La Agencia Tributaria se resiste a incluir las lenguas cooficiales pese a las recomendaciones del Defensor del Pueblo

Más de cuatro décadas después de la aprobación de la Constitución Española, que reconoce la cooficialidad junto al castellano de gallego, catalán y euskera, algunas instituciones estatales se resisten a adaptarse a las realidades lingüísticas de los territorios con lengua propia.

Es el caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que ha contestado a las recomendaciones del Defensor del Pueblo con argumentos “generalistas” y que “pecan de indeterminación”, según el informe anual que ha presentado este lunes en el Congreso Francisco Fernández Marugán. 

Ante las quejas por la “inobservancia por la AEAT de las reglas de cooficialidad lingüística”, el Defensor del Pueblo abrió una investigación de oficio y, tras consultar el criterio de sus homólogos autonómicos, formuló en 2019 tres recomendaciones que recoge su informe de gestión. 

Así, la primera recomendación pide incluir en el portal de la AEAT el euskera. Hacienda reconoce que la traducción al vascuence “puede ser necesaria en algunos ámbitos de la actividad administrativa de la agencia” pero arguye que el contrato para la traducción automática de su portal “no prevé esa traducción”, ya que “ni País Vasco ni Navarra forman parte del territorio fiscal común”.

El Defensor del Pueblo considera la respuesta a su recomendación como una “mera posición institucional”, que “no debiera soslayar la voluntad integradora y de servicio al ciudadano que imponen la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes”. Además, el organismo dirigido por Francisco Fernández Marugán asegura que la “desvinculación” del País Vasco y Navarra con la AEAT “no es absoluta, por más que dichas autonomías no formen parte del territorio fiscal común”.   

La segunda recomendación solicitaba una serie de medidas para llevar a cabo un “cambio en la política lingüística” de la agencia estatal, como la “revisión previa y sistemática” de los posibles errores en la web por el uso de software de traducción automática. Hacienda, sin embargo, considera que la revisión “no resulta necesaria”, “dado que el nivel de calidad de esta traducción automatizada está certificado en un porcentaje elevado para las lenguas cooficiales”. 

La aplicación de la recomendación del Defensor del Pueblo supondría, según la Agencia Tributaria, un “elevado coste económico” y un “desfase temporal en la puesta a disposición de contenidos a las diferentes lenguas cooficiales, cuando muchas de las quejas, como las de la traducción de los manuales de los principales impuestos, se producen precisamente por dicho desfase temporal”, recuerda el informe. “Los argumentos facilitados resultan generalistas y pecan de indeterminación”, apostilla el informe. 

El Defensor del Pueblo también instó a la AEAT a otorgar la consideración de “texto oficial de esta página web” a la versión en castellano solo en los territorios sin lengua cooficial, para que así en el resto de territorios “sean considerados textos cooficiales las versiones en las respectivas lenguas propias”.   

Hacienda argumenta que su portal web “es único” y que aplicar esta recomendación limita los derechos de los usuarios castellanohablantes. “No se alcanza a comprender cómo, tal y como defiende la AEAT en su respuesta, adoptar la recomendación 'limitaría' los derechos de los contribuyentes que prefieran utilizar el castellano”, critica el informe del Defensor del Pueblo, que recuerda que la finalidad de la sugerencia es “precisamente atender a la exigencia de precisión por razón de una materia tan sensible como la tributaria, solo que en la lengua oficial que cada ciudadano maneje y prefiera emplear”.  

Otra recomendación pasa por garantizar a los contribuyentes que puedan utilizar oralmente y por escrito la lengua que sea cooficial. La Agencia Tributaria mantiene que ese es un “objetivo de su actuación” para el que aporta “medios humanos” y las “posibilidades ofrecidas por los avances tecnológicos”.  

La AEAT, por otro lado, se escuda en “razones de seguridad jurídica” para no incorporar a las disposiciones normativas “no solo las traducidas a la lengua cooficial en los diarios oficiales, sino también todas las demás disposiciones aplicables en esos territorios”, para lo cual el Defensor del Pueblo sugiere la “cooperación” con las comunidades autónomas. Así, la Agencia Tributaria argumenta que “esa tarea es competencia del Boletín Oficial del Estado” (que sólo traduce las disposiciones generales). 

“Una cosa es la tarea material de traducir y otra la competencia de fomentar el cumplimiento por los ciudadanos de sus obligaciones fiscales prestándoles información y asistencia, una función que impone a la AEAT vigilar, controlar o supervisar las traducciones, así como promover las facilidades y mejoras precisas”, recuerda el Defensor del Pueblo. 

El alto comisionado para la defensa de los derechos también planteó a Hacienda que en la información técnica sobre la selección del idioma, cuando se trate de servicios personalizados, se indique que serán ofrecidos en el idioma preferente del usuario siempre, salvo información actualizada de las causas por que se ofrece solo en castellano con indicación del momento previsto en que estará disponible en el idioma preferente del usuario.

La AEAT asegura que está llevando a cabo un “proyecto piloto para la traducción general de la sede electrónica que, a la larga, implantará ”de forma general varias de las cuestiones“ que plantea el Defensor del Pueblo. 

La tercera y última recomendación planteaba la necesidad de establecer un programa para garantizar que los contribuyentes puedan usar la lengua cooficial, “diseñado e implantado con participación de las comunidades autónomas y previa consulta pública a personas y organizaciones representativas”. La respuesta de la Agencia Tributaria a esta recomendación “se limita a ponderar esta posibilidad, aunque acotándola a normas de especial relevancia y siempre teniendo a la vista las posibilidades que permitan las disponibilidades presupuestarias”, según indica el informe. 

El Defensor del Pueblo ha transmitido a sus organismos homólogos autonómicos la “valoración preliminar” de las respuestas de la AEAT a sus recomendaciones para conocer sus observaciones y poder “determinar los siguientes pasos en esta actuación”. A día de hoy, la web de la Agencia Tributaria distingue entre valenciano y catalán, como si de dos lenguas distintas se tratara, cuando los tribunales (con, al menos, 35 sentencias) y las instituciones académicas, con la Acadèmia Valenciana de la Llengua en lugar destacado, han dejado claro que se trata del mismo idioma.