Una llamada a enfocar bien la nueva radiotelevisión valenciana
No tengo el más mínimo interés personal en la nueva radiotelevisión valenciana. Sería, en cambio, un irresponsable si no lo tuviera como ciudadano y periodista. La sociedad valenciana necesita y merece un medio público de comunicación, aunque solo sea por coherencia con el hecho de tener una lengua propia (y oficial), porque la consideración estatutaria de “nacionalidad histórica” algo ha de querer decir y porque cualquier país avanzado apuesta por su industria audiovisual.
En su día, todos asumimos el lema de los despedidos de RTVV cuando clamaban que los trabajadores no fueron los culpables de las manipulaciones, la corrupción y el despilfarro durante los largos años del PP. Por eso nadie se puso a escudriñar quién estaba dónde cuando ocurrieron ciertos desmanes en la antigua cadena. Fue un acto de sentido común con cierto grado de generosidad.
Algunas de las personas por las que tengo más respeto profesional y más afecto personal trabajaban en Canal 9 o en Ràdio Nou. Y eso no va a cambiar. Sus trayectorias y su forma de comportarse desmienten la imagen general de una cadena en la que soy casi incapaz de recordar la última vez que me invitaron a participar (tantos años hace) en un programa televisivo sin remuneración. Durante mucho tiempo vi desfilar, sin embargo, con incredulidad a muchos periodistas, reales o supuestos, de aquí y sobre todo de Madrid, por sus tertulias espléndidamente pagadas. Sin duda, algunos no éramos bien vistos por el poder ni para funcionar como coartada de una supuesta pluralidad. Y eso es más un motivo de orgullo que de contrariedad.
Sin embargo, tengo alguna experiencia de primera mano sobre RTVV y eso me lleva a reflexionar en voz alta sobre los factores que están desenfocando la nueva cadena pública antes de nacer.
Me asombra, para empezar, que algunos periodistas a los que vi pasar a finales de los ochenta por las primeras pruebas de selección defiendan hoy ardorosamente unos criterios que, de haberse aplicado entonces, les habrían impedido acceder. Formé parte de aquellos tribunales porque la Unió de Periodistes ocupó, en lo referente a las plazas de informadores, el puesto que le cedió Comisiones Obreras. Aquellas pruebas, que coloquialmente conocemos como “oposiciones”, pero que carecían de temario específico y se centraron en una examen de conocimientos generales de actualidad, un ejercicio práctico de redacción periodística y otro de locución ante la cámara, con todos los defectos que pudieran tener, cumplieron su papel y permitieron incorporar a decenas de periodistas, algunos casi en ciernes, a un proyecto que generó un cierto entusiasmo.
Me asombra ahora mismo que profesores de periodismo se alineen con vehemencia en la defensa de criterios de selección para la nueva radiotelevisión que no dan la más mínima oportunidad a los estudiantes que han pasado por sus aulas a lo largo de varias promociones. Solo hay que añadir ese cierre de perspectivas al desánimo general entre los periodistas que salen de la facultad.
Me asombra también que destacados promotores del recurso contra la ley de las Corts Valencianes que creó la nueva radiotelevisión, cuya presentación retrasó durante meses su puesta en marcha efectiva, se rasguen ahora las vestiduras ante una eventual solicitud de suspensión cautelar de la bolsa de trabajo que no se ha planteado aún.
Y me asombra que el consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y la dirección general no hayan sido conscientes de que a la nueva cadena no le conviene arrancar como una versión ‘b’ del antiguo Canal 9, con el copo de sus plazas por parte de extrabajadores de RTVV. No hay mejor manera de desenfocar su proyecto que empezar así.
¿Quiere eso decir que hay que apartar a los despedidos de la antigua RTVV? Al contrario. Deben tener preferencia. En el baremo debe considerarse su experiencia concreta en la antigua empresa pública como un mérito más. Nadie discute eso. Y menos cuando se trata de una bolsa de trabajo para plazas de carácter temporal tras la cual habrá que hacer (¿dentro de un año, de un año y medio, de dos años?) unas pruebas de selección como las de las “oposiciones” que ahora, por cierto, valen 7,5 puntos de 50 frente a quienes no pueden aportarlas en la baremación.
Tampoco la Unió de Periodistes, que ha acordado en asamblea impugnar la convocatoria, discute que hay que primar la experiencia en la antigua RTVV. Lo que defiende es que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es una empresa distinta de RTVV. Eso se ha establecido en sentencia judicial gracias a que varios sindicatos recurrieron su puesta en marcha en un intento de demostrar sin éxito lo contrario con la intención de anular el ERE de extinción de la antigua cadena que en su mayoría habían firmado. Y esa nueva empresa debe demostrar que lo es.
Por otra parte, el proyecto de la directora general, Empar Marco, se parece poco en su estructura y sus planteamientos a la radiotelevisión que ignominiosamente cerró el PP en noviembre de 2013. Es más moderno y dinámico, más transversal y más digital. Y aunque haya enviado un mensaje confuso al escoger como colaboradores inmediatos a dos periodistas de la antigua cadena, uno de ellos el portavoz de quienes pretendían que la empresa para la que ahora trabaja era fruto de un fraude societario, nadie puede poner en duda su calidad profesional.
Razón de más para actuar con moderación. La presión sindical, legítima en la defensa de los intereses de sus afiliados, no puede llevar a cerrar la puerta de la nueva cadena pública a quienes no fueron despedidos de RTVV. Entre otras cosas porque hay despedidos de otros medios que también tienen derecho a una oportunidad laboral.
La Unió de Periodistes Valencians no podía eludir su obligación de intervenir, dado que representa al conjunto de los periodistas valencianos y no a un colectivo en particular. Por eso el otro día decidió en asamblea impugnar la convocatoria para que se replantee el baremo con criterios menos excluyentes. Personalmente espero que no me vuelvan a convocar para decidir si, además, se solicita una suspensión cautelar. Sería la señal de que quienes pueden hacerlo han decidido enfocar correctamente el proyecto de un medio de comunicación vital para nuestra sociedad.
