El Gobierno de Page dice ahora que habrá más de un centro público para abortos porque ya hay sanitarios dispuestos

“No todos somos objetores”. Estas palabras recogidas por la Cadena Ser que ha difundido testimonios de ginecólogos y personal de Enfermería en Castilla-La Mancha han cambiado el discurso del Gobierno regional sobre la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos de la comunidad autónoma.

Hasta ahora, en Castilla-La Mancha los abortos solo se realizan en dos centros de la región y son privados. Los casos son derivados hasta ellos desde la Sanidad pública y el Gobierno de Emiliano García-Page ha eludido siempre esta cuestión. Por ejemplo argumentando que este tema podía “complicar” la gestión sanitaria o aludiendo a la 'objeción de conciencia' de la casi totalidad de los profesionales sanitarios que, según se había mantenido hasta ahora, quedó reflejada en un registro recientemente creado, del que no se tienen más datos.

Ayer, la consejera portavoz, Esther Padilla, ratificó las palabras de la consejera de Igualdad, Sara Simón, que días antes había asegurado que se está trabajando para poner en marcha una unidad para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en uno de los hospitales públicos de la comunidad autónoma. Fue una idea que había lanzado de forma previa el consejero de Sanidad Jesús Fernández en una entrevista con el periódico EnCastillalaMancha.es

En marzo hasta 40 colectivos de la comunidad exigieron que el servicio se prestase en la Sanidad pública castellanomanchega y el Ejecutivo regional se lanzaba con la propuesta de un único centro público para todo el territorio.

La idea ha sido duramente criticada en los últimos días por algunos sectores. CCOO rechaza la creación de este centro público para realizar abortos porque, señala, “no es la solución”, cuando “lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”, señalaba el sindicato en un comunicado.

En la misma línea se pronunciaba Amnistía Internacional: “Un único centro público no garantizará el acceso efectivo y en igualdad al aborto en Castilla-La Mancha”.

Así que Esther Padilla fue ayer más allá, dando un nuevo giro a los argumentos sobre la cuestión. “Probablemente habrá más centros hospitalarios públicos donde se pueda poner en marcha esta unidad”, aseguraba. Después añadió que “se necesita un mínimo de profesionales para poder en marcha una unidad” porque, abundaba, “tampoco nos engañemos. Que haya un único profesional en un centro no será suficiente”, reconocía.

“No había nadie disponible y ahora parece que alguno ha salido diciendo que sí”

Esther Padilla ha respondido también a los profesionales sanitarios que habían dicho que no todo el mundo es objetor de conciencia, cuando se trata de practicar abortos en la sanidad pública. Algunos profesionales sanitarios aseguran que sí existen ginecólogos dispuestos a prestar el servicio en la red pública, y denuncian que las jefaturas de servicio o gerencias objetoras son las que frenan cualquier intento de poner en marcha esta prestación.

Esther Padilla pone el foco en los profesionales de Castilla-La Mancha y se agarra los datos del registro de objetores de conciencia, que no son públicos, ni para saber cuántos ni dónde se niegan a la práctica en el ámbito público.

La portavoz del Gobierno justificaba así que no exista este tipo de servicio en la Sanidad pública castellanomanchega. “Lo que decían es que eran objetores. No había disponible nadie. Ahora que se tienen que inscribir, pues entonces sí, alguno parece ser que ha salido diciendo 'oye yo estoy dispuesto'”, comentaba.

En los últimos años han sido frecuentes las denuncias de mujeres y de distintos colectivos que alertaron del “hostigamiento” que sufren quienes acuden a los centros privados para la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo. Ágora Feminista de Albacete llegó a llevar a la Fiscalía esta cuestión tras los episodios en una clínica de aquella ciudad, allá por el año 2023, denunciando no solo la falta de servicio público sino la “dejación de funciones” de la Subdelegación del Gobierno ante el acoso por parte de grupos antiabortistas a las mujeres a las puertas del centro.