Canet d'en Berenguer reclama al Tribunal de Cuentas 151.735 euros por prevaricación y abuso de función del exsecretario
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha aprobado remitir un acuerdo al Tribunal de Cuentas solicitando que se “depuren las responsabilidades que correspondan” al exsecretario del consistorio, José Antonio Sancho Sempere. La corporación busca recuperar para las arcas municipales la cantidad de 151.735,52 euros que se le reclama al exfuncionario.
Sancho Sempere fue condenado en 2022 por el Juzgado de lo Penal n.º 18 de València como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el derecho de su función.
El alcalde de Canet, Pere Antoni, explicó que el equipo de gobierno tiene como prioridad “recuperar para las arcas municipales todo el dinero que fue utilizado de manera ilegal para el lucro personal de algunos”.
Antoni citó la condena del exsecretario, haciendo referencia a la llamada ‘trama de la Academia Valenciana de Juristas’, y afirmó: “Ahora vamos a conseguir el dinero que desapareció... Mientras algunos se dedican a hacer ruido, nosotros defendemos los derechos de los caneteros y las caneteras con hechos y resultados”. El alcalde también recordó que su gestión ya logró rebajar una factura anterior de 32 millones de euros por irregularidades en la adjudicación de un colegio a 2,2 millones.
La sentencia judicial de 2022 ya incluía la reserva expresa de acciones civiles o administrativas ante el Tribunal de Cuentas, o entidad similar, para que la Corporación hiciera valer sus intereses.
La Trama de Contratos Amañados
Según refleja la sentencia, Sancho Sempere constituyó en el año 2000 la Asociación Valenciana de Juristas (AVJ) como una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, el exsecretario aprovechó esta institución, poniendo a tres profesionales al frente sin informarles de sus verdaderas intenciones, para “canalizar sus actividades privadas” y enriquecerse a nivel personal.
La trama se centró en la contratación pública. Entre 2007 y 2011, durante la alcaldía de Amparo Maño, Sancho consiguió que la AVJ asumiera pleitos de la institución. En su rol de interlocutor, decidió qué pleitos se derivaban a la asociación, fijó las minutas y mantuvo como práctica la sucesión de contratos menores por una cuantía que superaba el límite legalmente establecido. A lo largo de este lustro, la AVJ facturó al consistorio un total de 151.735,52 euros (con el año 2010 como el de mayor facturación, con 39.903,42 euros).
La operativa continuó en 2011, ya bajo la alcaldía de Leandro Benito. Sancho dio instrucciones para convocar un concurso público de asistencia jurídica con un presupuesto máximo de 60.000 euros (más IVA). Para asegurar la adjudicación a su favor y limitar la concurrencia, el exsecretario envió las invitaciones únicamente a dos asociaciones gestionadas por él —la AVJ y la sociedad profesional José Antonio Sancho Sempere SLP—, además de un despacho de abogados ajeno. Finalmente, solo concurrió la AVJ, ofreció 57.600 euros más IVA y se hizo con el contrato, emitiendo facturas ajustadas a ese precio hasta mayo de 2013.
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