CGT recurre la sentencia que absuelve al exdirector de RTVV porque el tribunal obligó a declarar con monosílabos a un testigo

El sindicato CGT ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia absolutoria del exdirector general de RTVV, José Luis López Jaraba, por los contratos presuntamente irregulares con la productora del ventrílocuo y presentador José Luis Moreno. La televisión autonómica valenciana reconoció a la productora Alba Adrática, propiedad de José Luis Moreno, una deuda de 1,7 millones de euros por la coproducción de la serie Planta 25. RTVV firmó más tarde un contrato con la misma productora por la cesión de derechos de emisión de la serie De un tiempo a esta parte, por el mismo importe de la deuda. Ambos programas, según el informe realizado por la empresa Taxo, se habrían pagado por un valor totalmente fuera de mercado, en concreto con unos sobrecostes de 1,9 millones de euros. Al recurso del sindicato, se sumará también la Abogacía de la Generalitat, según CGT.

Las acusaciones atribuían a López Jaraba los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, administración desleal y fraude a la administración mientras que el Ministerio Fiscal no lo acusó. En su recurso ante el TS, el sindicato libertario, que ha ejercido la acusación popular, recuerda que no existió ningún informe jurídico que avalara la compensación de la deuda y critica que la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de València “llega a conclusión distinta de la pericial judicial, haciendo suyos únicamente los postulados del dictamen pericial de parte” y “transcribiendo de manera literal lo que dice el perito contratado por el acusado”.

CGT considera que el juez ni siquiera ha leído el informe pericial que detectó sobrecostes por valor de 1,9 millones de euros: “El informe pericial judicial es tan demoledor, que por ello el Tribunal ni siquiera lo lee”. “No lo cita, ni analiza”, apostilla el recurso de casación. El sindicato también reprocha al tribunal que “ocultó la incomparecencia de dos testigos esenciales”, Juan Prefaci Cruz, secretario general de RTVV, y Ricardo Calatayud Darocas, subdirector económico financiero. Ambos testigos, cuya declaración solicitó la Fiscalía, no pudieron asistir al juicio oral porque en la fecha del señalamiento estaban siendo juzgados en la Audiencia Nacional. Así, según critica CGT, el tribunal “no trasladó a las partes justificación alguna de incomparecencia ni se pronunció al respecto”.

Otro testigo propuesto por la Abogacía de la Generalitat y por los anarcosindicalistas, fue sometido a una intervención quirúrgica grave en la lengua y un cuarto testigo-perito propuesto en solitario por CGT también fue operado poco antes de la celebración de la vista oral, según los partes médicos que enviaron al tribunal. Las tres acusaciones solicitaron la suspensión de la vista por la “incomparecencia de al menos cuatro testigos”, una posibilidad que la Audiencia de València rechazó.

Al primer testigo operado, que según prescripción facultativa debía hablar lo menos posible para conservar los puntos de sutura y tenía concedida una baja de al menos 76 días, el tribunal le propuso “responder a las preguntas que se le formulen mediante el sistema de monosílabos y reduciendo al máximo su expresión verbal”. El sindicato considera que la decisión del tribunal supuso un “menosprecio a la integridad física del testigo”.

“Los testigos no solo han de poder narrar los hechos y expresarse ampliamente, sino que deben estar en posibilidad de contestar a todas las preguntas que se le formulen, aclaraciones y lo que se estime conveniente”, recuerda el sindicato. El testigo de baja declaró por videoconferencia pero el magistrado interrumpió su declaración por los problemas para expresarse del hombre.

CGT ha emitido en un comunicado duras críticas contra Comisiones Obreras, “un sindicato que recibe miles de euros en subvenciones públicas”, y contra Compromís por no interponer recurso de casación frente a la sentencia absolutoria de López Jaraba. El sindicato también ha informado de que el sociólogo Rafa Xambó, que encabezaba la acusación particular de Compromís, ha anunciado su adhesión al recurso de casación. El sindicato también sostiene que la fiscal “actuó en todo momento faltando a la objetividad, con manifiesto desprecio por el esclarecimiento de los hechos y renunciando a testigos esenciales”.