José Tomás Llavador, arquitecto: “Hay que liberar suelo dotacional para vivienda pública de alquiler asequible”

José María Tomás Llavador habla despacio, pero con una convicción que no deja espacio para ambigüedades. Lleva décadas ejerciendo como arquitecto y, desde esa experiencia, observa la crisis de la vivienda no como un fenómeno coyuntural, sino como un problema estructural que ha dejado de ser únicamente urbanístico para convertirse —dice— en “una urgencia casi democrática”.

Lo hace, además, en un momento en el que ha decidido dar un paso al frente. Tras semanas de conversaciones con colegas, confirma que prepara su candidatura para presidir el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, una decisión que vincula directamente con la falta de voz del colectivo en uno de los debates centrales de la sociedad actual. “La vivienda es nuestra función principal como arquitectos”, sostiene. Y, sin embargo, lamenta que el colegio haya permanecido ausente. “No ha intervenido en ninguna propuesta ni en el diálogo con la administración. No sabemos qué piensa”.

Ese silencio institucional es, para él, uno de los motivos que explican su salto a la arena colegial.

Tomás Llavador no rehúye el diagnóstico. La falta de acceso a la vivienda afecta tanto a la ciudadanía como a los propios profesionales. La arquitectura, recuerda, tiene en la vivienda su eje central, pero el sistema actual no está garantizando ese derecho básico. Frente a ello, plantea una medida concreta y de aplicación inmediata: impulsar vivienda pública de alquiler a precios realmente asequibles. “Debe situarse por debajo de un tercio del salario mínimo”, explica, fijando un umbral claro para que la solución sea efectiva.

El problema, como tantas veces, es el suelo. Y ahí introduce su propuesta clave: movilizar el suelo dotacional destinado a educación u otros usos sin utilizar y que ya está en manos de la administración. “El suelo dotacional no utilizado puede transformarse en vivienda social de alquiler. Es un proceso relativamente rápido”, afirma.

A su juicio, no se trata de sustituir al mercado privado —que seguirá produciendo vivienda libre—, sino de que la administración asuma su papel como promotora en el ámbito social, ya sea mediante empresas públicas, consorcios o fórmulas de colaboración.

El paso adelante: la candidatura “del cambio”

La crítica al colegio no es retórica. Es el punto de partida de su proyecto. “En las próximas semanas anunciaré mi candidatura a presidir el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia”, confirma. Habla de un “cambio profundo” en el papel de la institución, tanto hacia dentro —en defensa de la profesión— como hacia fuera —en su interlocución con la sociedad y las administraciones—. La candidatura, explica, se está gestando junto a un grupo de arquitectos y arquitectas que comparten ese diagnóstico.

Su primera medida, si resulta elegido, sería precisamente activar ese diálogo que ahora echa en falta: convocar reuniones para plantear propuestas concretas sobre vivienda pública y abrir canales estables con la administración.

Pero la vivienda no es el único frente. Tomás Llavador dibuja un panorama preocupante para la profesión, marcado por la precariedad y la degradación de las condiciones laborales. Denuncia que la actual política de contratación pública, centrada en primar el precio, ha hundido los honorarios hasta niveles insostenibles. “Hay contratos por debajo incluso de los convenios salariales”, advierte.

Las consecuencias son directas: pérdida de calidad en los proyectos, precarización de los estudios y una fuga constante de talento joven hacia otros países europeos, pese al alto nivel de formación en las escuelas valencianas. Para revertir esta situación, reclama un compromiso institucional claro: que las administraciones garanticen honorarios dignos en los concursos públicos desde el primer día. “No se puede trabajar a pérdidas”, resume, como a su parecer aboca la ley de contratos públicos.

Arquitectos jubilados: pensiones insuficientes

Uno de los puntos más duros de su diagnóstico aparece al hablar de los arquitectos jubilados. Describe un sistema que, a su juicio, ha fallado en lo esencial. “Tenemos pensiones de entre 400 y 900 euros”, señala, cifras que sitúan a muchos profesionales por debajo de la media del sistema español. El origen del problema, explica, está en una aplicación deficiente del modelo de mutualidad. Y, de nuevo, critica la falta de reacción del colegio ante esta situación. Su propuesta pasa por abrir un proceso de escucha y diálogo con los afectados para construir soluciones que garanticen una jubilación digna.

Más allá de la vivienda y la profesión, Tomás Llavador también se detiene en la evolución urbana de Valencia. Considera que el proceso de peatonalización ha quedado a medio camino, especialmente en el centro histórico y en los antiguos núcleos de barrio. Más que grandes intervenciones, defiende una transformación más profunda en la manera de entender el espacio público: no solo como un lugar de tránsito, sino como un espacio de vida ciudadana.

El prolífico arquitecto de València, que tiene medio corazón en el municipio de Bocairent, sabe de qué habla cuando opina de urbanismo. Es el autor del rediseño de la Plaza de la Reina de València, que pasó de ser un parking de autobuses y taxis intransitable, a ser una de las plazas más concurridas de la capital. Recientemente, también ha sido el autor de la rehabilitación del mítico colegio mayor Lluís Vives de la Universitat de València.