El CES insta al Consell a aclarar la propuesta de pactar tarifas en los taxis para evitar el incumplimiento de la ley

El Comité Econòmic i Social insta a la Generalitat a matizar los aspectos que desea modificar de la ley del taxi para evitar conflictos con otras leyes. En el dictamen del CES sobre el Anteproyecto de la ley de Acompañamiento a los presupuestos vuelve a afear al Ejecutivo autonómico que la ley se utilice para modificar otras normativas: “No corresponde la modificación a través de este Anteproyecto de Ley de materias que deben someterse a desarrollo reglamentario”, considera.

La entidad considera que la redacción de los puntos que afectan a la Ley del Taxi, que da pie a que los usuarios y conductores pacten un precio cerrado antes de subir al vehículo y puedan utilizar aplicaciones, puede dar lugar a algunas confusiones. “Tal y como está redactado, contempla la posibilidad de que cada taxista pueda pactar precios de manera libre y a la baja, lo que podría implicar una competencia en precios y el incumplimiento del carácter obligatorio de las tarifas urbanas”, apunta el CES.

Así, propone que la norma contemple la habilitación “de un adecuado sistema de cálculo y procedimiento de aplicación de precios que garantice la competitividad en el mercado. Las normas para poder ofrecer un precio cerrado y de manera previa a la realización del servicio deberían quedar muy claras, así como los criterios y parámetros a través de los que se obtendrán los precios cerrados.”

El comité también valora un tipo de aplicación de tarifas de forma “objetiva” que “reside en aplicar la tarifa urbana cuando el servicio circule por zona urbana, la interurbana cuando lo haga por zona interurbana, y la tarifa de retorno cuando regresando con la persona pasajera se circule por zona interurbana”.

Sobre la cuantía mínima, también llamada precio base, -el “mínimo de percepción- el consejo considera que contribuye a la viabilidad económica de las concesiones administrativas, ”sobre todo para los billetes de corto recorrido“.” La no revisión periódica de los mínimos de percepción podría condicionar la viabilidad económica de la prestación del servicio de transporte de personas viajeras, peligrando su continuidad“, advierte. Así, considera que las tarifas base deben revisarse acorde a la legislación vigente.