La declaración de Francisco Martínez o el cuento de nunca acabar
La declaración del expresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, en su causa abierta por fraude y exacciones ilegales se ha convertido en el cuento de nunca acabar. Cuando por fin parecía que tanto él como sus dos hijos y Raúl Babiloni, los cuatro investigados, iban a testificar en el juzgado de Instrucción número 4 de la capital de La Plana tras tres aplazamientos consecutivos, se ha vuelto a producir una nueva suspensión de manera sorprendente. En esta ocasión, el motivo se ha debido a la incomparecencia por enfermedad del abogado del empresario, fijándose como nueva fecha para la cita el 4 de julio, según han acordado las partes.
Martínez ha llegado a la Audiencia Provincial minutos antes de su teórica comparecencia. Como estaba citado a declarar a las 9,30 horas, ha tenido que realizar cola para acceder al juzgado, ya que hasta las 9 de la mañana no se han abierto las puertas. A su salida, sonriente, no ha querido realizar declaraciones ante los medios de comunicación.
La causa abierta por fraude y exacciones ilegales lleva tres meses sin avanzar y seguirá así hasta el verano. Los cuatro investigados debían haber comparecido, en un primer momento, el 21 de marzo. Sin embargo, la jueza retrasó al 22 del mismo mes la declaración. Ese día, una de las partes solicitó más tiempo, petición que aceptó la magistrada, estableciendo como nueva fecha el 12 de abril. Por tercera vez tampoco hubo cita. El abogado de Raúl Babiloni pidió un nuevo aplazamiento, de modo que se trasladó al 9 de mayo la testificación de los cuatro.
Ocho meses de cárcel por el caso de la depuradora
La causa a la que se enfrenta Martínez se inició a raíz de una querella de la Fiscalía presentada en enero de 2016. Se trata de unas diligencias separadas del caso de la depuradora de Borriol, cuyo juicio finalizó el 25 de febrero, conociéndose la sentencia el 15 de abril.
Martínez ha sido condenado a 8 meses de cárcel por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por un delito de negociación prohibida a funcionario público. Además, el Tribunal también le ha inhabilitado durante dos años para el empleo o cargo público, imponiéndole una multa de 12.600 euros.
