Los bomberos profesionales acusan a la Junta y a la Diputación de subestimar el fuego de Ávila y acelerar su expansión

Los bomberos profesionales de Castilla y León se levantan contra la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila por su gestión del incendio de Navalacruz de este mes de agosto. Este lunes, está previsto que profesionales de toda la comunidad y de otras partes de España asistían a una manifestación convocada por la sociedad civil en la capital abulense contra las carencias, el abandono y la mala planificación en materia de extinción que ha dejado al descubierto el peor incendio de Castilla y León desde los años 80, con mas de 20.000 hectáreas arrasadas.

La convocatoria de esta manifestación se produce una semana después de que la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, una de la principales asociaciones de profesionales del país, presentase una denuncia por la actuación del incendio de Ávila, y considera que se dieron “múltiples irregularidades en la forma de actuar para atajar y extinguir el incendio, que podrían constituir actuaciones delictivas, por acción u omisión por parte de las mismas”.

El pasado 14 de agosto a las 10:27 un vehículo comenzó a arder en el punto kilométrico 38 de la N-502, en el término de Navalacruz. La asociación de bomberos considera que en este punto empezaron las irregularidades. “Por razones que se desconocen, no se actúa de forma inmediata por parte de ningún servicio público de prevención, extinción de incendios y salvamento”. Denuncian que los efectivos tardaron hasta una hora en llegar después del aviso. Este retraso lo achacan a la falta de medidas de prevención de la Diputación, ya que la provincia de Ávila no cuenta con ningún parque de bomberos provincial, delegando las competencias para toda la provincia al parque de bomberos de Ávila capital.

Además, en la propia actuación consideran que hay irregularidades, porque tras detectar que hay un vehículo ardiendo en la zona, “no se procede a su extinción inmediata. Si esa actuación hubiera sido inmediata, diligente y adecuada, el fuego podía haberse evitado, apagando el fuego del vehículo con inmediatez, evitando que se extendiera al monte de forma inexorable”, subrayan. En la denuncia también advierten de fallos en la clasificación del incendio. A pesar de su cercanía con una zona de monte bajo, el fuego es considerado en sus inicios de nivel 0. Esta decisión, expone la asociación, “fue negligente y generadora probablemente de responsabilidad penal y/o civil, subestimando el alcance y gravedad de la situación”.

Según la denuncia, los hechos evidencian un incumplimiento de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 36C) que regula la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios por parte de la Diputación. Además, consideran que se ha incumplido la la Ley 4/2007 de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, según la cual se debe desempeñar mediante un servicio de bomberos profesionales y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Recientes sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº3 de León (20/2020) y del TSJCL (275/2020) refuerzan las mencionadas leyes, tanto la autonómica como la estatal, creando jurisprudencia al respecto en Castilla y León. Porque la Junta, critican, se apoyó en bomberos voluntarios, en contra de lo que indica esta sentencia.

Desde la coordinadora, su portavoz Juan Carlos Prieto, explica que la actitud de la Junta y de la Diputación en contra de los profesionales de incendios. No solo la falta de parques en algunas provincias que solo cuentan con uno en la capital, también el hecho de que la Junta desestimó la ayuda de profesionales de otras provincias. Durante el incendio, los bomberos funcionarios de Salamanca y Valladolid se ofrecieron a participar en las labores de extinción, pero la Junta la rechazó. “Se excusaron diciendo que no tenia capacidad para coordinar a tanto efectivo, pero llamaron a la UME y a los voluntarios de Salamanca”, señala.

Este es uno de los nudos gordianos de la lucha de la Coordinadora en Castilla y León y por la que también han denunciado a la Junta en el pasado: que la administración deje de utilizar voluntarios en parques urbanos y periurbanos. “La ciudadanía tiene que saber que los bomberos que ve en muchas de sus ciudades no lo son. Son personas sin preparación que llevan uniforme. Es como no si la administración pusiera batas a curanderos y dijera que son médicos”, denuncia Prieto. Según critican desde la asociación, ni la Junta ni varias diputaciones, como la de Ávila, prefieren optar por tener menos parques y nutridos con voluntarios, que son más baratos, a pesar de que en proporción cuente más y de que los voluntarios cobren “ilegalmente, porque no pueden ni deben cobrar, por ley”, subraya.

En resumen, según la denuncia presentada, ha habido dejación de competencias en materia de prevención y extinción de incendios por parte de la Diputación de Ávila, lo que podría generar responsabilidades penales a la vista de lo acontecido en Navalacruz, con inacción y/o actuación tardía y poco efectiva, además de una importante descoordinación entre las diversas administraciones. Desde la plataforma reiteran la necesidad de aprobar una Ley de Coordinación de los Cuerpos de Bomberos, que sirva para minimzar la peligrosidad de fuegos como el de Navalacruz.