Las aparadoras tejen redes de empoderamiento contra “las condiciones de esclavitud”, los políticos las secundan

Las aparadoras empiezan a ser escuchadas tras cuarenta años en silencio. Y en solo tres meses, que es el tiempo que ha pasado desde que un grupo de ilicitanas se constituyeran en torno a la primera asociación de trabajadoras del calzado, cuna de una industria donde las grandes firmas se nutren del aparado para que les cosan las piezas de los zapatos, oficio que tiene rostro de mujer y que, según un informe de la Universidad de Alicante, el 88% de estas empleadas lo ejercen en la penumbra de la economía sumergida.

En 90 días, otras localidades de la provincia alicantina donde el calzado también tiene un peso importante se han sumado a sus compañeras de Elche; todas ellas inspiradas –y ahora colaborando conjuntamente- en las kellys, las camareras de piso de los hoteles que han puesto patas arriba un sector como el turismo donde, como el zapatero, las cifras de beneficio récord no se traducen en mejoras salariales o laborales para sus empleadas.

Municipios como Elda -donde además se está empezando a constituir una cooperativa de aparadoras- o el más reciente, Orihuela, capital de la Vega Baja, han seguido los pasos de Elche. “Si la situación de Elche es mala, te puedo asegurar que la de la Vega Baja es mucho peor. Esto se ha vuelto totalmente insostenible y estamos a nivel de esclavitud, aunque parezca muy duro y muy fuerte decirlo”, asegura Carolina Belmonte, portavoz de la asociación en la comarca sur de Alicante. Todas las aparadoras consultadas coinciden en señalar que se encuentran en una encrucijada laboral, salarial y de salud.

Problema laboral

Las que trabajan el aparado desde casa, añade Belmonte, lo hacen sin ningún contrato, cuando el convenio laboral lo contempla y lo tiene regulado. Compaginan las tareas del hogar con “la faena”. También las hay que trabajan en talleres o fábricas, con jornadas de trabajo entre 10 y 12 horas diarias con un sueldo medio de “2 euros la hora” que, desde casa, “puede ser incluso menos”. Las que gozan “del privilegio” de estar dadas de alta en talleres, en su mayoría clandestinos, suelen contar con contratos de media jornada, de 4 horas, aunque las horas “reales” sean más del doble.

Con ello, sin contrato o con contrato que no refleja la realidad, las aparadoras se aproximan a la jubilación sin la cotización mínima requerida para poder tener una pensión “digna”, sin mencionar que durante este tiempo no han tenido derecho a permiso de maternidad, no han accedido a prestaciones sociales o reclamado incapacidades temporales. Aurora Sales fue de las primeras en alzar la voz hace cinco años cuando el miedo a denunciar era más patente que ahora. Ella lleva cotizados solo 10 años de 40 en el sector. Pero hay más. Belmonte habla de “casos sangrantes” de mujeres con 30 años a sus espaldas y solo “días, semanas o meses cotizados”.

Problema salarial

Carmen –nombre ficticio- es una desempleada de 53 años que pasó de trabajar en los años 80, la que ha bautizado como “la mejor época para nosotras”, con “salarios buenos”, a buscar trabajo desde casa. “Reconozco que como les ha pasado a la mayoría, no me había preocupado de cotizar hasta ahora”, apostilla.

En febrero de este año renunció a trabajar en un taller ilegal de las afueras de Elche por los impagos que ella y sus compañeras sufrían de una empresaria que, a veces, les pagaba con cestas de comida en lugar de dinero. Otra empleada de este establecimiento que ya ha bajado la persiana y que tampoco quiere revelar su nombre añade que en su caso estuvo tres meses con contrato pero que luego descubrió que era “falso”, que no había cotizado. Ella, después de rechazar a que le pagasen con comida, acabó trabajando para otro empresario que tampoco le pagaba a tiempo y se fue. “Ahora estoy contenta porque mi jefe es un hombre formal que me paga a 3 euros la hora pero muchas veces la verdad es que menos”.

Problemas de salud

La representante de las aparadoras en la Vega Baja cita de carrerilla los problemas de salud que arrastran ella y sus compañeras: lumbares, cervicales, dolencias en manos y brazos, mala circulación sanguínea, ansiedad, depresión… El caso de Magdalena es de los más representativos. Padeció el síndrome del túnel carpiano en su muñeca derecha que le ha dejado una cicatriz tras la intervención quirúrgica. El resultado, ha perdido fuerza en la mano, “pero al menos ya no se me caen las cosas que cojo”, añade. También ha perdido movilidad en el cuello fruto de otra operación, en este caso de cervicales. Tenía una prótesis y le tuvieron que sacar hueso de la cadera para rellenarle las cervicales. Ahora, con 60 años, Magdalena sobrevive con el subsidio por desempleo para mayores de 55.

“Al final todas estamos con medicación”, prosigue Aurora Sales. “Yo estoy en tratamiento psicológico desde el 2012”. Esta empleada del calzado de Elche afirma haber sufrido acoso laboral en una fábrica donde insistía a su jefe que le diera de alta. Al final cayó enferma. “Para dormir necesito que haya ruido”, confiesa mientras rememora las condiciones “inhumanas” de los talleres por los que ha pasado, sin ventilar y con la tensión a flor de piel “porque las temperaturas no suelen bajar de 40 grados”.

Soluciones políticas

Ante estos problemas, soluciones. PSPV-PSOE, Compromís y Podemos son los principales grupos que han lanzado numerosas iniciativas para mejorar la situación de las aparadoras. Hace tres semanas, la formación morada invitó a la asociación de Elche al Congreso de los Diputados donde reclamaron un aumento en las inspecciones de trabajo para hacer aflorar la economía sumergida. 

Esta misma semana, Compromís ha presentado en las Cortes Valencianas una proposición no de ley con 12 medidas planteadas por el sindicato Comisiones Obreras para poner fin a la precarización laboral que sufren tanto las aparadoras como las kellys. Por su parte, los socialistas llevan al pleno del Ayuntamiento de Elche este lunes una moción para que el gobierno de España estudie la viabilidad de un reconocimiento de las prestaciones a la Seguridad Social, especialmente las de jubilación, entre otras medidas, además del anuncio de la inclusión del colectivo de aparadoras en la Mesa de la Economía Sumergida de la ciudad. Esta mesa es una de las últimas iniciativas del consistorio que, por primera vez, ha decidido reconocer la problemática que existe en torno al clandestinaje en el calzado, que se extiende a otros sectores. Dentro de un plan de choque de reciente creación, el gobierno local del PSPV-PSOE, Compromís y Partido de Elche ha decidido centrarse en combatir en institutos la creencia generalizada que existe en la sociedad ilicitana que apunta como “normal” la economía sumergida para un 82% de los encuestados a través de un estudio encargado a la UMH.