Ciudadanos y Podemos: dos años de la nueva política

Llegaron enarbolando la bandera de la regeneración democrática, prometiendo más transparencia en partidos e instituciones, acabar con los “privilegios” de la clase política y buscar unos representantes más cercanos a la ciudadanía o al pueblo, según quién pronunciara las palabras, como si de un ente homogéneo se tratara. Podemos y Ciudadanos, la autoproclamada “nueva política”, lleva dos años compartiendo instituciones con aquellos a los que venían a desalojar. Dos años en los que ambas formaciones se han enfrentado a debates parlamentario, a la exposición pública y mediática, a la toma de decisiones -ninguna demasiado fácil- y en los que han tenido que demostrar su valía como personas destinadas a solucionar problemas.

Podemos ha querido ser apoyo y oposición del Consell, con un pie en las instituciones y otro en las calles, como manifestaron desde que anunciaran su apoyo al Pacto del Botánico. La formación que ahora lidera Antonio Estañ, aunque su cabeza parlamentaria continúa siendo Antonio Montiel, rechaza convertirse en el apoyo incondicional de PSPV y Compromís y periódicamente expone sus exigencias en el parlamento, aunque ello cause tensiones entre los tres partidos. Muestra de ello fue la investidura de Ximo Puig como president, en la que Podemos prestó los votos estrictamente necesarios para que el candidato socialista accediera al poder, una forma de llamar la atención de sus socios y evitar ninguneos.

Ciudadanos tenía más complicado encontrar su espacio ideológico en el imaginario valenciano, teniendo en cuenta el viraje centrista del PSOE y que en la Comunidad Valenciana, la hegemonía de la derecha la ostentaba el PP. No obstante, “el cambio sensato”, consiguió 13 diputados, el mismo número que Podemos. Desde el principio, la formación naranja se posicionó más cercana al PP que al resto de partidos en la cámara, aunque no han dejado de señalarle los escándalos de corrupción. Con el Consell, el discurso habitual ha sido la censura del nacionalismo -alérgicos al concepto del País Valencià- y la defensa de las concesiones sanitarias y de la educación concertada.

Con el paso de los meses, ambas formaciones han tenido que enfrentarse a sus procesos internos, que inevitablemente cuestionan los liderazgos. Antonio Montiel, portavoz parlamentario de Podemos, dejó de ser desde el Vistalegre valenciano el líder de la formación a nivel orgánico, donde la candidatura femenina que impulsó vio reducidos sus apoyos. Por contra, fue Antonio Estañ, un joven diputado graduado en Filosofía Política y cabeza de la corriente más crítica con el secretario general, quien obtuvo la mayoría de apoyos de los simpatizantes y de otras candidaturas que se integraron en su proyecto. Montiel, por el momento y sin fecha de caducidad, sigue siendo el síndic de la formación y quién toma las decisiones en las Corts.

En Ciudadanos, donde las discrepancias están castigadas -el reglamento prohíbe desde su última reforma críticas a la dirección en público y en redes sociales-, la composición del grupo parlamentario se ha visto bastante alterada. En dos años han tenido tres síndicas -Carolina Punset, Alexis Marí y Mari Carmen Sánchez, la más reciente- y han perdido cuatro diputados, entre los que se encuentra el exportavoz. Marí y sus afines declararon que la formación ponía en práctica acciones de la Gestapo entre sus filas y fueron especialmente duros con la dirección del partido. Ahora los cuatro diputados pelean con su antigua formación para poder tener medios que les permitan ejercer su labor parlamentaria, entre ellos un despacho, ya que llevan tres semanas trabajando por los pasillos de las Corts. Podemos también perdió a una diputada, Covadonga Peremarch, expulsada del partido y aferrada al escaño tras investigarse un pucherazo en Alicante.

La formación morada ha sabido coordinar su acción en otras autonomías del Estado, presentando a la vez en los parlamentos iniciativas como la ley de Cuentas Abiertas, proposiciones de rechazo al CETA (tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá), acciones de respaldo a la moción de censura a Rajoy, entre otros asuntos. Ciudadanos consulta con la dirección nacional su orientación en el voto y esto provoca, entre otras cuestiones, que en ocasiones acudan a los plenos sin tener las decisiones demasiado claras. Fue el caso la pasada semana el la propuesta de ley de la Sindicatura de Comptes, que finalmente se retrasó a petición de Podemos, al no saber si contaban con la mayoría necesaria.

Volviendo a las similitudes, ambos dejaron ver su lado más centralista en materia de derecho civil valenciano, al negarse a pedir al Gobierno central la retirada de los recursos de inconstitucionalidad de las leyes de régimen económico matrimonial, uniones de hecho y custodia compartida. La formación naranja se escudó en que hay que dejar al Tribunal Constitucional que se pronuncie -aunque es el Gobierno quien interpone los recursos- y la formación morada pidió directamente una reforma de la Carta Magna.

Las primeras medidas que presentó Montiel en les Corts se centraron en la transparencia y en acciones cuasi simbólicas, como modificar el Estatuto de expresidentes, que daba a los antiguos gobernantes derecho a despacho, chófer y asesores pagados por la Generalitat o el intento de modificar la ley de Senadores para expulsar a Rita Barberá de la Cámara Alta por su implicación en la trama de supuesta financiación ilegal del PP de València. Del lado de Ciudadanos, cuando Punset todavía era síndica, sus energías se enfocaron en defender la unidad de España en las proposiciones no de ley -la rojigualda debía aparecer junto a la Senyera autonómica, según decía una de ellas, mientras otra pedía el rechazo al proceso soberanista catalán, instando “a que ninguna institución política pueda desobedecer las leyes democráticamente aprobadas”-.

Podemos, que generalmente cuenta con el beneplácito del Consell en sus iniciativas parlamentarias, ha sacado adelante medidas como la ley contra la pobreza energética, la que dará creación a la nueva radiotelevisión valenciana, la Agencia contra la corrupción y el fraude -cuyo director, Joan Llinares, ha tomado posesión recientemente y perseguirá las malas prácticas en la Administración-. Además, presiden el Consejo de Transparencia y fue suya la propuesta de crear una comisión para erradicar las violencias de género, cuyo dictamen se conocerá el próximo martes.

La mayoría de iniciativas de Ciudadanos han sido rechazadas, aunque han realizado interesantes aportaciones como la petición de reforma de la ley electoral, en la que se muestran dispuestos a rebajar el listón al 3% para entrar al parlamento, en lugar del 5% actual. La formación de Mari Carmen Sánchez se mantiene insistente durante las últimas semanas solicitando la supresión de los aforamientos y buscando los apoyos necesarios para acabar con estos “privilegios”.

En el ecuador de la legislatura, ambos partidos han aumentado su posición crítica con el gobierno de PSPV y Compromís, cada uno hacia su polo ideológico. Ambos coinciden, aunque con argumentos que chocan, en que no se ha hecho lo suficiente.