Absuelto el 'narcocura' de Valencia de estafa a un sacerdote al no haberse acreditado las “maniobras fraudulentas” para engañarlo

El 'narcocura' de Valencia, con antecedentes penales por los delitos de falsedad y estafa, se ha librado de una nueva condena. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a Vicente Cristóbal Almalé de un delito de estafa agravada y estafa inmobiliaria por el que la Fiscalía pedía cuatro años de prisión y la acusación particular seis años, además de una responsabilidad civil de 360.000 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera que no se ha acreditado que el 'padre Vicente', que actualmente cumple pena de prisión en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) por otras causas, realizara “maniobras fraudulentas” para “disfrazar la realidad y generar el engaño” a un religioso de su congregación, los Misioneros Apostólicos de María Inmaculada, una orden vinculada al Palmar de Troya y no reconocida por la Iglesia católica. “No existió engaño alguno por parte del acusado”, reza el fallo, contra el que cabe recurso de apelación.

Vicente Cristóbal Almalé, ecónomo y administrador de la congregación, fue detenido en una operación policial contra el narcotráfico y llegó a estar secuestrado en Colombia por grupos paramilitares, tal como se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas, según publicó El País. El fundador de la orden, un religioso muy cercano al 'padre Vicente', le encargó una serie de operaciones con los bienes de la congregación religiosa para obtener recursos con los que afrontar las deudas de los Misioneros Apostólicos de María Inmaculada e incluso construir una nueva iglesia en el barrio de Natzaret de Valencia.

Siendo ecónomo de la congregación, Vicente Cristóbal Almalé inició una actividad empresarial en el mundo de la construcción y de la promoción inmobiliaria, así como en la compraventa de vehículos, mediante la firma Gimidavi SL, de la que fue nombrado administrador único. Al abandonar la orden, el 'narcocura' propuso al líder de la congregación transmitir los terrenos en los que se ubicaba el iglesia, el convento y un albergue para inmigrantes a la mercantil para invertirlos en una milagrosa operación mercantil.

La inversión, a corto plazo y de alto riesgo, consistía en participar en la emisión de un certificado internacional de depósito, por importe de 35 millones de dólares, que se iba a constituir en una entidad bancaria holandesa y por la que le habían asegurado una rentabilidad del 250% en un plazo de un año invirtiendo 400.000 euros. En paralelo, también propuso construir un hotel en unos terrenos de la congregación. Así, el 'padre Vicente' adquirió tres inmuebles libres de cargas pertenecientes a la congregación, por un precio de 360.000 euros, mediante un contrato en el que se establecía que el pago se aplazaba un año, periodo durante el cual habría obtenido los beneficios de la inversión en la entidad holandesa. 

Vicente Cristóbal Almalé inscribió en el Registro de la Propiedad las fincas adquiridas y suscribió préstamos con garantía hipotecaria para obtener los fondos de cara a la inversión con la formidable rentabilidad. Un año después, tal como marcaba el contrato, la empresa no pudo afrontar el pago de la venta de los terrenos y el antiguo ecónomo de la congregación denunció en el juzgado, por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, a quienes le habían propuesto la inversión en la entidad holandesa. El procedimiento fue sobreseido para uno de ellos, al encontrarse en ignorado paradero, y el principal acusado fue absuelto por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

El 'padre Vicente' constituyó dos nuevas hipotecas para garantizar los préstamos pero se vio implicado en el caso de narcotráfico por el que estuvo en prisión provisional un año y medio, en el marco de un sumario instruido en la Audiencia Nacional. Previamente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja (Alicante), que se había encargado en un principio del sonado caso, acordó la prohibición de vender, enajenar o gravar las fincas de los religiosos. 

En 2012, tras salir de prisión, el excura contactó con su antiguo compañero de congregación para intentar solucionar el entuerto y ambos firmaron un documento de resolución de mutuo acuerdo del contrato de compraventa inicial. El religioso recibió del antiguo ecónomo, mediante ingresos en cuenta o entregas en metálico, un importe total de 187.600 euros entre 2007 y 2010, según los hechos probados de la sentencia. 

La Audiencia de Valencia cuestiona que se haya acreditado el engaño en relación al contrato inicial de compraventa que desencadenó la sucesión de catastróficas inversiones. “En este caso las acusaciones en modo alguno han acreditado la concurrencia de los elementos del delitos de estafa” ni “singularmente la intención inicial” de ánimo de lucro por parte del 'padre Vicente' de no cumplir con sus obligaciones contractuales.

Así, “no se ha acreditado la existencia de cualesquiera maniobras fraudulentas desplegadas por el acusado tendentes a disfrazar la realidad y generar el engaño”, concluyen los magistrados. La sentencia destaca que todo se originó en la propuesta inicial a raíz de la penuria económica de la congregación. La Audiencia de Valencia reconoce que la “razón primordial” por la que el 'padre Vicente' no devolvió la deuda fue que no obtuvo ninguna rentabilidad por la operación inversora y descarta la existencia de dolo inicial o previo a la firma del contrato.

Además, destaca que el religioso de la congregación no entabló ninguna reclamación judicial o extrajudicial al expirar el plazo de un año para el pago de la venta de las fincas y que era “perfecto conocedor” del fracaso de la operación inversora.