El exnúmero dos de las patronales de Castellón y autonómica, al borde del banquillo por el desvío de 1,8 millones de fondos de formación

El exsecretario general de la patronal castellonense, Rafael Montero, y el entonces director de Economía y Formación de la extinta Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Antonio Espejo, además de tres empresarios, están cada vez más cerca de ir a juicio por el presunto desvío de 1,8 millones de euros de los cursos de formación.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castelló ha confirmado el auto de incoación del procedimiento abreviado del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules. Los magistrados consideran que existen “suficientes indicios racionales de criminalidad” para continuar con el procedimiento abreviado.

Los dos dirigentes de la patronal, así como empresarios y centros de formación, recurrieron el auto del juez al entender que “no existen indicios racionales de responsabilidad” para imputarlos penalmente. Los magistrado de la Audiencia de Castelló recuerdan que existen facturas con cargo a fondos de una subvención concedida a Cierval por cursos de formación inexistentes y que “fueron directamente abonadas a sus emisores desde la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC)”.

Los cursos fantasma “no se iban a impartir ni habían sido incluidos como docentes en el programa ni participaban en el módulo de Riesgos Laborales” que se debía impartir. La Audiencia de Castelló recuerda que la instrucción realiza las actuaciones necesarias “para decidir, no si hay responsabilidad penal, sino si se debe o no abrir Juicio Oral para decidir en él la posible responsabilidad de una persona determinada”. Así, todas las exigencias “se cumplen ampliamente” en el auto del juez de Nules.

Los delitos susceptibles de haber sido cometidos por los dirigentes empresariales (falsedad en documentos mercantil y fraude de subvenciones) “se apoyan en múltiples diligencias de investigación practicadas”. La instrucción del caso, recuerdan los magistrados de la Audiencia, incluye un informe sobre el delito de fraude de subvenciones elaborado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF, actualmente Labora) y otro de la delegación especial de Hacienda en València, así como la documentación bancaria y los testimonios periciales.

Los movimientos bancarios “reflejan la disposición de los fondos de subvención a fines distintos de la formación a la que iban destinados” y la falta de justificación por parte de los investigados del destino del dinero obtenido. Además, uno de los investigados declaró que fue su suegra quien confeccionó las facturas falsas y que los cursos nunca fueron impartidos.