no siempre por propia voluntad. Nos hemos convertido así en una tierra de expolio.

Hace un año ya lo denunciamos , así como alertamos sobre la necesidad de prohibir detectores de metales en la búsqueda de material arqueológico. Nuestra aprensión no era gratuita, nos despertábamos el 27 de abril con la incautación, por el equipo de Investigación del SEPRONA de la Guardia Civil de Cuenca, de 50 monedas valoradas en 8.000 euros, la peritación de las mismas demostró que tenían adherencias que hacían pensar en su origen fraudulento al ser extraídas de la tierra y no haber demostrado su origen lícito.

Recientemente, Alexis Armengol García, doctorando del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, ha localizado en París 16 fragmentos de rocas con pinturas rupestres, tres de las cuales proceden de yacimientos de Castilla-La Mancha, que fueron trasladados a Francia por el abate Henri Breuil a principios del siglo XX. 

Pero el robo viene de atrás. La invasión francesa destruyó parte de nuestro patrimonio, haciéndose el mariscal Soult con ricas colecciones de cuadros, tapices y orfebrería. Lo mismo pasó con las guerras carlistas o la última Guerra Civil. La desamortización de bienes eclesiástico provocó que personajes conocidos como el barón Isidore Justin Séverin Taylor, o el moracho José Gálvez nutrieran el mercado de anticuarios y chamarileros, que iniciado el siglo XX siguió consiguiendo 'Grecos' y loza talaverana, mientras que los museos nacionales o privados se hicieron con artesonados o sepulcros romanos, entre otras lindezas.

La Ley de Patrimonio Nacional y la regional dificultan actualmente la venta o traslado de piezas de valor patrimonial, pero el furtivismo y el expolio siguen marcando la salida de obras de arte y material arqueológico hacia fuera de nuestra región por cauces legales o ilegales. Legales porque ante la falta de su inclusión en inventarios, catalogación y declaración, las piezas pueden ser trasportadas –eso sí, notificando su traslado- a las autoridades competentes. Así han salido en los últimos años de nuestra región obras de arte, documentos, monedas y otras piezas de colecciones privadas. 

Como saben los gestores del patrimonio cultural y los arqueólogos (y tendrían que valorar las autoridades judiciales) no es el valor intrínseco de los objetos expoliados, sino el valor patrimonial que la destrucción del patrimonio arqueológico ha supuesto al extraerlas violentando los estratos culturales del yacimiento donde se encontraban, información perdida para siempre. Urge, repetimos, el desarrollo legal del uso de los detectores de metales en nuestra región. 

Hay que reconocer el buen hacer del SEPRONA en su labor de investigación sobre la seguridad del patrimonio histórico español, que incluye la investigación de los autores de los daños que sobre los bienes muebles, inmuebles, arte rupestre y bienes arqueológicos así como por parte de las unidades territoriales de la Guardia Civil del control del mercado de antigüedades y de la venta online de bienes culturales, labor que completa el Grupo de Patrimonio Histórico del Servicio de Policía Judicial que esperemos complete la labor que han realizado sus compañeros del SEPRONA.

Insistimos por último en la labor sancionadora como elemento disuasorio. La Consejería debería dar publicidad a las sanciones que, si las hay, se hubieran impuesto ante los delitos contra el patrimonio. Aún no sabemos nada de los que atentaron contra las pinturas rupestres de 'La Rendija', en Herencia (Toledo), datos que solicitamos en su momento, produciéndose al poco una nueva acción vandálica en el Peñón de la Garganta del Muerto en Solana del Pino (Ciudad Real), o de aquellos que lo han hecho contra las esculturas de arte contemporáneo en la ciudad de Toledo. Serían medidas aleccionadoras y “aviso” a aquellos incívicos que deberían pensárselo dos veces antes de atentar contra el patrimonio.