Castellón obliga a los bancos a renunciar a los desahucios para formalizar operaciones de tesorería
El Ayuntamiento de Castellón ha introducido por primera vez criterios sociales para adjudicar una operación de tesorería. Así, ha valorado con la misma importancia esos requisitos que los condicionantes económicos recogidos en el pliego de condiciones.
Para obtener la mayor puntuación en el expediente de contratación de un crédito de 7 millones de euros, las entidades bancarias han debido cumplir cuatro cláusulas, aunque sólo Caixabank, que ha ganado el concurso, ha garantizado una de ellas. La referida a la disposición primera: “Que la entidad financiera manifieste expresamente asumir el compromiso público de no realizar desalojos derivados de los procedimientos hipotecarios que determinen directamente la pérdida de la vivienda habitual de las personas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social”.
Ninguno de los otros bancos que han participado en el proceso ha adquirido el compromiso de renunciar a los desahucios. Tampoco han asegurado regular un posible desalojo de un domicilio habitual a través del contrato de arrendamiento. Sin embargo, ha resultado más curioso la imposibilidad de cumplir la estipulación tercera y que habla de “colaborar con el ayuntamiento en la disposición de viviendas vacías para un uso social”. Según el expediente de contratación, la última exigencia social reclama que la entidad esté acreditada como miembro de alguna asociación de banca ética, como FEBEA o Institute for Social Banking.
Estos criterios aparecerán a partir de ahora en todos los pliegos de condiciones de las operaciones de crédito. No obstante, habrá ligeras variaciones en el contenido dependiendo del tipo de procedimiento financiero.
Con todo, el préstamo de siete millones de euros servirá para acometer imprevistos de la gestión municipal. “Ese dinero no tiene un fin concreto. Se trata de disponer de crédito cuando resulte necesario”, según ha explicado la portavoz de Gobierno, Verònica Ruiz.
