Informe externo y pleno exprés en Calp para evitar responder de los despidos anulados
El Ayuntamiento de Calp, con el voto único del equipo de gobierno (PP, APPC y GdC), eludirá que los concejales de la actual corporación que en 2011 acordaron despedir a 56 trabajadores tengan que responder con su patrimonio tras conocerse la sentencia por la que el consistorio tendrá que indemnizar a 14 de aquellos exempleados, además de readmitirlos. Dos de los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, habían solicitado en el pasado pleno que se responsabilizara patrimonialmente a esos ediles, pero el equipo de gobierno dejó el asunto sobre la mesa a la espera de que la Secretaría municipal emitiera un informe que aclare si, a la hora de votar esa cuestión, deben abstenerse aquellos concejales. La discusión jurídica es crucial por cuanto de que puedan o no puedan votar depende que salga adelante la iniciativa de la oposición, pues se da por descontado que PP, APPC y GdC votarán en contra y PSPV, Compromís y Sí Se Puede Calp (SSPC), a favor.
En el anterior pleno, Compromís y SSPC hicieron notar el silencio de los dos grupos muleta del PP en el gobierno, recordando la “vehemencia” con la que, en la pasada legislatura -cuando estaban en la oposición-, criticaron aquellos despidos.
Aun con la ausencia de Sánchez y el silencio de sus socios, el gobierno logró aplazar el debate en el anterior pleno. Al final, las dos propuestas presentadas por Compromís y PSPV se quedaron sobre la mesa para uno posterior, a la espera de recabar un informe jurídico sobre si pueden o no votarlas los ediles que, en la pasada legislatura, aprobaron los despidos.
Las dos iniciativas de la oposición compartían lo fundamental: lamentar el agujero económico que aquella decisión del año 2011 ha acabado ocasionando, y exigir que los concejales que los aprobaron se hagan cargo con su patrimonio de las cantidades que habrá que abonar a los despedidos, aunque la sentencia solo genera efectos para los 14 trabajadores que recurrieron en casación, si bien hubo otros 42 despedidos.
El caso es que el informe jurídico ya está redactado, pero no por Secretaría. El gobierno local lo ha encargado a un gabinete externo. Y concluye que no hay inconveniente en que voten. La oposición, sin embargo, discrepa, y el gobierno local se ha dado prisa en convocar la sesión extraordinaria, que tendrá lugar a las 19 horas de este martes.
El alcalde, César Sánchez, que ya en la pasada sesión se ausentó antes de debatirse este punto, no estará seguramente en el pleno, pues ha firmado la resolución por la que delega sus poderes en el primer teniente de Alcaldía para los próximos días.
El informe externo sostiene, en primer lugar, que el pleno municipal no tiene “atribución competencial específica para incoar y resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial” y que, por tanto, la competencia le correspondería al alcalde o, por delegación, en la Junta de Gobierno Local. Y eso, añade, “deja en vía muerta el debate sobre la abstención de los concejales afectados”.
Sin embargo, en la oposición insisten en que los concejales que en la pasada legislatura aprobaron los despidos no deberían participar en la votación para decidir si se les responsabiliza por la adopción de aquella medida. Al menos en Compromís, que señala que “el informe hace una interpretación forzosa de lo que supone la obligación de abstención”.
El informe asienta su dictamen en una sentencia del TSJ de La Rioja que resuelve un caso “que poco o nada tiene que ver”, dice la coalición, con el caso calpino. Y es que, añaden, “la ley establece que se apreciará causa de abtencióń cuando haya interés patrimonial directo,
El bufete que emite el informe es el mismo que defendió la postura del ayuntamiento en los tribunales ante la denuncia de los trabajadores. Para la coalición, es “una absoluta vergüenza y falta de ética por parte de quien aún no ha dado la más mínima explicación” por un asunto que le va a costar al ayuntamiento más de 1,5 millones de euros “por su mala gestión”. Y avanza que, “en vista de que no parece que los cauces ordinarios sean suficientes, Compromís solicitará formalmente la comparecencia del alcalde para que se pronuncie sobre el tema”.
