La tasa del azúcar no logra el consenso entre los socios del Botànic

Con la paz firmada después de varias reuniones, la actitud de los socios del Gobierno del Botánico en las resoluciones del debate de política general parece que será tranquila. De las intervenciones del martes se desprende una actitud no demasiado beligerante para los meses que quedan de legislatura, en los que las formaciones tendrán que ir marcando distancias a medida que se acerquen las elecciones. De momento, la intención entre los socios del Gobierno es apoyarse en la mayoría de las iniciativas presentadas, si no en todas, para evitar que se haga sangre con las divisiones. Aunque puede que haya alguna propuesta problemática que se pase por alto, ya que, en cualquier caso, las resoluciones de este debate no obligan al Consell a nada, solo “instan a” que haga determinadas cosas. Las negociaciones se están dando durante la tarde de este miércoles y seguirán el jueves por la mañana, antes del debate.

En esta línea, según las ideas presentadas, el desacuerdo entre los socios -el año pasado fueron la tasa turística y el sistema de retorno de envases- será la tasa a las bebidas azucaradas. Los morados piden, en el paquete de medidas de Sanidad, “combatir la obesidad aplicando una tasa a bebidas azucaradas”, siguiendo la estela de otras autonomías que ya la han aplicado. Concretamente, solicitan “implantar un impuesto finalista sobre las bebidas azucaradas para dar cumplimiento a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud”. Lo recaudado, proponen, “se destinará a programas de salud y alimentación en su vertiente de promoción de la salud, prevención de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimenticia, potenciando los recursos actuales dentro de la estrategia del plan de salud”.

La propuesta encontrará previsiblemente buenas palabras de Compromís, pero no del PSPV, a quien no termina de convencer la medida, como tampoco lo hizo la tasa turística. Los socialistas consideran que es un mercado que se autorregula -como muestra, los envases que cada vez incluyen más y más grande la etiqueta “cero” o “libre de azúcares”-, aunque no está decidido que vaya a rechazarse, ya que va incluida con otras medidas para ayudar a los afectados por iDental o la supresión del copago farmacéutico para la población más vulnerable.

Al cierre de esta edición, desde la formación morada apuntan a una negociación con los socialistas para enmendar esta propuesta y cambiarla por el compromiso de un estudio sobre el gravamen y la lucha contra la obesidad.

La diputada de Compromis Isaura Navarro planteó un impuesto similar el año pasado, al poco de comenzar a aplicarse en Cataluña, que añadía también un gravamen del 20% a las grasas trans, aunque sin especificar los tramos de aplicación por volumen de producto. Lo recaudado debería ir a manos de campañas de concienciación o directamente a Sanidad, ya que la diabetes o los problemas de salud que genera un exceso de azúcar y grasas trans acaban repercutiendo en un mayor coste sanitario. Al final, la presión de los empresarios (la Confederación Empresarial valenciana, por ejemplo) y la tensión con los productores rebajó notablemente las pretensiones de la propuesta. Después de varias modificaciones, la PNL está atascada por el overbooking en las Corts Valencianes y ha pasado a ser un estudio de la implantación.

Condena a las políticas xenófobas para que el PP se posicione

Una de las resoluciones conjuntas de PSPV y Compromís hace referencia a la votación en el Parlamento Europeo del informe Sargentini, que alerta de las políticas del primer ministro húngaro, Viktor Orban. Los socios de gobierno ven con preocupación el auge de la extrema derecha en Europa y los ataques a la libertad de prensa, al poder judicial y a otros pilares democráticos por parte del primer ministro de Hungría, al que se pretende dejar sin voto en las cuestiones que afecten a la UE.

La votación en Estrasburgo ha dividido al Grupo Popular Europeo, al pertenecen tanto el partido de Orban, Fidesz, como el PP español, también con discrepancias. Algunos diputados se han abstenido, otros han votado a favor y otros, como Esteban González Pons, no han votado.

Como repulsa a estas prácticas, PSPV y Compromís -con el voto favorable de Podemos- instan al Consell a seguir desarrollando políticas integradoras, defender los derechos humanos y luchar contra las políticas de odio. Además, porponen “condenar e impulsar los mecanismos de sanción democrática, como el artículo 7 del tratado de la Unión Europea, frente a los nuevos populismos conservadores incompatibles con el proyecto europeo”. El artículo 7 es, precisamente, el que anularía el voto de Hungría por no respetar los derechos fundamentales. “Nuevos populismos conservadores” a los que ya hizo mención Ximo Puig en el debate, pidiendo además al PP que no se arrimara a estas ideas.