Rubiralta, expresidente de Celsa: “Los accionistas no sacaron ni un euro” del crédito de 500 millones

El expresidente ejecutivo y miembro de la familia fundadora del grupo siderúrgico de Celsa, Francesc Rubiralta, asegura que ni él ni su familia han sacado “ni un euro” del crédito intragrupo por valor de 504,55 millones, cuyo cobro reclaman los actuales propietarios de Celsa a su antiguo administrador, sino que dicha cantidad se reinvirtió en el grupo Celsa; y añade que los fondos acreedores, hoy propietarios, pudieron reclamarlo y no lo hicieron.

Rubiralta se ha enfrentado este lunes, en el juzgado mercantil número 5 de Barcelona, al juicio por la demanda interpuesta por Inversiones Pico Espadas, una sociedad holding del Grupo Celsa, contra su antiguo administrador, al que acusan de conductas contrarias a su deber, en particular por no declarar vencido ni tampoco reclamar, entre 2020 y 2022, el pago de este crédito intragrupo.

El origen de la demanda son unos préstamos –966 operaciones transacciones entre 2006 y 2009 según el périto de KPMG– concedidos por una sociedad del grupo Pico Espadas a empresas patrimoniales de los Rubiralta por valor de 482 millones de euros (hoy 504,5 millones, teniendo en cuenta los intereses). La garantía de ese crédito eran las acciones del grupo.

Celsa consideraba que esos más de 500 millones son incobrables, ya que las sociedades patrimoniales no tienen activos y están en liquidación, y por eso presentó la demanda.

La empresa siderúrgica es propiedad de los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean desde septiembre del 2023. Estos fondos adquirieron en 2022 la deuda de la compañía a un grupo de entidades financieras, entre las que estaban CaixaBank y Banco Santander. Un año después, un juez mercantil homologó un plan de reestructuración, es decir, avaló que los acreedores de la compañía convirtiesen su deuda en capital, lo que supuso apear a la familia Rubiralta en la propiedad.

Desde entonces, la nueva Celsa está inmersa en un proceso de reestructuración de su negocio y saneamiento de sus cuentas. En una junta de accionistas celebrada hace un año, en junio de 2024, Celsa acordó emprender acciones legales contra Rubiralta para hacer lo posible para recuperar estos préstamos. Celsa recibió ayuda gubernamental, por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

A preguntas tanto de sus abogados como de la parte demandante, Rubiralta ha argumentado que cuando se hizo cargo de Celsa como presidente y consejero delegado a finales de 2010, tras la muerte de su padre, y que entre 2006 y 2009, cuando se originó este crédito objeto de la demanda, él estaba en el Reino Unido. “Yo no estaba allí”, ha dicho.

No obstante, Rubiralta ha asegurado que los acreedores financieros del grupo “no reclamaron” el pago de este crédito ni en 2010, cuando se prorrogó, ni en 2013, cuando se acordó una refinanciación de deuda, ni tampoco en 2017, cuando se pactó una nueva refinanciación del pasivo del grupo.

Tanto las sociedades patrimoniales de la familia Rubiralta como la sociedad de Pico Espadas, que es una sociedad instrumental creada entre los propietarios y las sociedades operativas de la siderúrgica, tenían como activos las acciones del Grupo Celsa, y Rubiralta ha dicho que los acreedores tampoco reclamaron responder con las acciones de Celsa al pago de ese crédito.

“Se me reprocha algo que los acreedores podrían haber hecho perfectamente, ha declarado Francesc Rubiralta, en una vista que ha durado más de seis horas.

El antiguo presidente ha defendido ante el juez que estos créditos intragrupo se reinvirtieron en el grupo, aunque no ha detallado concretamente en qué. “Todo se reinvirtió en el grupo, en ampliaciones de capital y en operaciones en el extranjero”, entre las que figuraban Celsa UK, Celsa Polonia y Celsa Nordic, ha dicho. “Dígame tres o cuatro usos de este dinero. Si existen, fenomenal”, ha preguntado el letrado, y el acusado solo ha citado una ampliación de capital de 150 millones en Reino Unido de la que dice estar “convencido que salió de estos fondos”.

La acusación considera que el crédito intragrupo es una salida de caja de la siderúrgica “para uso particular de la familia Rubiralta” y “ajenos al objeto social de Celsa”, como ampliaciones de capital de sociedades particulares o el pago de 212 millones conel que el fallecido Francisco Rubiralta compensó a su hermano, José María (tío de Francesc), para sellar la paz cuando el imperio Celsa-Werfen se rompió en 2006 y ambos hermanos decidieron dividir los negocios farmacéuticos y del acero.

El acusado ha asegurado desconocer “cómo se hicieron las operaciones de separación entre un grupo y otro”. “Cuando yo llego a la presidencia del grupo” –eha explicado Rubiralta– “veo los saldos a los que tiene acceso todo el mudno y veo que están auditados, pero yo tengo que dedicarme a levantar el Ebitda [beneficio bruto operativo] de Celsa”, en plena pandemia.

“Borrado masivo” de información

El abogado de los demandantes también ha preguntado a Rubiralta por un supuesto “borrado masivo” de información sensible de la compañía antes de la llegada de los fondos y este ha negado que esa información se hubiera eliminado. Ha explicado que en 2023 una de sus participadas sufrió un ciberataque y que decidieron “reubicar” cierta información albergada hasta entonces en los dispositivos más vulnerables de la compañía, como PCs, móviles y correos electrónicos. “No hubo un borrado, toda la información esta en servicios externos”, ha señalado.

El que era director de Recursos Humanos antes del cambio de control, que ha declarado como testigo, ha dicho al ser preguntado si las órdenes de borrado de información que recibieron obedecían al interés que Rubiralta podía tener en que los nuevos gestores no tuvieran a su disposición determinada información, que sí le consta que se borró información “sensible”.

En la misma línea, una perito de FTI Consulting ha puesto en duda que el objetivo del borrado fuera protegerse contra un ciberataque. “En absoluto. La prioridad número uno en un ciberataque es proteger la información. En el caso que nos ocupa el objetivo fue destruir la información, y ni se documentó el proceso de borrado ni se formó un equipo técnico”, ha dicho. El borrado informático de los usuarios (36 usuarios borrados), según su declaración, era más intenso cuanto más se acercaban en el organigrama a Rubiralta. En su caso, se trató de un borrado prácticamente completo.

Cuatro causas contra Rubiralta

El juicio de este lunes ha sido la primera de las tres causas a las que se enfrenta Francesc Rubiralta, todas ellas por habert priorizado el patrimonio familiar por encima de las necesidades financieras de Celsa. La segunda causa es por otro supuesto préstamo de 22 millones a una sociedad en la que figuraba su madre y que sí fue pagado. Y la tercera es por administración desleal por apropiación indebida, ya que la acusación considera que cuando Celsa tenía graves necesidades financieras, Rubiralta percibió una retribución excesiva, de 9 millones de euros. Además, este mismo lunes los actuales propietarios han presentado una querella criminal por presunta apropiación indebida, ampliando las causas civiles con la apertura de una vía penal.